Denuncian criminalización de la protesta en la PUCP: Sancionan con hasta 25 semanas de suspensión a estudiantes pese a acuerdo de justicia restaurativa
Por Naira Carcelén
Estudiantes refieren que pese al compromiso institucional de priorizar el diálogo, la universidad emitió resoluciones contra nueve estudiantes por acciones previas a la toma del rectorado. En el foro organizado por el Frente de Egresados PUCP, especialistas en derechos humanos y académicos advirtieron sobre el impacto del capitalismo corporativo en la educación y la erosión de las libertades democráticas.
La actualización: Sanciones de hasta medio año académico y el quiebre de los acuerdos
La crisis disciplinaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) dio un giro definitivo tras conocerse las resoluciones de sanción para 9 de los 18 estudiantes investigados por su participación en protestas dentro del campus.
Es clave precisar que esta primera tanda de resoluciones no corresponde a los hechos de la toma de la sede del rectorado (Dintilhac) —medida adoptada contra la reestructuración del sistema de pensiones—, sino a acciones de protesta previas. Las sanciones impuestas oscilan entre 9 y 13 semanas de suspensión, registrándose casos donde la acumulación de faltas eleva el castigo hasta 25 semanas de suspensión académica (equivalente a casi un ciclo académico entero). Aún se está a la espera de los fallos para los otros nueve estudiantes involucrados directamente en la toma del rectorado.
La medida marcaría un precedente sumamente grave, pues contraviene el compromiso inicial asumido por las autoridades el pasado 21 de mayo, fecha en que se acordó abordar las demandas estudiantiles bajo un enfoque no punitivo y de justicia restaurativa a cambio del levantamiento de la toma.
Persecución disciplinaria desde la estructura administrativa
Según las notificaciones emitidas, los procesos fueron promovidos el 15 de junio por la Oficina de Seguridad Integral (OSI), adscrita al Vicerrectorado Administrativo, sustentándose en figuras punitivas como «desorden público» y «limitación de la libertad de enseñanza».
Para la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), estas imputaciones desnaturalizan el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y amedrentan la organización juvenil.
«Hay un mensaje sumamente contundente de parte de las autoridades, donde si uno como estudiante decide levantar la voz sobre algo que le parece injusto, puede tener consecuencias de persecución disciplinaria», afirmó Rafael Polar, presidente de la Mesa Directiva de la FEPUC, en declaraciones para Wayka.
Por su parte, Consuelo Escobar, vicepresidenta de la FEPUC, recalcó el quiebre del compromiso de diálogo:
«Siempre quisimos apostar por el diálogo y la justicia restaurativa, pero la universidad decidió apostar por una medida punitiva y disciplinaria contra nosotros, desconociendo los motivos y reclamos justos elevados por los estudiantes durante las protestas».
«Generar perturbaciones es parte del contenido protegido del derecho a la protesta», Mar Pérez, defensora de derechos humanos
En declaraciones exclusivas para Wayka, la abogada y defensora de derechos humanos Mar Pérez cuestionó con dureza el rigor punitivo empleado por la universidad y advirtió que la resolución desconoce los estándares internacionales de la materia.
«La sanción impuesta contra los estudiantes viola el derecho a la protesta porque se les está castigando solo por haber realizado arengas. La generación de perturbaciones a las actividades cotidianas, como el hecho de haber interrumpido una clase con la manifestación, es parte del contenido internacionalmente protegido del derecho a la protesta. Lo que se busca con esta medida es silenciar a los estudiantes, algo que resulta inadmisible en una institución democrática», declaró Pérez.
Pérez enfatizó que la actuación universitaria debe alinearse a marcos normativos globales como la Observación General Nº 37 de la ONU (aprobada el 17 de septiembre de 2020 por el Comité de Derechos Humanos), la cual detalla el alcance del derecho a la reunión pacífica consagrado en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), donde se proscribe el uso desproporcionado de medidas disciplinarias o penales frente a manifestaciones que interrumpan temporalmente la rutina institucional.
