Piden anular elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación por presuntos vicios de legalidad

Diversas organizaciones civiles solicitaron la nulidad de la elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación, al considerar que el proceso habría estado marcado por graves irregularidades jurídicas. Entre ellas, las vinculadas con la participación de Patricia Benavides en la votación de la Junta de Fiscales Supremos, pese a encontrarse suspendida en el ejercicio profesional de la abogacía por el Colegio de Abogados de Lima.

El documento sostiene que la elección estaría viciada debido a que Benavides participó y votó en la sesión de la Junta de Fiscales Supremos mientras mantenía una sanción disciplinaria vigente que la suspendía del ejercicio profesional por seis meses. Según la solicitud , ello afectaría el quórum, la legitimidad de la sesión y la validez del acto administrativo.

La solicitud que exige reconsiderar la Resolución N.º 012-2026-MP-FN-JFS, mediante la cual se designó al nuevo titular del Ministerio Público, fue presentada por Fomento de la Vida (FOVIDA), organismo parte del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

“La nulidad sería una consecuencia jurídica necesaria”

Para la abogada Cruz Silva, abogada especialista del IDL, consultada para esta nota, los cuestionamientos no son menores, pues involucran requisitos esenciales para cualquier decisión estatal. “La falta de competencia válida, el objeto ilícito y el quiebre del procedimiento regular son instituciones básicas que componen la legitimidad y legalidad de un acto administrativo”, explicó.

Añadió que cuando estos elementos no se cumplen, la consecuencia jurídica es clara.“La ausencia de competencia válida, objeto lícito y procedimiento regular conlleva necesariamente a la nulidad de una decisión. Las decisiones de la Junta de Fiscales Supremos son actos administrativos y tienen que respetar estos requisitos”, señaló.

En términos prácticos, el cuestionamiento apunta a que una persona impedida legalmente para ejercer como abogada no podría intervenir válidamente en la designación de la máxima autoridad del Ministerio Público.

Una elección sin reglas claras

Silva advirtió además que el problema excede este caso concreto y revela una deuda histórica en la regulación del proceso de elección del fiscal de la Nación. “Es importante saber que el proceso de elección de fiscal de la Nación todavía tiene ausencia de mínimos básicos, como transparencia, convocatoria previa o entrevistas que permitan identificar si los postulantes tienen el perfil adecuado y los antecedentes necesarios”, sostuvo.

La jurista consideró que el mecanismo actual necesita una reforma urgente que establezca criterios objetivos y procedimientos claros para fortalecer la legitimidad institucional.

No obstante, precisó que, incluso con esas falencias estructurales, el caso actual tendría un agravante adicional: la presunta vulneración de normas relacionadas con el respeto a las decisiones de los colegios profesionales y con los requisitos legales exigidos a fiscales en funciones.

Riesgo para la legitimidad del Ministerio Público

El pedido de nulidad ocurre en un momento especialmente delicado para el sistema de justicia, marcado por cuestionamientos internos, pugnas entre instituciones y baja confianza ciudadana. Según Cruz Silva, mantener la elección sin responder de fondo a los cuestionamientos podría profundizar esa crisis. “Lo que va a suceder es que el Ministerio Público va a estar violentando su propia ley y el principio de su actuación, que es el respeto a la legalidad”, afirmó.

Agregó que ello no solo afectaría la imagen institucional, sino también el rol constitucional del organismo. “Eso va a aumentar la deslegitimidad que tiene el Ministerio Público, pero también la Junta de Fiscales Supremos. Estarían incurriendo en una violación de su deber constitucional, que es la defensa de la legalidad”, remarcó.

¿Qué vías quedan abiertas?

La Junta de Fiscales Supremos tendría plazo hasta el 27 de mayo para resolver el recurso de reconsideración presentado contra la designación de Gálvez. Si ese pedido es rechazado, Cruz Silva señaló que aún existen mecanismos legales disponibles.

“Las vías legales que quedarían serían, por ejemplo, el amparo y también plantear ante el propio Colegio de Abogados una queja ética profesional”, indicó.

Ello, debido a que los fiscales supremos involucrados son abogados habilitados y, por tanto, también están sujetos a los deberes éticos y disciplinarios de sus respectivos colegios profesionales.

Un caso inédito

La abogada destacó que, aunque existen antecedentes de sanciones disciplinarias del Colegio de Abogados de Lima contra operadores vinculados al caso Cuellos Blancos, este sería el primer caso en que se plantea la nulidad de una elección del fiscal de la Nación por la presunta votación irregular de uno de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.

La decisión que adopte el Ministerio Público en las próximas semanas no solo definirá la continuidad de Tomás Gálvez, sino también la capacidad de la institución para someterse a las reglas que está llamada a defender.

Por: Silvia Bardales Q.

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