Familiares exigen la salida del Director de Búsqueda de Desaparecidos por favorecer la impunidad

Por Lucía Castro

Los familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (1980-2000) han alzado la voz contra la permanencia de Javier Pacheco como director general de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia.

A través de una declaración respaldada por más de 35 asociaciones y organizaciones de derechos humanos, los familiares exigen su salida inmediata por paralizar procesos humanitarios, cerrar espacios de participación y promover normas que, advierten, institucionalizan la impunidad.

Una gestión que cerró puertas

La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) fue creada el 2016 mediante la Ley N° 30470, tras años de persistente lucha de decenas de miles de familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, este logro de los familiares que exigieron al Estado asumir su responsabilidad en la búsqueda humanitaria de desaparecidos, se ha visto amenazado con la llegada de Javier Pacheco, en agosto del 2024.

Según el pronunciamiento de los familiares del 28 de junio de este año, la gestión del también Exprocurador General del Estado ha propuesto un plazo máximo de 18 meses para buscar a las personas desaparecidas, es decir, cumplido este tiempo, la búsqueda se cerraría mediante un informe administrativo, aunque no se haya encontrado a la víctima.

“La búsqueda no puede tener plazos. No se puede archivar un caso solo porque no hay resultados en un tiempo limitado. Los familiares hemos buscado por más de 40 años y vamos a seguir buscando”, afirma para Wayka Gisela Ortiz, hermana del estudiante de la Universidad La Cantuta, Luis Enrique Ortiz Perea, secuestrado y desaparecido por Alberto Fujimori.

Asimismo, la también directora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) dijo que, durante la gestión de Pacheco, los espacios de participación creados desde 2017 fueron abandonados. Estos grupos de trabajo, que reunían a familiares, sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, se dejaron de convocar con regularidad y, en los últimos meses, fueron completamente ignorados.

Es por ello que los familiares de las víctimas han calificado la gestión de Pacheco como simplista, ya que, mediante una directiva emitida por su gestión, individualiza los casos y no reconoce los patrones colectivos de desaparición, cuando muchos de estos crímenes fueron sistemáticos, perpetrados por las fuerzas del orden en contextos de represión y de manera colectiva.

Los casos en mayor riesgo

Según un informe de IDEHPUCP de mayo de este año, la actual dirección ha paralizado procesos de búsqueda en regiones como Junín, Huánuco y Ayacucho. Este abandono deja en el aire más de 19 mil casos aún no resueltos de los más de 22 mil registrados oficialmente por la DGBPD desde su creación en 2016.

Los familiares advierten que los casos que podrían ser cerrados son principalmente desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado, que representan la mayor dificultad para avanzar, ya que las Fuerzas Armadas y la Policía se niegan sistemáticamente a brindar información.

Ortiz señaló que con este contexto, alrededor de 8,000 o 9,000 casos, podrían ser cerrados bajo el argumento de que en más de 40 años no se ha encontrado nueva evidencia.

“Esto sucede con casos como el de Ernesto Castillo Páez, cuya información no se tiene por más que los familiares han caminado y buscado información durante muchísimos años, no se ha logrado ubicar el lugar donde fueron asesinados y enterrados. Aquí lo que tiene que haber es un involucramiento también de las Fuerzas Armadas y policiales, el Ministerio del Interior y de Defensa, que entiendan que esta es una ley humanitaria y faciliten toda la información que tienen para ubicar los sitios de entierro”, enfatizó la familiar.

Una política sin escucha

Esta denuncia hacia la nueva directiva no es nueva. Ortiz comenta que recién hace dos semanas, luego de críticas públicas y denuncias en medios, la DGBPD comenzó a enviar invitaciones para reactivar los grupos de trabajo; sin embargo, las familiares ya no confían en esta gestión.

“Nosotros como familiares creemos que alguien que no ha tenido la voluntad de conversar, de explicar, de fundamentar lo que está haciendo en más de 10 meses, no lo va hacer ahora. Lo mejor sería que se cambie al director de la dirección y se ponga alguien que no solo tenga la sensibilidad para entender este problema tan complejo, lo que se significa vivir con este tipo de angustia y el dolor”, comentó la especialista y familiar de víctima del caso La Cantuta.

Para los familia, la búsqueda no es un trámite administrativo: es una lucha por la memoria, la dignidad y la vida. Así lo establecen también los principios del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas, que recuerdan que la búsqueda es una obligación permanente del Estado y que los familiares son el centro de este proceso.

“La angustia es que siempre aparecen excusas para dejar de buscar: que no hay presupuesto, que faltan fiscales, que no hay equipos forenses. Pero lo que pedimos es un plan para superar esas barreras. No se trata de cerrar los casos: se trata de abrir caminos para encontrar a nuestros familiares”, concluye Ortiz.

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