De las tres denuncias constitucionales contra el congresista Edgar Alarcón (UPP) presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, una de ellas será discutida mañana viernes 8 de enero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Luego de seis meses de presentarse las denuncias, el peso de la justicia está cada vez más cerca del excontralor denunciado presunto enriquecimiento ilícito agravado, peculado doloso y vinculaciones con la organización criminal Los Temerarios del Crimen. 

Con el informe de hechos en mano, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales discutirán sobre las evidencias solo de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito agravado. Las otras dos denuncias pendientes se verán en las siguientes semanas y por separado. “Después de eso elaboraré el informe final, en un plazo de cinco días”, explica la titular de dicha subcomisión, Felicita Tocto (Somos Perú), al diario La República sobre lo que sigue en el proceso.

Con el informe final terminado dentro del plazo establecido, la subcomisión deberá debatir hasta admitirla en mayoría. Una vez aprobada, esta pasa a la Comisión Permanente, donde también se discutirá y votará a favor o en contra de la denuncia. De aprobarse, se conformaría una subcomisión acusadora que presente la denuncia ante el Pleno del Congreso y la someta a votación. De contar con la mayoría de votos, el expediente pasaría a manos de la Fiscalía de la Nación.

Como se recuerda, el pasado 13 de octubre la Comisión Permanente, entonces dirigida por el expresidente del Congreso Manuel Merino de Lama (APP), recibió el informe elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declara procedente dos denuncias contra Alarcón por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Sin embargo, hasta mediados de noviembre el expediente no se agendó para discutirse. Esto mientras se cocinaba el segundo intento de vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra.

Durante el periodo de Manuel Merino como presidente del Congreso, Alarcón gozó de un blindaje que lo mantuvo en la cabeza de la Comisión de Fiscalización, pese a que habría cometido una serie de faltas en contra del reglamento del Parlamento antes, durante y después de la difusión de audios para el primer intento de vacancia contra Vizcarra, de acuerdo a un informe del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (CGCC) conformado por 18 organizaciones de la sociedad civil.