“En el Perú, los agresores administran la justicia”: Feministas alertan ante CEDAW sobre retroceso de derechos
Activistas feministas de diversas regiones del país alertaron ante el Comité CEDAW de Naciones Unidas sobre el grave retroceso en derechos, el avance de discursos antiderechos y la impunidad estructural que sostiene la violencia machista en el Perú. La reunión se realizó durante las Jornadas por Políticas de Prevención de la Violencia Machista, organizadas en el marco de la elaboración de la Recomendación General N.º 41 sobre estereotipos de género del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En un diagnóstico contundente, las organizaciones como DEMUS, Multitac, Comunidad Arcoiris, entre otras, sintetizaron la situación con una frase que marcó la jornada: “En el Perú, los agresores administran la justicia.” Lo dijeron para describir, según sus organizaciones, a un país donde la violencia de género sigue siendo tolerada, legitimada y reproducida por las propias instituciones encargadas de prevenirla.
Un Estado capturado por intereses conservadores
Las participantes advirtieron que el Perú enfrenta un retroceso sistemático impulsado por operadores políticos y religiosos que han capturado espacios del Estado para bloquear políticas de igualdad, educación sexual integral y derechos LGTBIQ+. Esta ofensiva —señalan— vulnera los compromisos internacionales asumidos por el país y profundiza la desigualdad estructural.
Según DEMUS, una encuesta aplicada en Huánuco, Comas, El Agustino, Tacna y San Martín revela que el 30% de la población aún asocia la dignidad de las mujeres con la virginidad. En regiones como Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, la tolerancia hacia la violencia machista supera el 80%. Los datos muestran que 1 de cada 10 personas cree que “cuando una mujer dice no, quiere decir sí”, cifra que se duplica en territorios como Huánuco, Tacna y El Agustino.
Estos indicadores se agravan ante el registro de más de 22 mil casos de violencia de género atendidos entre enero y septiembre de este año, evidenciando la profundidad de una problemática que no cesa.
Testimonios desde los territorios: violencia, abandono e impunidad
Las denuncias no se quedaron en cifras. Las voces de mujeres de distintas regiones revelaron cómo la violencia se entrelaza con el abandono estatal y la criminalización.
Desde Piura, Leslie Chira, del colectivo Generación Orgullo, denunció que el gobierno regional bloqueó el Plan de Igualdad de Género por incluir a personas LGTBIQ+. “Se gobierna desde los prejuicios y no desde la garantía de derechos”, advirtió.
Desde Amazonas, Rosmery Pioc exigió justicia para las niñas awajún. Señaló que desde 2010 se han registrado más de mil violaciones sexuales sin acceso a intérpretes, médicas legistas ni un sistema de justicia intercultural. “Los que más violan son los que más leen: policías, maestros, abogados, ingenieros. Hay un sistema fallido”, afirmó.
En Lima, Ayesha Dávila, de CreSiendo, alertó sobre la creciente criminalización de defensoras de derechos humanos y la presencia de grupos religiosos que impulsan leyes contra la igualdad de género. Leslie Quispe, de Féminas, denunció proyectos que buscan prohibir las terapias hormonales para menores trans y restringir baños públicos según identidad de género.
Angela Villón, referente histórica de las trabajadoras sexuales organizadas, fue clara: “El crimen organizado nos mata y desaparece, pero nadie nos escucha por ser trabajadoras sexuales. La violencia no es nueva, lo nuevo es el silencio cómplice del Estado.”
CEDAW frente al retroceso democrático peruano
Las expertas del Comité CEDAW, Leticia Bonifaz (México) y Patsili Toledo (Chile), escucharon los testimonios como insumos para la Recomendación General N.º 41, que orientará a los Estados en la eliminación de estereotipos y la transformación sociocultural para garantizar igualdad sustantiva.
Sin embargo, las activistas fueron enfáticas: el desafío no es solo jurídico, sino profundamente político. Se necesita frenar la captura conservadora del Estado y reformar un sistema judicial que perpetúa la impunidad.
Para Cynthia Silva, abogada de DEMUS e integrante del Grupo de Trabajo contra la Impunidad de la Violencia Sexual, la violencia machista es una estrategia de dominación política:
“Hoy la violencia sexual y la corrupción convergen en una misma estructura de poder que desmantela las políticas de igualdad y protege a los agresores. Mientras los agresores administren justicia, no habrá democracia ni Estado de derecho para las mujeres ni para las diversidades.”
La socióloga Emilia Salazar, también de DEMUS, recordó que el caso Manta —violaciones sexuales cometidas por militares en Huancavelica— se encuentra en la Corte Suprema, mientras los condenados intentan revertir sus sentencias. “El desenlace mostrará si el sistema judicial está dispuesto a romper con la impunidad histórica de la violencia sexual”, señaló.
Un país que normaliza la violencia
Según la ENARES 2024 del INEI, el 71,3% de la población mantiene actitudes sexistas y el 56,5% justifica la violación sexual. Estos datos reafirman la urgencia de políticas educativas y culturales que transformen las raíces estructurales del machismo.
Las organizaciones recordaron que prevenir la violencia no es un acto aislado: es un compromiso político contra el autoritarismo y los discursos de odio. “Cada acción en escuelas, territorios y calles es resistencia feminista”, concluyeron.
Por: Silvia Bardales Q.
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