“Tenía 15 años cuando un primo me dijo que quería que estuviese con él. Él tenía 25. No quise. Un día, él me tomó por la fuerza… me violó. Un mes después no me bajaba. Pasó el segundo y nada. Fui a hacerme un test de farmacia. Dio positivo. Cogí valor y fui a una clínica… con 20 soles que conseguí prestado, me hice la prueba de sangre. Estaba embarazada; y no pues… me habían violado y no quería tenerlo. No puedes ser madre, no quieres ser madre, no estás preparada. Te sientes sucia. Perdiste tu dignidad. Entonces, abortar se convierte no solo en una opción, sino la única”” (Natalia, 15, Comas)
Abortar a los 15, sin información, sin dinero y sin orientación es una de las cosas más duras que una adolescente puede pasar en su vida. Es terrible. Pero más terrible es saber que el hijo del violador es el que se lleva dentro.
En Perú no brindan educación sexual de calidad, los adolescentes no pueden acceder a métodos anticonceptivos con facilidad y la píldora del día siguiente, hasta hace poco, solo se conseguía pagando alrededor de 20 soles en una farmacia. Todo esto, en un país con una de las más altas denuncias por violación sexual de América Latina y con 14 adolescentes madres de cada 100, no hace más que agravar el escenario.
Es aquí donde el debate de la despenalización del aborto por violación adquiere una enorme complejidad. El conflicto radica en que el concebido es sujeto de derecho. Pero, ¿y la víctima del abuso sexual?, ¿acaso no merece decidir libremente sobre su proyecto de vida?
Una comparación “quizá extrema”, dice Jeannette Llaja, abogada de DEMUS, es como si “un padre o una madre estuviesen obligados a donar órganos. Se respeta la autonomía de ellos en decidir, pero no se aplica esa autonomía en el caso de un embarazo”. Sí, sabemos que el fecundado es sujeto de derecho, pero bajo ese criterio, tras una violación, ¿se debe obligar a una persona a mantener un embarazo que no quiere? En Colombia, por ejemplo, dice Llaja, obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación es una conducta inexigible. En Argentina la figura se inclina por el heroísmo; es decir, “tu puedes ser héroe, pero si no quieres, no. Puedes elegir sobre tu destino y tu dignidad”.
Jeannette Llaja, abogada
¿Y en nuestro país?
Hoy en Perú se sanciona con pena privativa de la libertad no mayor de dos años o prestación de servicio comunitario desde 52 a 104 jornadas a aquellas mujeres que opten por la interrupción de su embarazo. Según el código penal se estipula que la pena no será mayor a tres meses en caso de violación sexual fuera del matrimonio y solo si este es denunciado previamente ante la policía o el feto lleve algún tipo de malformación y este sea constatado por un médico. Otro factor condicional que permite el aborto, es en el caso de que peligre la vida de la madre. En esta última parte, se puede aplicar el aborto terapéutico, práctica legal que no se practicaba por falta de un protocolo, pero que desde junio del 2014 ya lo tiene para embarazos menores de 22 semanas.
Así dice la ley que sanciona:
Si bien es cierto, nos dice Llaja, el aborto no se penaliza en sí –no hay mujeres en prisión por haber abortado–, es una sanción simbólica que al final, lleva a muchas mujeres a realizarse abortos clandestinos en condiciones poco o nada sanitarias y puede convertir a personas que no han cometido ningún delito en delincuentes. ¿Y si quien aborta es una menor de edad? Llaja nos dice que se convierte en infractora y una sanción puede implicar una estadía en un centro juvenil. ¿Y si nadie se entera? Ocurre otro conflicto. Según el Artículo 30 de la Ley General de Salud, los médicos tienen la obligación de denunciar estos casos y se repite el mismo daño; desprotegen a la víctima y viola el pacto de confidencialidad médico-paciente.
Despenalizar el aborto por violación: una decisión
El Proyecto de Ley 3839/2014-IC propone la ‘Despenalización del aborto en casos de embarazos por violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas’. El objetivo es que la mujer tenga la facultad de decidir sobre sí misma. Si la víctima/madre adolescente quiere tener al hijo de su agresor, el Estado, como garante de sus derechos, tiene el deber de acompañar el proceso durante y después del embarazo. Si no, deberá darle todas las garantías para detener dicho embarazo sin poner en riesgo su salud o su vida.
LC, un caso emblemático
LC quedó embarazada a causa de los repetidos abusos sexuales de un vecino, tras ello, intentó suicidarse para finalizar su embarazo. No lo logró, y su estado de salud era más que vulnerable al punto que aplicar el aborto era necesario para salvar su vida; sin embargo, el establecimiento médico se negó a aplicar el aborto terapéutico dejándola cuadrapléjica, violando una vez más sus derechos.
Más cifras
Según el Instituto Guttmacher, la tasa de abortos a nivel mundial ha aumentado de 50 millones en el periodo 1990-1994 a 56 millones en el periodo 2010-2014. Además, de los 4.4 millones de abortos realizados en América Latina el 2008, el 95% fueron inseguros, ocasionando muertes maternas totalmente innecesarias y evitables.
