Toda protesta en el país es desvirtuada como si se tratara de algo ilegítimo, pese a que existe el derecho a la protesta. Si es multitudinaria, no se enfoca el número de personas y algunas radios y noticieros televisivos dicen que fueron “grupos” o “cientos de personas” cuando fueron miles. Si la protesta es pacífica, no importa, fuerzan algo negativo como “movilización ocasionó tráfico vehícular” o “la basura que quedó tras la marcha”. Pero se olvidan cuando los fujimoristas, apristas y Con mis hijos no te metas realizan sus protestas a campo abierto. Ahí no, ahí hasta la policía brinda seguridad.

En la última marcha para cerrar el Congreso, la población fue mucho más crítica con esta criminalización de protesta. La ciudadanía que pudo seguir a través de Wayka y otras plataformas la movilización, la quema del patrullero y la detención y posterior audiencia que terminó liberando a uno de los manifestantes, cuestionó el papel de la policía que ante la quema del patrullero reaccionó inmóvil. Los policías no movieron un dedo para apagar el incendio, dejaron que el patrullero se quemara y que los medios televisivos que le hacen el juego a las prácticas fujimontesinistas filmaran cuanto quisieran y acusaran a quienes quisieran.

En las calles y en las redes sociales se cuestionó el papel policial junto con el periodístico. Y tal como en los 90’ el grito era “¡Prensa basura!”. Consta en los casi 2000 comentarios de las personas que vieron en vivo y en directo la trasmisión a través de Wayka.

¿Cuál ha sido el rol de los medios en todo esto? Sumarse a la criminalización de la protesta, desviando la atención de los temas de fondo que cuestiona la misma. No solo se pierde de vista el objetivo de la marcha, que es el cuestionamiento a un Congreso que responde a intereses particulares de la mayoría fujimorista, sus megacompras, sus oposiciones a leyes de avance social, sus permanentes boicots, sus peleas sin sentido, sus actitudes dictatoriales. No, de eso no habla la prensa, solo se quedan en el patrullero quemado (que dicho sea de paso cuesta lo mismo que las flores de Galarreta) o en los detenidos.

En la audiencia del joven detenido se pudo apreciar la vaguedad de la denuncia policial. Se contradecían, se forzaban detalles para relacionar al detenido con la quema del patrullero, pero la jueza actuó bien y no encontró pruebas. La actuación de la fiscalía fue vergonzosa al igual que los testimonios de los policías que fueron leídos.

Esta criminalización de protesta que viene desde el gobierno se puede ver también en los decretos que prolongan indefinidamente el Estado de emergencia en zonas, sobre todo, donde hay constantes demandas contra las mineras. También se puede ver en la cantidad de defensores y defensoras de medio ambiente que son denunciados y perseguidos judicialmente.

El año pasado, el Congreso modificó el artículo 2 de la ley 30558, ampliando el máximo de detención de 24 a 48 horas. ¿Acaso fue casualidad? No, así es como se cubre el gobierno, el Congreso, para evitar que el pueblo cuestione las decisiones que toman y que, casi nunca, son las que el pueblo necesita.

A ningún gobierno le gusta la protesta, pero cada vez es más visible el regreso de las prácticas fujimontesinistas que ‘sembraban’ infiltrados al igual que situaciones para desacreditar la protesta y relacionarla con actos terroristas e ir instaurando esa idea de que todo aquel que protesta es terruco. Casi, casi, como Komandos del fujimontesinismo.