Defensores ambientales exigen frenar la criminalización de la protesta
Redacción Wayka
Enjuiciados por defender sus derechos. Defensores ambientales y abogados de organizaciones dedicadas a la salvaguardar los derechos humanos de poblaciones vulnerables, levantan su voz contra el Poder Judicial y el Ministerio Público por la práctica sistemática de iniciar procesos penales contra dirigentes y ciudadanos que participen de una protesta.
Reunidos en el foro ‘Defensores ambientales en peligro: Caso Corredor Minero’, diversos defensores ambientales exigieron el cese de la criminalización de la protesta. Uno de los dirigentes que vivió en carne propia el hostigamiento judicial fue Oscar Mollohuanca, exalcalde provincial de Espinar que fue denunciado penalmente por los presuntos delitos de disturbios, suministro de armas y materiales peligrosos que habrían sido cometidos en mayo de 2012.
Lo cierto es que en ese entonces, Mollohuanca se sumó a la protesta de la población de Espinar contra la empresa minera Xstrata Tintaya de Glencore, que exigían retomar el diálogo para mejores condiciones de negociación y medidas contra la contaminación ambiental. Por estos hechos, la Fiscalía pidió 20 años de cárcel y S/100 mil de reparación civil contra Mollohuanca y otros dos dirigentes más de Espinar.
«No hemos hecho ningún otro delito más que acompañar a nuestro pueblo con lealtad y firmeza, reclamando justicia social y ambiental. Nos hemos ganado juicios, encarcelamiento, una campaña de satanización, descrédito, estigmatización, durante todos estos años. Quien se levanta frente a la forma en la que explotan nuestros recursos naturales, nos estigmatizan, de terroristas”, cuestiona Oscar Mollohuanca.
Otra dirigente que también vivió el hostigamiento judicial de las autoridades en situaciones de conflicto social fue Alicia Castañeda, defensora ambiental del distrito de Chamaca, en la provincia de Chumbivilcas, Cusco. En su caso, la población exigía a la minera Hudbay mejores condiciones ambientales y económicas. “Nos denuncian por violación de domicilio, hurto agravado, daños y disturbios, cuando en realidad algunos de los compañeros ni hemos estado presentes en el lugar”, cuenta Alicia Castañeda. “Nos hemos sentido criminalizados”, cuenta Alicia.
En los últimos 15 años, 293 civiles murieron y otros 5364 resultaron heridos en medio de conflictos sociales, de acuerdo a un registro de la Defensoría del Pueblo al que Wayka tuvo acceso. En ese sentido, el abogado de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, Ramiro Llatas Pérez, también cuestiona la ausencia de reparación para los deudos y lesionados de años anteriores. “El tema de Inti y de Bryan no es un tema que recién acontece, es un tema que en provincia se ha venido dando constantemente. Hay una práctica constante de impunidad”, sostuvo Llatas en el foro.
