¿En qué invertir para luchar contra la violencia sexual? En lugar de anunciar la castración química, que gratis no nos va a salir y efectiva no es, armo un hilo de acciones que un Gobierno realmente interesado en enfrentar el problema debería realizar:

1) Implementar la publicidad del registro de agresores aprobado ¡EN 2018! por la Ley 30901. Esto le permitiría a cualquier persona hacer cumplir en su cotidiano la inhabilitación permanente para trabajar con infancia que rige para cualquier persona condenada por delitos sexuales y otros de violencia de género.

2) Implementar el DU 023-2020 que le permitiría a las personas conocer antecedentes policiales de familiares y parejas. El Congreso disuelto cumplió con el control de la norma sugiriendo mejoras que el Congreso post disolución no abordó y el Gobierno no implementó por la pandemia.

3) Promover proceso inmediato para casos de violencia como el de la niña ‘D’ en Chiclayo y tantos otros en los que existe suficiente prueba de lo ocurrido. Ir a los procesos regulares impacta en el acceso a la justicia y se corre el riesgo de que la prisión preventiva se exceda. Justicia q tarda no es justicia.

El tema del tiempo de los procesos en dramático. En un estudio de expedientes que hice con la abogada Victoria Solis Peña para UNICEF Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú sobre violencia sexual contra niñas/os y adolescentes mostramos que una condena firme puede demorar más de 10 años porque las instancias de impugnación y la regulación de la condena del absuelto alargan los plazos con un impacto desmesurado en la infancia cuando el estándar exigido es el de mayor celeridad. Cambiar esto es vital.

4) Intensificar Cárceles Productivas del INPE – MINJUS porque parte del drama en los casos de violencia es que los agresores presos no pagan la reparación civil que deben, ni pagan los alimentos a sus familias. El Estado debe reparación integral a la víctimas en salud, educación y atención social, pero los agresores también deben pagar por sus actos.

5) Implementar ¡YA! la especialización policial para atención e investigación en casos de violencia de género, que incluye la sexual. Se aprobó ¡EN 2015! con la Ley 30364 y hasta hoy la reforma policial no se da. Sin buena investigación, ¿cómo se obtendrá sanciones? No hay condena posible sin pruebas. Esta medida cuesta, claro, pero ¿cuándo empezaremos? Ya se inició la especialización fiscal y judicial. Claro que hay que prevenir, pero también hay que atender mejor los casos de violencia que existen hoy. El Estado lo TIENE que hacer, el Gobierno puede focalizar mejor el presupuesto en lugar de propuestas vacías. Un problema grave no se aborda sin enfocar bien el camino.