Hace casi una semana, Josué Gutiérrez Cóndor, fue elegido como el titular de la Defensoría del Pueblo. En estos días se ha dicho mucho de su perfil ultraconservador y camaleónico, pero un detalle que no se ha escarbado tanto es su postura sobre los derechos humanos, pilar fundamental para el cargo que hoy ostenta. Por ello, es necesario volver al 2014 y 2015, cuando se dieron las marchas contra la ‘Ley Pulpín’.

Por Jair Sarmiento

“Nosotros no hemos perdido. ¡Ha perdido el país!”, decía un enojado y desencajado Josué Gutiérrez Cóndor, entonces legislador de Gana Perú, en los pasillos del Congreso de la República. Era 26 de enero del 2015, día en que se derogó la Ley Laboral Juvenil, Ley 30288 o también conocida como Ley Pulpín, denominada así por una jerga que se originó a raíz de una bebida frutada para infantes que se había popularizado un año antes.

Mientras el hoy defensor del Pueblo declaraba para la prensa, rodeado de una portátil juvenil afines al partido oficialista, en las calles las y los jóvenes de diferentes edades, estudiantes, dirigentes sindicales, organizaciones civiles celebraban su victoria sobre una norma que quiso imponer el gobierno de Ollanta Humala Tasso y el empresariado.

Miles y miles de jóvenes de entre 18 y 24 años, —a quienes afectaba directamente— y la ciudadanía en general, realizaron cinco grandes movilizaciones contra la mencionada ley.

Si se retrocede al 2014, el gobierno de Humala ya venía de lanzar paquetazos económicos junto a sus ministros de Economía, Luis Miguel Castilla y Alonso Segura. Este último fue quien anunció y presentó el proyecto de ley ante los aplausos de los empresarios en el CADE en Paracas, Ica.

La Ley Laboral Juvenil, con la venia de la Confiep, ADEX y la SNI, se aprobó en el Pleno del Congreso a inicios de diciembre de aquel año, pero el congresista Manuel Dammert calificó a esta norma como un «régimen semi-esclavista».

Mientras tanto, “en las calles y las redes sociales se iba gestando un malestar que se iba expandiendo rápidamente”, así lo apunta la socióloga Alejandra Dinegro en su libro “Pulpines y el trabajo digno”.

La primera gran marcha fue el 18 de diciembre. Aquel día también empezó la dura represión de la Policía liderada por el exministro del Interior Daniel Urresti. Se lanzaron bombas lacrimógenas, perdigones e incluso se llevaron caballos para perseguir a los manifestantes. “Nos cercaron como reses”, relata una joven en el libro mencionado. También hubo agresiones de efectivos y detenciones arbitrarias.

Al día siguiente, el entonces congresista Josué Gutiérrez Cóndor, sin inmutarse por la represión, brindaba una conferencia de prensa respaldando la ‘Ley Pulpín’, junto a otros jóvenes autodenominados “Jóvenes Informados” a favor de la norma. 

Sin embargo, los jóvenes que habían salido a marchar en contra también estaban en el Congreso y tuvieron un intercambio de arengas con el otro grupo.

La segunda y tercera movilización se realizaron el 22 y 29 de diciembre, antes y después de Navidad, y ya no solo era en Lima sino en otras ciudades del país. La intimidación y la represión se intensificaron, pero para Humala Tasso la represión quedó en su frase: “No hubo muertos”. Su discurso a favor de la ley era igual al de Gutiérrez Cóndor.

A inicios de enero del 2015, el nuevo defensor del Pueblo dio una entrevista en Canal N en donde afirmaba que los manifestantes jóvenes estaban desinformados.: “Cuando empezaron a marchar, muchos de ellos no sabían del tema de fondo”, comentaba.

Y agregó: “A nosotros no nos asusta que la juventud asuma oposición activa (…) pero hemos visto con temor, eso hay que decirlo al país, que han empezado a desempolvar las banderas rojas, que a mí sí me trae muy mal recuerdo, que es el caldo de cultivo para exacerbar los ánimos y que han servido de dolor, sangre y lágrimas sobre todo en los pueblos de provincia donde hemos sido testigos de crímenes atroces que ojalá nunca se repitan”, en referencia al terrorismo durante el conflicto armado interno.

Días antes, Urresti decía que se filtrarían las marchas, es decir, se pediría documentos de identidad para evitar que “ingresen delincuentes o miembros activos de Sendero Luminoso”.

El 15 de enero se vivió un punto álgido en la represión ya que se infiltraron ‘ternas’, un escuadrón de policías vestidos de civiles, los cuales empezaron a golpear a los policías. Muchos jóvenes resultaron heridos. “A uno de ellos le reventaron una ceja de un solo varazo en la cara, tenía tan solo 21 años de edad”, relata Dinegro en su libro. Periodistas también fueron afectados.

Aquel día se marchó en varias ciudades y regiones: Arequipa, Iquitos, Pisco, Tarapoto, Trujillo, Piura, Huancayo, Cusco, entre otras.

El gobierno al ver que no podía sostener esta ley debido al rechazo colectivo, anunció una sesión extraordinaria para debatir la norma. El Ejecutivo le tiró el balón al Legislativo. El 26 de enero a las 3:33 p. m. sería el día de la derogatoria.

Josué Gutiérrez Cóndor dio una serie de entrevistas mostrando su rechazo y solo atinaba a defender la norma en los medios de comunicación, a pesar de la represión salvaje que hubo en las calles, en donde se atentaron contra los derechos humanos.

Durante su discurso como electo defensor, dijo que se tenía que “redefinir los derechos humanos”. Aún no ha explicado a fondo lo que quiere decir con redefinir, pero a salido a la luz su postura ultraconservadora y antiderechos, ya que en su examen ante el Congreso para ocupar el cargo de defensor del Pueblo, no solo recurrió al sermón religioso, sino que calificó a la homosexualidad como una “deformidad” y se atrevió a compararlo con violadores, criminales o sicarios. 

“Hay que corregir estas conductas”, finalizó ante una interrogante del congresista Alejandro Muñante sobre por qué se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica.

Un dato no menor es que en el 2018, durante su campaña para postular a gobernador regional en Huánuco, recibió el respaldo de grupos evangélicos de dicha región. Incluso se pueden observar algunos videos de apoyo en su canal de YouTube. No está de más decir que el Movimiento Misionero Mundial, una de las organizaciones religiosas más poderosas en el país con influencias mediáticas y políticas, tiene una fuerte presencia en dicha zona.