Un comando de hombres de mar convertidos en guardaparques comunales lucha, brazo y bote en ristre, contra la pesca con explosivos en Paracas. Su presencia ha hecho que esta brutal modalidad ilegal se reduzca en los últimos tres años, pero la lucha continúa en esta área protegida peruana.
Mongabay Latam / Ramiro Escobar
En Laguna Grande, punto neurálgico de la Reserva Nacional de Paracas (RNP), ubicada en el departamento de Ica, Gonzalo Quiroz, jefe de esta área natural protegida, lanza una alerta temprana. Ha recibido un mensaje de radio sobre una posible incursión de pescadores con dinamita.
En la reserva de 335 000 hectáreas de extensión los llamados “bomberos” o “coheteros” rondan por los acantilados, o por las playas, sobre todo en las tardes, o en las madrugadas, y su propósito es letal: echar al mar cuatro o cinco cargas de explosivos, a las que se les agrega, además de pólvora, 200 a 300 gramos de piedras.
Según Juan Carlos Riveros, director científico de la ONG Oceana, este tipo de pesca provoca “un genocidio biológico”; barre con peces grandes, pequeños, pequeñísimos; destroza las larvas, las crías, los juveniles. Destruye también a moluscos, crustáceos; aniquila al zooplancton y al fitoplancton.
“Provoca —agrega el especialista— tres tipos de efectos: lo primero es casi pulverizar a los peces que estuvieron cerca de la explosión, de los que no queda prácticamente nada. Luego afecta a algunos, a los que les hace reventar la vejiga natatoria y, por eso, salen a flote; y finalmente alcanza a otros, que ni estallan ni flotan, pero después pueden hasta morir”.
La ONG Áreas Costeras y Recursos Marinos (ACOREMA) agrega que se debe observar si hay destrucción de la masa visceral o si el hígado está reventado de las especies. Pero esa constatación deben hacerla los funcionarios del Ministerio de la Producción y Comercio Exterior (PRODUCE).
La Reserva Nacional de Paracas (RNP) ha puesto en marcha un Programa de Guardaparques Voluntarios, llamados también guardaparques comunales, que ha convocado la participación de varios pescadores de la zona. De ese modo se apoya la labor de los 17 guardaparques oficiales que luchan como pueden en las miles de hectáreas de la reserva. Donde también se cometen otras tropelías, como la pesca con chinchorro (red circular que levanta todo tipo de especies).
A los efectivos oficiales que protegen la reserva se han sumado 57 pescadores guardaparques, 33 de los cuales son miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos y Algas del sector Rancherío de Laguna Grande.
Mongabay Latam contactó a Jesús Morales Tapia, funcionario de la Dirección de Supervisión y Fiscalización del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, quien ha participado en más de un operativo. Tapia sostuvo que se hacen intervenciones conjuntas con la Dirección de Capitanía de Puerto (DICAPI), SERNANP y la Policía Ecológica, una vez que reciben una alerta. Pero que no pueden aún controlar y detectar en el puerto a las especies que han sido extraídas con dinamita, “porque no tienen aún gente capacitada para eso”.
Por su parte, Julio Muñante, de la Dirección Regional de Producción de Ica, sostiene que el gobierno regional y no solo el gobierno central, deberían tener varios fiscalizadores para estar presentes en los lugares donde suelen llegar los pescados víctimas de un explosivo, “pero no hay presupuesto para eso”. Para controlar muelles como el de San Andrés, donde se presume llegan las capturas hechas con esta modalidad ilegal. Podría haber también una oficina, de la región o de PRODUCE, en la misma reserva. Pero nada de eso aparece de momento en ese horizonte por donde todavía aparecen los ‘bomberos’.
La secuencia para una intervención, según información de la RNP, es así: se da la alerta, se verifica la información, se registra, se avisa a la jefatura de la reserva. Esta avisa a la Dirección de Capitanía de Puerto (DICAPI), que es la autoridad en el mar, a la Policía Ecológica y a PRODUCE. Una vez que se ha transitado toda la cadena, se emprende la intervención con todas las de la ley.
Si las evidencias son clamorosas, pueden intervenir fiscales. El problema es que mover todos esos eslabones de la cadena requiere tiempo, disponibilidad y recursos. La RNP solo tiene un bote, la DICAPI de Pisco tiene al menos dos, pero debe patrullar varias partes de la costa, no solo las correspondientes a Paracas. Mientras más demore ponerse en marcha la maquinaria, más tiempo tienen los infractores para huir o escabullirse en medio del desierto o por el mar.
Sea cual fuere la vía de escape, el 37 % de las incursiones con dinamita se realizan entre las 5 y las 6 horas, en tanto que el 34 % entre las 18 y 19 horas.
A veces ocurre que se atisba un bote en el mar y se hace una persecución desde tierra. Eso le pasó a Gabriel Franco, guardaparque voluntario, hacia febrero de este año, cuando cerca de las 4 y 30 de la tarde pescaba en la playa Los Zorros. Escuchó la explosión, vio como saltaba el agua y las aves se acercaban para comerse los restos de los peces victimados. Inmediatamente le avisó a Eduardo Huamán, el ‘campana’ de los guardaparques, mientras aceleraba en su moto.
“No teníamos embarcación para perseguirlos —recuerda, con cierta angustia— y cuando avisamos a Capitanía ya habían avanzado y no los podíamos ver”. Entre las olas, la embarcación infractora se había perdido, y a la vez se había esfumado la oportunidad de capturarla. Difícilmente se puede pescar a los ‘bomberos’ con tales aparejos.
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