A tres meses de iniciada la investigación preliminar sobre el asesinato del dirigente cusqueño, las diligencias continúan con retraso, denuncia la abogada a cargo del caso. La familia evalúa denunciar a los jefes policiales de Cusco por el uso de armas de fuego en las movilizaciones de enero.

Por Wilson Chilo

El 11 de enero del 2023, Remo Candia Guevara, dirigente y presidente comunal de la provincia de Anta, falleció producto de un proyectil de arma de fuego, cuando participaba en las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. A tres meses de iniciada la investigación preliminar, a cargo del Ministerio Público en coordinación con la PNP, por el presunto delito de homicidio calificado contra los que resulten responsables del asesinato del dirigente cusqueño, las diligencias continúan sin avanzarse.

La abogada, Yudith Conto Cantero, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, quien patrocina a la familia de Remo Candia, indicó que se ha solicitado a la PNP un informe detallado sobre la cadena de mando, la relación de los efectivos policiales que participaron ese día, así como el tipo de armamento que usaron. Según la abogada, este informe no figura en la carpeta fiscal, además hace dos meses se solicitó a la fiscalía el acceso a los registros fílmicos y hasta el momento no hay respuesta.  

“El fiscal debería estar impulsando, viendo, haciendo el control [de las diligencias], pero no lo hace, en términos coloquiales, pareciera que le ha dado la batuta de la investigación a la policía”, refiere la abogada.

INVESTIGAN EL USO DE ARMAS

Un aspecto clave de la investigación es determinar el uso de las armas de fuego por parte de los efectivos policiales que intervinieron en las protestas. Es así, que en el marco de las diligencias se obtuvo las declaraciones de cinco efectivos policiales que estuvieron en funciones. Una de ellas, es de la brigadier Jeanette Bautista Cusi, quien confirmó que llevaba su arma reglamentaria; sin embargo, menciona que el objeto no estaba cargado, ya ese día hubo una revisión por parte del fiscal antes de iniciarse las protestas.

Como se recuerda, la mañana de ese día, el fiscal Eduardo Poblete, declaró a la prensa local que había hecho una verificación de las armas que portaban los policías. «Tengo los registros fílmicos y las grabaciones, que no están con armas, no están con fusiles, no están con ningún objeto contundente, lo que tienen son granadas antigás y perdigones que se utilizan en casos excepcionales», según dijo a Wayka en ese entonces.

Por su parte, la abogada Conto agregó que en uno de los videos visualizados, que es materia de investigación, se aprecia el movimiento de los policías durante la protesta. «Se ve que los oficiales avanzaron hacia el óvalo de Pachacútec, entre 5 a 6 se van a una esquina, ahí se observa que un efectivo policial habría disparado su arma de fuego al aire, tres a cuatro veces“, describe.

Otro aspecto que llama la atención es que la técnica de absorción atómica se habría realizado 48 horas después de ocurrido los hechos. Según Conto, si se confirma la demora, ya no se podría identificar las huellas dactilares en las armas de fuego o los restos químicos de la bala.

INCUMPLEN DILIGENCIAS

La disposición también ordena que se lleven a cabo 14 diligencias, que están a cargo del fiscal Luis Junior Román y del brigadier PNP – DIVINCRI Nicanor Jiménez. Es así, que el 17 de enero de 2023 se dispuso realizar una diligencia para la incautación de armas de fuego utilizadas el día de la protesta.

En esa misma orden se solicita que se giren los oficios al Departamento de Arma y Munición (DAM) y SUCAMEC, para que informe sobre «la identificación e individualización de las armas que se encuentran autorizadas a los efectivos policiales que intervinieron en las manifestaciones del día 11 de enero del 2023”.

Pese a eso, recién el pasado 13 de marzo, la fiscalía dispuso la realización de la pericia balística al proyectil que se encontró en el cuerpo del dirigente cusqueño. Ahora la prueba será llevada a Arequipa, ya que Cusco no cuenta con un laboratorio criminalístico.

Entre tanto, la abogada Conto alertó que hasta la fecha no se realizan ni la mitad de diligencias previstas.

DENUNCIARÁN A JEFES POLICIALES

La abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras indicó que cuando se amplíe la investigación presentaran una denuncia penal hacia los altos mandos de la Policía Nacional que han permitido el uso de las armas de fuego, ya que estaban en la obligación de salvaguardar la vida de las y los ciudadanos que protestan, con armas disuasivas y no armas de fuego.

Otro aspecto observado por la defensa de Candia es que en una sola carpeta fiscal se investigan dos casos distintos: el de los heridos y del dirigente asesinado. “Esto trae como consecuencia descoordinaciones, los actuados de Remo estarían en la DIVINCRI y de los heridos en Seguridad del Estado. El Fiscal ha debido diferenciar y abrir dos carpetas fiscales, no se puede juntar dos hechos que han sido diferentes horarios y lugares”, indica.