Tras 26 años de la muerte de Mamérita Mestanza —víctima de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno del exdictador Alberto Fujimori—, llega un atisbo de justicia. Carlos Alberto Rueda Fernández, médico que se negó a atenderla, fue condenado e inhabilitado para ejercer la medicina por tres años. Además, deberá pagar una reparación civil a sus familiares.

Pese a ello, organizaciones civiles cuestionan el lento accionar de las autoridades peruanas, ya que este médico es el único procesado condenado hasta el momento de una larga lista de responsables políticos y materiales. Esperan que la justicia alcance a los autores intelectuales de las esterilizaciones forzadas: Alberto Fujimori y sus entonces ministros de Salud, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Motta.

Delito de lesa humanidad. Entre los años 1995 y 2001, el gobierno del exdictador Alberto Fujimori implementó el llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), que fue presentado como un programa para empoderar a las mujeres en temas de salud sexual y reproductiva. Pero en la práctica, este programa violó los derechos de miles de mujeres, en su mayoría quechuahablantes, quienes fueron sometidas a esterilizaciones forzadas, en contra de su voluntad, amenazadas; incluso, siendo operadas con engaños. No solo los derechos reproductivos de las mujeres esterilizadas fueron violados, sino que sus familias y comunidad quedaron con secuelas físicas y psicológicas producto del estigma por las esterilizaciones.

El programa se desplegó como una forma de control poblacional, que además fue racista y discriminatorio, al enfocarse principalmente en mujeres indígenas que vivían en zonas rurales, tenían poca o ninguna educación formal, vivían en situación de pobreza y hablaban lenguas originarias. Se calcula que alrededor de 7 mil mujeres fueron víctimas de esterilizaciones en contra de su voluntad. Aquellas que se negaban, eran amenazadas y hostigadas hasta que se realizaran el procedimiento. Esta fue una práctica sistemática y generalizada, que conllevó a ser calificada como delito de lesa humanidad.  

En seis años, desde 1995 al 2001, se calcula que más de 272 mil mujeres y 22 mil hombres fueron esterilizados como parte del PNSRPF de Fujimori. Si bien se desconoce el número exacto de operaciones sin consentimiento legítimo e informado, en el Registro oficial de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) del Ministerio de Justicia, actualmente se registran más de 8 mil denuncias.

Mamérita Mestanza es uno de los casos más emblemáticos de estas políticas racistas y clasistas de control poblacional. Ella era una mujer de 32 años que vivía en Cajamarca con su esposo Jacinto Salazar y sus siete  hijos. Desde 1996 fue acosada por personal médico del Centro de Salud del Distrito de La Encañada, quienes la buscaban en su casa y chacra para amenazarla con denunciarla si no se sometía a una ligadura de trompas para dejar de tener hijos. Según los documentos, el personal médico le decía que el gobierno había promulgado una ley para que personas con más de 5 hijos paguen una multa y sean encarceladas si se negaban a ser esterilizadas. 

Tanta fue la intimidación que sintió Mestanza, que terminó por someterse al procedimiento el 27 de marzo de 1998 en el Hospital Regional de Cajamarca. Su esposo Jacinto afirma que a ella no le realizaron ningún examen médico previo ni se le informó adecuadamente sobre las complicaciones que podría tener. Además, nunca firmó un consentimiento. 

El mismo día de la esterilización, Mamérita Mestanza fue dada de alta pese a presentar dolores. Su situación empeoró en casa, por lo que Jacinto fue a informar a los médicos lo sucedido. Ellos solo le dijeron que era una reacción normal a la anestesia. 

Se presentaron más síntomas, incluidos vómitos y fiebre, por lo que decidieron ir a la posta médica cercana. Allí se encontraba como serumista Carlos Rueda Fernández. 

«Yo le dije que mi señora esposa se encontraba delicada de salud, negándose a brindarme dicha ayuda, diciendo que dentro de 8 días la iban atender debido a que tenían que previamente programarlo. (…) Pese a haber un letrero que decía que auxilian a cualquier comunidad o paciente se negaron a auxiliarme”, manifestó su esposo Jacinto Salazar, como testimonio ante el Poder Judicial. Añadió que Rueda solo le dijo que prenda un fósforo en el brazo de Mamérita para ver si reaccionaba. 

Debido a la negligencia de Rueda Fernández, Mamérita Mestanza falleció el 4 de abril de 1998 por una infección generalizada postoperatoria, de acuerdo al certificado médico legal.

