Hemos venido siendo testigos, durante los últimos seis meses, de una falsa confrontación en medios de prensa escrita, radial y televisiva: un congresista aprista que agita una ley acusando a los últimos gobiernos de favorecerse de los medios privados a cambio de pauta publicitaria estatal versus los grandes conglomerados mediáticos privados que aducen que esta ley -a la que llaman “Ley Mordaza”- recorta gravemente la libertad de expresión, e incluso el derecho de las personas a ser informadas.
Vayamos con cuidado. Que la “ley Mulder” esté, en casi todos los aspectos, equivocada, no borra una realidad latente sobre el actual estado del “derecho a la información” de la ciudadanía: está gravemente afectada, justamente porque los medios de mayor alcance a nivel nacional son manejados por apenas un puñado de familias y corporaciones privadas que intentan hacernos tragar el cuento de que son capaces de “autoregularse” mientras no se cansan ni se avergüenzan de producir y entregar a millones de peruanos toneladas y toneladas de horas de televisión basura cada semana o mostrarnos a la mujer como un pedazo de carne a diario en todos los quioscos a nivel nacional.
Sí, la “Ley Mulder” es una pésima ley. Pésima porque en lugar de elevar los estándares de transparencia y reducir al mínimo la discrecionalidad en el uso de recursos públicos para todo tipo de publicidad estatal -incluida alguna que pueda ser necesaria- en todo tipo de medios, simplemente propone eliminar la posibilidad de hacerlo en medios privados. Pésima porque en lugar de proponer medidas para la promoción equitativa de medios educativos, comunitarios o de la sociedad civil que no buscan lucrar con la información sino informar independientemente, apenas permite la opción publicitaria para medios públicos, lo que, si bien va en el sentido correcto de potenciarlos, es, dado el escaso alcance de los medios públicos, claramente insuficiente.
Pésima porque se viene usando más como un instrumento de presión o incidencia política antes que como una iniciativa integral que busque recuperar algún tipo de democracia que se refleje en una pluralidad de opciones informativas sostenibles para la ciudadanía.
Pero que esta ley sea mala, no significa que no necesitemos una nueva ley de medios que sea más acorde con un sistema que se entienda como democrático y no siga a merced de un cuarto poder en manos de un puñado de millonarias corporaciones. El marco normativo vigente de medios de comunicación ha demostrado ser incapaz de detener esta tendencia a la concentración de medios privados que aglomeran a su vez infinidad de negocios de otros rubros que generan inevitablemente diversos conflictos de interés económico y hasta político. Por ello, necesitamos con urgencia una nueva ley, que, en esencia, democratice la información y nos saque de esa dictadura mediática que imponen los grandes medios concentrados.
Una dictadura peligrosa porque tiene el poder de hacer cargamontón mediático a personas o colectivos que cuestionan las injusticias del sistema que tienen que ver con sus intereses. Peligrosa porque trata con rudeza a algunos políticos que no son afines a sus intereses económicos mientras que a otros cuestionados los trata con guante de seda por ser afines a sus intereses comerciales. Peligrosa porque callan ante la vil trampa de empresas –nuevamente, ligadas a sus intereses- que evaden impuestos o contaminan gravemente, llevando inclusive a la muerte a comunidades enteras.
Así que no se dejen sorprender por los señorones Miró Quesada -y sus pares- que intentan enarbolar la bandera de la libertad de expresión, cuando lo que más les preocupa son sus cifras de rentabilidad comercial. Está más que demostrado que durante años sino décadas, han venido recibiendo un privilegiado tratamiento publicitario poco sustentado de parte del Estado. Sí, hablamos de cientos de millones de soles en parrilla publicitaria que han recibido solo en años recientes. Lo raro sería que no reclamen por esta ley que no les seguirá permitiendo llenar sus arcas mercantilistas, ¿no?
Desde aquí postulamos la necesidad de elaborar una nueva ley de medios, que básicamente cumpla con tres objetivos: a) Regular y supervisar con el más alto estándar de transparencia el uso derecursos públicos publicitarios de manera equitativa con todos los medios a nivel nacional, tanto privados como de la sociedad civil; b) Potenciar los medios de comunicación estatal, para que, efectiva y honestamente cumplan con satisfacer el derecho al acceso de la información de toda la ciudadanía a nivel nacional, y; c) Promover la creación y desarrollo de medios de la sociedad civil, que son los que con mayor probabilidad cuestionarán el tratamiento de la información como una mercancía disponible para el mejor postor y se pongan del lado de las demandas ciudadanas.
Desde Wayka nos sumamos al camino que necesite transitarse para, algún día no muy lejano vivir en una democracia que se precie de contar con una efectiva pluralidad de opciones informativas en muchas y no comprometidas manos y que, en caso de haber la necesidad de asignar recursos públicos para difundir información relevante, estos se distribuyan de manera honesta y transparente y lleguen de manera justa, a quienes deben llegar, y no terminen convirtiéndose en una sucia o por lo menos sospechosa moneda de cambio, como hasta ahora.