Diálogo y Horizontes: Análisis crítico sobre capitalismo, educación y democracia
Las resoluciones coincidieron con el desarrollo del conversatorio “Diálogo y horizontes frente a la criminalización de la protesta”, espacio convocado por el Frente de Egresados de la PUCP para reflexionar sobre la deriva autoritaria en la gestión universitaria.
Foto: Lorena Marks
1. Capitalismo y mercantilización de la educación superior
El sociólogo y docente PUCP Carlos Mejía centró su intervención en la crisis de la democracia contemporánea y su articulación con el sistema capitalista. Mejía planteó que, bajo la lógica de valorización del capital, quien dispone de mayor poder económico ejerce una influencia determinante en la toma de decisiones sociales e institucionales.
Explicó cómo las mutaciones del capitalismo transforman los márgenes de la protesta y acentúan la paradoja de la educación privada: al asumir la enseñanza de calidad como un privilegio y no como un derecho, las estructuras administrativas consolidan esquemas verticales de poder donde las autoridades deciden de manera unilateral y exigen la subordinación de la comunidad estudiantil.
2. Alteración del orden versus violencia: El principio de proporcionalidad
La actual senadora y defensora ambiental Mirtha Vásquez diferenció tajantemente la violencia de la simple alteración del orden cotidiano. Señaló que cualquier autoridad que aplique una medida correctiva debe ponderar el principio de proporcionalidad en sentido estricto: evaluar si la sanción beneficia realmente el orden público a largo plazo o si, por el contrario, opera como un mecanismo de censura diseñado para desincentivar la libertad de expresión y el debate crítico.
3. Derechos colectivos y evaluación de proporcionalidad
A su turno, la abogada Ana María Vidal (ex secretaria técnica de la PUCP) abordó la fragilidad de los derechos colectivos dentro de la universidad. Vidal identificó el Reglamento Unificado como un instrumento normativo rígido que transgrede garantías fundamentales de los estudiantes. Exigió a su vez, que todos los procedimientos disciplinarios incorporen un verdadero enfoque de derechos y una prueba rigurosa de proporcionalidad, recordando que sin el estamento estudiantil y sin discusión política situada, la institución pierde su razón de ser.
El objetivo en la mira: Exigen derogar el Reglamento Unificado y reestructurar las normas de convivencia
Las sanciones que, de confirmarse, sentarían un precedente sumamente peligroso: abren la puerta para que cualquier reclamo o ejercicio de libertad de expresión dentro de la universidad sea clasificado arbitrariamente como una «falta disciplinaria». Sin embargo, frente a esta arremetida institucional, el movimiento estudiantil sostiene una postura firme de resistencia en defensa de sus derechos de organización y protesta.
En el centro de esta disputa se encuentra el Reglamento Unificado de Procesos Disciplinarios, el documento normativo con el que la universidad ha institucionalizado la persecución y censura dentro del campus. Al amparo de sus figuras ambiguas, la administración ha convertido instrumentos burocráticos en armas punitivas para ahogar la disidencia.
Por ello, una de las demandas urgentes y centrales del movimiento estudiantil es la derogación inmediata de este reglamento y la puesta en marcha de un proceso de reestructuración integral y participativa. Los estudiantes exigen que la redacción de la nueva normativa cuente con una representación real de la comunidad universitaria y se fundamente en la protección de los derechos humanos, garantizando que las aulas de la PUCP vuelvan a ser espacios seguros para el pensamiento crítico y la protesta.
Una discusión inherentemente política: La universidad la hacen sus estudiantes
Al final del día, la discusión situada sobre el rumbo de la universidad es, sin duda alguna, una discusión política. Las paredes, aulas y reglamentos no constituyen por sí solos una comunidad académica: la universidad sin sus alumnos no es nada. Frente a las medidas punitivas y los intentos de coerción institucional, el movimiento estudiantil se mantiene firme, vigilante y organizado en resistencia, recordando a las autoridades que la memoria colectiva y el pensamiento crítico no se suspenden con una resolución administrativa.
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