Embarazo adolescente: 993 niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres en 2025

En el Perú, el embarazo adolescente es una de las expresiones más graves de la violencia estructural que enfrentan niñas y adolescentes. En 2025, 37 676 niñas y adolescentes menores de 19 años se convirtieron en madres en el Perú, una cifra que evidencia la persistencia del embarazo adolescente como un grave problema de salud pública y derechos humanos, según datos del Ministerio de Salud (MINSA). Dentro de este grupo, 993 eran menores de 14 años, casos que, de acuerdo con la legislación peruana, constituyen violación sexual. 

El artículo 173 del Código Penal establece que todo acto sexual con una persona menor de 14 años es delito, independientemente de la existencia de un supuesto consentimiento, el cual la ley considera inexistente a esa edad. Estas cifras revelan no solo la magnitud de la violencia sexual contra niñas, sino también las profundas fallas del Estado en prevención, protección y acceso a educación sexual integral, especialmente en los territorios más vulnerables. 

Estas cifras se suman a las registradas en el 2024. En este año, se registraron 244 muertes maternas, de las cuales 35 corresponden a niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (MINSA). En términos concretos, cada 10 días muere una niña o adolescente por complicaciones relacionadas con el embarazo, muertes que especialistas coinciden en señalar como completamente evitables.

Para Kath Herrera, integrante de DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, estas muertes no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de un sistema que falla de manera sistemática. “En el Perú, la violencia sexual actúa como causa directa de los embarazos en niñas y adolescentes. Toda niña menor de 14 años con un embarazo es víctima de violación sexual”, subraya.

Violencia sexual, ESI ausente y barreras en salud: una cadena de riesgo

Herrera explica que el embarazo adolescente se sostiene sobre tres factores que se refuerzan entre sí: la alta incidencia de violencia sexual, la falta de una educación sexual integral (ESI) efectiva y las barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. “Cuando no hay educación sexual integral, las infancias pierden herramientas para identificar la violencia, prevenir embarazos y tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su vida”, señala.

Diversos estudios han demostrado que la mayoría de agresiones sexuales contra niñas y adolescentes ocurren en entornos cercanos. “El mayor porcentaje de agresores se encuentra en el entorno familiar o cercano a las víctimas”, advierte Herrera, lo que vuelve aún más urgente que la escuela y el sistema de salud sean espacios de protección y detección temprana.

Sin embargo, el panorama actual va en sentido contrario. En 2024 y 2025, el Congreso aprobó normas que eliminan el enfoque de género y debilitan la educación sexual integral en las escuelas, una decisión celebrada por sectores conservadores, pero duramente cuestionada por organizaciones feministas y de derechos humanos.

Maternidades forzadas y proyectos de vida truncos

El impacto del embarazo adolescente es aún más grave en zonas rurales, amazónicas e indígenas, donde el acceso a servicios de salud es limitado y poco intercultural. “Los servicios son escasos, no llegan oportunamente y muchas veces no se brindan en el idioma ni con el enfoque cultural necesario”, explica Herrera.

Las consecuencias son devastadoras: abandono escolar, pobreza, afectaciones severas a la salud física y mental, y en los casos más extremos, la muerte. Estudios del MINSA y la Defensoría del Pueblo han advertido que el riesgo de mortalidad materna es significativamente mayor en niñas y adolescentes que en mujeres adultas.

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024 revela que el 8,4 % de adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas por primera vez, una cifra que evidencia la persistencia del problema y sus efectos a largo plazo sobre el acceso a derechos, educación y autonomía.

Aborto terapéutico: un derecho negado

Pese a que el aborto terapéutico es legal en el Perú desde hace más de un siglo y cuenta con un protocolo vigente desde 2014, su acceso sigue siendo limitado, especialmente para niñas víctimas de violencia sexual. “Toda niña menor de 13 años embarazada tiene derecho al aborto terapéutico, porque ese embarazo pone en riesgo su salud integral, física y mental”, enfatiza Herrera.

No obstante, la información no llega. Una encuesta nacional realizada por Ipsos para DEMUS y Aprodeh en 2025 reveló que solo el 27 % de mujeres entre 18 y 65 años ha escuchado sobre el aborto terapéutico. “El Estado está omitiendo gravemente su deber de informar. No se trata de una opción ideológica, sino de un derecho que salva vidas”, sostiene la abogada.

Casos como el de Nelbia, una niña de 13 años que falleció tras dar a luz sin haber sido informada de su derecho a interrumpir el embarazo, evidencian las consecuencias de esta omisión estatal. “Estas muertes no deberían ocurrir. Son el resultado de un Estado ineficiente que abandona a las niñas”, agrega.

El retroceso normativo y la presión conservadora

La eliminación del enfoque de género y el debilitamiento de la ESI han sido defendidos por congresistas conservadoras como Milagros Jáuregui, quien ha cuestionado abiertamente el enfoque de derechos sexuales y reproductivos, calificándolo como una “imposición ideológica”. Para organizaciones feministas, estas posturas ignoran la evidencia y profundizan la vulnerabilidad de niñas y adolescentes.

“En nombre de dogmas religiosos se están tomando decisiones que nos quitan derechos”, denuncia Herrera. “La educación sexual integral no promueve conductas, previene violencias y muertes”.

Una deuda urgente del Estado

Especialistas coinciden en que la solución pasa por fortalecer la educación sexual integral con enfoque de derechos y género, garantizar el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, e implementar políticas públicas de información sobre el aborto terapéutico. “No basta con atender a quienes ya están enfermas. Hay que evitar que las niñas mueran”, concluye Herrera.

Mientras el Estado no asuma esta responsabilidad, las cifras seguirán creciendo y el país continuará normalizando una tragedia silenciosa: niñas obligadas a maternar y a arriesgar su vida en un contexto que les niega información, protección y justicia.

Por: Silvia Bardales

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