Por Álvaro Meneses
Cromwell Castillo, luego de 31 años, sigue buscando justicia: esta vez, la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos insiste en su pedido de archivar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de su hijo Ernesto Castillo Páez, víctima de desaparición forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori.
A través de un oficio enviado el pasado jueves 14 de octubre, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le comunicó a Cromwell Castillo que mantendrá su pedido ante la Corte IDH para que archive el caso de la desaparición forzada de su hijo.
“Tal solicitud no pretende ofender la memoria ni dignidad de su hijo Ernesto ni la de su familia sino ejercer la defensa del Estado peruano ante la Corte IDH”, dice la carta enviada por la Procuraduría a cargo del abogado Carlos Miguel Reaño Balarezo.
En la solicitud de la Procuraduría del MINJUSDH ante la Corte IDH, se pide que “declare cumplido totalmente el punto resolutivo segundo de la citada sentencia, referido a investigar los hechos, identificar y sancionar a sus responsables y, en consecuencia, resuelva el cierre en el actual proceso de supervisión de cumplimiento y declare archivado el caso”.
El cuerpo de Ernesto Castillo, sin embargo, sigue desaparecido 31 años después. Y como señala su padre, Cromwell Castillo, el delito de desaparición forzada “se sigue cometiendo porque hasta el día de hoy, Ernesto sigue desaparecido”.
UNA HISTORIA DE IMPUNIDAD
La mañana del domingo 21 de octubre de 1990, a inicios del régimen de Alberto Fujimori, el estudiante universitario Ernesto Castillo Páez fue detenido por agentes de la Policía Nacional en una calle del distrito de Villa El Salvador, en Lima.
Desde ese día, la familia de Ernesto Castillo se encontró reiteradas veces con la impunidad. El 19 de agosto de 1992, por ejemplo, el 14 Juzgado Penal de Lima, a cargo del magistrado Luis Vargas Valdivia, ordenó archivar la denuncia por desaparición de su hijo, pese a que reconoció que Ernesto fue intervenido y detenido por agentes de la PNP.
Dos años después, en octubre de 1994, la CIDH emite un informe en donde determinó que “el Estado peruano es responsable de la violación en perjuicio de Ernesto Castillo Páez, del derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y a una efectiva protección judicial, así como a las garantías del debido proceso”.
El Estado peruano, por su lado, se negó a adoptar las recomendaciones emitidas por dicho informe, por lo que la CIDH elevó el caso a la Corte IDH. En noviembre de 1997, tres años después, la Corte ratifica lo señalado por la CIDH y declara al Estado peruano como violador de los derechos de Ernesto Castillo Páez.
Tras la insistencia de la CIDH y la Corte IDH, el caso de Ernesto Castillo avanzó en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Durante el extenso proceso judicial, recién en 2006 dos testigos reconocieron al policía que detuvo a Ernesto aquel 21 de octubre de 1990: el suboficial PNP Juan Fernando Aragón Guibovich. Esa información permitió dar con los coautores y la cadena de mando responsable de la desaparición de Ernesto.
El 20 de marzo de 2006, la Sala Penal Nacional dictó 16 de años de cárcel contra Juan Carlos Mejía León por dirigir el operativo, y 15 años de prisión contra los miembros del patrullero EDEX 29-1033, Juan Aragón Guibovich, Carlos Depaz Briones y Manuel Arotuma Valdivia.
Sin embargo, desde el 2012, la Sala Penal Nacional comenzó a admitir beneficios penitenciarios para los cuatro agentes de la PNP responsables de la desaparición forzada de Ernesto. El Poder Judicial otorgó libertad condicional a Manuel Arotuma Valdivia, Juan Aragón Guibovich, Carlos Depaz Briones y Juan Carlos Mejía León sin que terminaran sus condenas.
Con los culpables liberados y el cuerpo de Ernesto Castillo desaparecido, la Procuraduría del MINJUSDH insiste en que la Corte IDH archive el caso.
“La Procuraduría no puede tener una mirada formalista, viendo solo una parte de la sentencia y no las razones que figuran en el mismo escrito”, dice Cruz Silva del Carpio, abogada especializada en derechos humanos. “No solo se desconoce la supervisión que ya ha estado haciendo la Corte IDH, sino que pretende dejar en indefensión a la familia de Ernesto ante el sistema interamericano, lo que es una nueva revictimización inaceptable”, agrega.
