Dina Boluarte ya tiene en su poder el proyecto de ley N° 9733, que restablece la posibilidad de dictar detención preliminar judicial en situaciones donde no exista flagrancia. Sin embargo, esta iniciativa no viene con buenas intenciones ya que también ha tenido modificaciones que complicarían el trabajo de fiscales.

Dicha iniciativa fue enviada por el Congreso para su promulgación tras ser aprobada el último fin de semana con 79 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. La medida fue respaldada por mayoría debido a que, bajo la norma vigente, varios presuntos delincuentes de organizaciones criminales fueron liberados.

Esta situación generó críticas tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, quienes instaron al Congreso a modificar la ley vigente, argumentando que beneficia indebidamente a personas investigadas por delitos.

Si Boluarte promulga la ley, los jueces podrán ordenar nuevamente detenciones preliminares a solicitud del fiscal, incluso en casos sin flagrancia si Boluarte promulga la ley, lo que aún no ejecuta. ( Cambié el orden para que no parezca una opinión, compita).

No obstante, el nuevo texto del restituido inciso a) del artículo 261 del Código Procesal Penal tiene un cambio que será importante al momento de solicitar y obtener una detención preliminar. Los fiscales tendrán que presentar fundamentos sólidos que justifiquen la medida, siempre que el delito esté sancionado con una pena mayor a cuatro años de prisión.

Según el texto de la propuesta, los jueces deberán emitir una resolución motivada y analizar las pruebas presentadas por el fiscal. La detención preliminar procederá cuando: a) No exista flagrancia, pero haya suficientes indicios de que el acusado cometió un delito con pena mayor a cuatro años, y b) Existan razones para sospechar que el investigado podría fugar o interferir con el proceso judicial.

El texto anterior y original de la norma decía que, a pedido del fiscal, el juez puede dictar una detención preliminar judicial cuando existan razones plausibles de que se haya cometido un delito y, que por las circunstancias del caso, se pueda desprender cierta posibilidad de fuga  u obstaculización de la averiguación de la verdad.

El documento cuenta con las firmas del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y de la primera vicepresidenta, Patricia Juárez. Dina Boluarte tendrá un plazo de 15 días para aprobar y promulgar la norma, siempre que no presente observaciones.