Demandan al Estado por no atender a hermanas víctimas de abuso sexual que viven con VIH
Menores de 11 y 13 años violentadas sexualmente por su padrastro con VIH no reciben atención adecuada para salvaguardar su salud física y mental.
En plena pandemia, cuando la mayoría de personas se quedaba en casa debido al confinamiento, Juan Carlos Saavedra Jaimes, de 49 años, abusó sexualmente de sus hijastras de 11 y 13 años en Ventanilla. Saavedra aprovechaba que la madre de las menores salía a trabajar y violentaba a las menores.
“Este hombre sabía que tenía VIH, conocía su diagnóstico años atrás. Dejó de tomar el tratamiento antirretroviral para usar el VIH como un instrumento más de violencia”, señaló Guiselly Flores, representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas con VIH (RedLAC+) que acompaña el caso.
Juan Carlos Saavedra Jaimes fue condenado a cadena perpetua en junio de 2023. Además, se le impuso el pago de 60 mil soles como reparación civil. Sin embargo, defensores de las menores afirman que este no ha pagado ni un sol de este monto.
Asimismo, el Estado peruano se comprometió a brindar acompañamiento psicológico y garantizar el tratamiento de antirretrovirales de ambas menores. Pese a ello, a 1 año y medio de la sentencia, organizaciones defensoras de derechos humanos revelan la inacción estatal, la falta de protocolos del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Salud, entre otras deficiencias que impiden que las menores lleven una vida digna.
Alan Cabanillas, abogado de RedLAC, manifiesta que las menores reciben visitas de atención psicológica, pero estas se dan cada dos meses, por lo que no se evidencia un avance en las menores. Además, Guiselly Flores afirma que las menores son víctimas de bullying y discriminación en el colegio en el que estudian por tener VIH, pero el Ministerio de Educación no se ha pronunciado al respecto.
Incluso, revela que el Inabif se niega a recibir a niños y niñas que viven con VIH, en una muestra clara de discriminación y prejuicios. “Dicen que no tienen espacios específicos para evitar que estos niños contagien el VIH a otros, pero el VIH no se contagia por contacto, sino vía sexual o sanguínea. Hay grave desconocimiento, discriminación y estigma”, dice Flores.
La demanda contra el Estado Peruano, con énfasis en el Ministerio de la Mujer, exige el pago de una indemnización por parte del Estado para que las menores puedan vivir dignamente, con tratamientos psicológicos periódicos y en condiciones óptimas para desarrollar todo su potencial.
“Estas niñas no son monitoreadas, han sido maltratadas y violentadas por el Estado porque desde las instituciones del Estado no se les ha protegido ni se les ha dado ninguna garantía más allá del tratamiento antiretroviral que reciben, que es de adultos”, enfatiza la representante de RedLAC+.
Inoperancia y negligencia estatal
Otro dato importante es que la organización defensora de derechos de las personas con VIH pidió al Minsa la cifra de menores de edad con VIH que contrajeron la enfermedad producto de violación sexual. Sin embargo, sostuvieron que carecían de este registro y solo tenían los datos globales.
Así, se conocen 506 casos de niños de 0 a 11 años con VIH y 697 adolescentes de 12 a 17 años que viven con esta enfermedad. Es decir, actualmente se registran más de 1200 casos de menores de edad con VIH, quienes no reciben tratamientos con medicamentos pediátricos, sino que deben conformarse con el mismo tratamiento que se les da a los adultos.
El abandono y omisión estatal recrudece en niños, niñas y adolescentes, quienes son revictimizados por la ineficiencia de las autoridades que los dejan en las sombras y no luchan por sus derechos.