Algo más cercana es una investigación sobre el Aborto en América Latina y El Caribe, publicado por CLACAI, que cuenta que en la gran mayoría de los 30 países del continente, el aborto sigue siendo considerado como un delito en los códigos penales. Sin embargo, existen algunas excepciones. En países como Cuba, Guyana, Uruguay y México se encuentra legalizado bajo la voluntad y solicitud de la gestante. Caso contrario al de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Chile, en los cuales se encuentra penalizado en su totalidad, aunque este último está en proceso de despenalización por determinadas causales –entre ellas la de violación-. En el resto de países, la penalización es parcial y se ajusta a causales de excepción.
Las causas denominadas ‘excepcionales’ son bastante variables, inclinándose, en su mayoría, por proteger la vida y la salud de las mujeres. Por ejemplo; en Venezuela, Paraguay y Guatemala, se permite el aborto exclusivamente cuando la vida de la mujer se encuentra en riesgo. En Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay, si se encuentra en riesgo la salud de la madre. Y, en relación a la causal de violencia sexual, el procedimiento es permitido solo en Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucia y Uruguay.
Se visualiza más claramente en la siguiente imagen
En Latinoamérica la gran mayoría de países despenaliza el aborto de forma parcial
El caso chileno
A inicios de setiembre, la comisión de Salud del Senado de Chileno aprobó la despenalización del aborto en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación sexualratificando la decisión de la Cámara de Diputados de Chile tras un año de debates. La iniciativa, actualmente en segundo trámite legislativo, será revisada por la comisión de Constitución y pasará a la Sala de la Cámara Alta. Según indica la titular del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, se estima que la propuesta sea promulgada en enero de 2017.
Existen argumentos jurídicos válidos para apoyar la despenalización del aborto en caso de violación sexual. El Estado peruano participa de tratados internacionales sobre derechos humanos. Según el Comité de Derechos Humanos, “el Perú debe tomar las medidas necesarias para evitar que las mujeres arriesguen su vida en razón de la existencia de disposiciones legales restrictivas sobre el aborto”. El Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres (Cedaw), exhortó al Estado “ampliar las causales para la legalización del aborto a los casos de violación sexual”. Asimismo, el Comité de Derechos de la niña y el niño, recomendó que el Perú “debe adoptar todas las medidas posibles para hacer frente al fallecimiento de niñas adolescentes a causa del aborto”.
Llaja nos explica la importancia de las recomendaciones y tratados. Por ejemplo, existen tratados vinculantes, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En base al antecedente ‘Artabia vs Murillo’, se logró sustentar la redistribución de la píldora del día siguiente.
Foto original: emol.com
Los efectos de un embarazo por violación y el derecho a decidir
La violación sexual es un trauma terrible. Entre las consecuencias sobre la salud, destacan las de orden ginecológico: infecciones vaginales, se triplica el riesgo de infecciones de transmisión sexual y sida. Pero las consecuencias más severas y frecuentes son las que afectan la salud mental: depresión, ansiedad, estrés post traumático, abuso del alcohol y otras sustancias, insomnio y trastornos alimentarios y de personalidad [1]. En esencia, reducción de la calidad de vida.
Marta Rondón, en “Impacto del embarazo luego de una violación”, muestra evidencia científica que señala que el aborto por sí mismo no tiene un efecto perjudicial para el bienestar emocional de las mujeres. Este tema se ha investigado exhaustivamente. Mulk y Olsen[2] publicaron un estudio de cohorte del Registro Civil Danés, en el cual comparan, entre 1995 y 2007, a 86 420 niñas y mujeres que tuvieron abortos de primer trimestre con 280 930 que tuvieron un embarazo a término. Las autoras concluyen que el aborto en el primer cuatrimestre no produce efectos desfavorables para la salud mental de las mujeres que lo eligen frente a un embarazo no deseado. Existe consenso científico respecto a que el aborto electivo no causa daño a la salud mental de las mujeres.[3]
¿Desprecio a las mujeres violentadas?
Foto original: Dejala Decidir
Para Jeannette Llaja, existe un discurso de violencia fuertemente establecido hacia las mujeres. “Hay un fuerte componente de desprecio, desde mi punto de vista, a la mujer. Una suerte de rectificar el estereotipo de que toda maternidad es deseada y por lo tanto hay una sanción si no lo es. Un ninguneo de lo que significa la decisión de la mujer. Y esto está consentido por instituciones de carácter religioso. Sí, hay una influencia religiosa pero no de una sola creencia. Para mí, fundamentalmente, es un desprecio a las mujeres que no se quiere reconocer y un desconocimiento de lo que es su vivencia. Se ningunea el dolor que están viviendo”.
La consigna de despenalizar el aborto por violación sexual, no tiene como objetivo de que todas las mujeres embarazadas por este crimen aborten, el objetivo es que puedan decidir. Y aquellas que desean tener el embarazo por sus diferentes razones, tengan el máximo apoyo para mantenerlo y a las que no, se les provea de todos los servicios para interrumpirlo sin poner en riesgo su salud o su vida.
Así estamos:
No todo está perdido
Este 28 de setiembre, las congresistas del Frente Amplio; Marisa Glave e Indira Huilca, acompañadas del congresista de Peruanos Por el Kambio, Alberto de Belaunde, presentaron un anteproyecto de ley que busca la despenalización del aborto en casos de violación. Una iniciativa legislativa que espera poder presentarse de forma consensuada a fines de este año y tener los aportes de especialistas, sociedad civil y demás instituciones comprometidas con los derechos de las mujeres. A estar atentos.
*Foto original en portada: Dejala decidir
