Retrocesos en derechos humanos: Violencia contra la mujer es ignorada en coyuntura electoral

A menos de tres meses de las elecciones generales de 2026, organizaciones de derechos humanos advierten que el debate político avanza desconectado de una realidad marcada por la violencia machista, la impunidad y la ausencia de políticas preventivas. Según Amnistía Internacional, en el Perú, cada 46 minutos una niña o mujer es reportada como desaparecida y según el Ministerio de la Mujer cada 40 minutos se registra un caso de violencia sexual.

Este escenario se agrava ante la constatación de que la mayoría de planes de gobierno omite referencias explícitas a la educación sexual integral, una herramienta clave para prevenir la violencia de género, los embarazos adolescentes y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, según ha alertado Amnistía Internacional el pasado martes 27 de enero en una conferencia de prensa.

Violencia estructural y un sistema que no protege

Desde una mirada de derechos humanos, Mariangel Zelada Delgado, integrante de DEMUS, advierte que la violencia de género no puede entenderse como hechos aislados, sino como parte de un sistema que ejerce control y poder sobre los cuerpos de las mujeres.
“Estamos frente a un sistema que no protege, que responde cuando la violencia ya ocurrió, pero que no invierte de manera real en prevenirla”, señaló.

Zelada recordó que, si bien hay un incremento en el acceso al sistema de justicia —en 2014 solo el 24,2 % de la población buscaba ayuda en una institución, cifra que para 2024 aumentó en cinco puntos porcentuales—, este avance no está acompañado de una política sólida de prevención ni de un presupuesto acorde a la magnitud del problema.

Presupuesto sin enfoque preventivo

La especialista explicó que el propio presupuesto público revela la falta de una estrategia estructural. Actualmente, apenas alrededor del 4 % del presupuesto por resultados se destina a la reducción de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de prevención primaria, es decir, antes de que la violencia ocurra. En contraste, cerca del 87 % del presupuesto está orientado a la atención secundaria y terciaria, cuando las mujeres ya han sido violentadas o se encuentran en alto riesgo.

“No existe un trabajo sostenido, coherente ni con recursos suficientes para prevenir las violencias de género. Casos como la violencia sexual muestran con crudeza cómo la falta de prevención primaria termina agravando las violencias contra las mujeres”, afirmó, subrayando que sin una apuesta real por la prevención, el Estado seguirá reaccionando tarde, reproduciendo la impunidad y dejando a miles de mujeres desprotegidas.

La persistencia de la violencia sexual

Las cifras oficiales confirman la gravedad del problema. De acuerdo con datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) actualizados a fines de 2025, se han atendido más de 142 mil casos de violencia a nivel nacional. En el ámbito de la violencia sexual, la frecuencia de las denuncias revela una crisis persistente: en el Perú se registra una denuncia por violencia sexual cada 40 minutos, basada en un promedio de aproximadamente 34 reportes diarios, que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes.

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Estas cifras evidencian un patrón alarmante: el 92 % de las víctimas menores de edad son mujeres y, en la mayoría de los casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, lo que refuerza la necesidad de políticas preventivas, educativas y comunitarias que vayan más allá de la respuesta punitiva.

Propuestas punitivas y debilitamiento institucional

En este contexto, Amnistía Internacional advierte que varios planes de gobierno, lejos de ofrecer respuestas estructurales a problemas como la inseguridad ciudadana, la violencia machista o la crisis ambiental, apuestan por medidas que podrían profundizar estas crisis, como la militarización de la seguridad pública o el debilitamiento de instituciones clave para la protección de derechos, entre ellas el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“Vemos propuestas que, en lugar de plantear respuestas estructurales frente a la violencia machista o la inseguridad ciudadana, priorizan políticas punitivas y no preventivas. También observamos narrativas que apelan al miedo y a la renuncia de derechos, cuando el país que queremos se construye justamente con derechos garantizados”, señaló Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú.

“Mira Bien”: derechos humanos en el centro del voto

Frente a este escenario electoral, Amnistía Internacional lanzó la campaña “Mira Bien”, una iniciativa que busca colocar los derechos humanos en el centro del debate público y promover un voto informado y crítico. Como parte de esta campaña, la organización desplegará acciones de información, educación y vigilancia ciudadana en 14 regiones del país, además de poner a disposición una herramienta digital para evaluar discursos y planes de gobierno desde un enfoque de derechos humanos.

Para Amnistía, el mensaje es claro: el futuro democrático del país no puede construirse desde la impunidad, el autoritarismo ni la renuncia de derechos. En un contexto de violencia persistente y desigualdad estructural, mirar bien las propuestas políticas no es solo una consigna, sino una urgencia democrática en nuestro país.

Por: Silvia Bardales Quispe

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