“A Mamérita no solamente se le dejó morir sin atención oportuna, sino que antes de ello, se amenazaron sus derechos reproductivos (acceso a métodos anticonceptivos y planificación familiar). Se le negó servicios en estos campos, garantizando el consentimiento previo, libre e informado en la lengua materna”, resalta María Ysabel Cedano, abogada de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), y copeticionaria en el caso de Mamérita Mestanza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

La Fiscalía solicitó 8 años de prisión para Carlos Alberto Rueda Fernández; sin embargo, el colegiado tomó en consideración que el médico no tenía antecedentes penales y la pena fue rebajada a solo 4 años de prisión suspendida, con una ejecución de 3 años en un periodo de prueba. 

El Poder Judicial determinó que Rueda fue culpable de no atender a Mamérita Mestanza en una situación de emergencia, teniendo conocimiento de que se le había realizado un procedimiento de esterilización, lo que terminó causando su muerte. 

Además de la condena, el médico ha sido inhabilitado por 3 años. Es decir, durante ese periodo no podrá desempeñarse en el sector salud. También se le impuso el pago de 50 mil soles de indemnización para la familia de Mamérita Mestanza. 

Caso Esterilizaciones Forzadas

El caso de Mamérita Mestanza fue llevado a la CIDH en 1999. El Estado peruano aceptó su responsabilidad en 2003 y firmó un  Acuerdo de Solución Amistosa en el que admitió su responsabilidad por la violación a los derechos humanos de Mamérita Mestanza y de su familia. Se comprometió a investigar y sancionar a todos los responsables directos y mediatos, así como a desarrollar políticas públicas para que estos hechos no se repitan. Pero ese acuerdo, hasta el momento, no se ha cumplido. Mientras tanto, las representantes de Mamérita Mestanza han apelado la decisión de la Sala Penal.

“El Estado peruano, al firmar el acuerdo de solución amistosa, se comprometió a investigar a todos aquellos que resulten responsables administrativamente y penalmente, sin embargo, eso no se ha cumplido. (También se comprometió) A reparar integralmente a la familia, tampoco se ha cumplido. (Se comprometió) a seguir las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en materia de políticas públicas para garantizar los derechos de las víctimas y de las mujeres en el campo de los derechos de salud sexual y reproductiva, y no ha cumplido”, expresa la defensora de derechos de la mujer, María Ysabel Cedano.

Esta sentencia por la muerte de Mamérita Mestanza se ha dado en un expediente independiente al proceso penal que se sigue contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud implicados en las esterilizaciones forzadas. 

En el caso del exdictador, la Corte Suprema anuló, en diciembre de 2023, la investigación tras aceptar la demanda de acción de amparo presentada por Alejandro Aguinaga, uno de los exministros de Salud de Fujimori  implicado en el caso como autor mediato de los delitos de lesa humanidad. 

La Fiscalía ha enviado un nuevo expediente de esterilizaciones forzadas al juez para que subsane y reabra la investigación judicial en el Perú contra el exdictador Alberto Fujimori, sus ministros Eduardo Yong Motta —recientemente nombrado director del Hospital Loayza— y Alejandro Aguinaga, además de otros autores materiales e intelectuales. Esperan que de esta forma se pueda encontrar justicia. 

Lentitud en el acceso a la justicia

Organizaciones representantes de María Mamérita Mestanza y su familia, como el Estudio para la Defensa de la Mujer (Demus), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), han expresado su preocupación por la lentitud del Estado peruano para reparar a las víctimas de esterilizaciones forzadas, sobre todo cuando ya se comprometieron a hacerlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace más de diez años, en 2003. 

Además, advierten el peligro del contexto en el que se encuentra el Perú en materia de justicia, sobre todo la aplicada en casos de  violaciones de derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno (CAI), entre 1980 y 2000. Ello debido a que, actualmente, el Estado ha tomado una postura de negar su responsabilidad en estos casos, pese a que la había aceptado con anterioridad. 

“El caso avanza lentamente y con muchas preocupaciones. Es importante que se haya dado al menos una condena, pero vemos un panorama negacionista y revisionista en el Perú de ese conflicto armado que ocasionó estas violaciones a los derechos humanos. Sí nos preocupa la lentitud y lo desalentador que suena el futuro del caso”, manifiesta Florencia Reggiardo, abogada y directora del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional). 

Agrega que la sentencia del médico Carlos Alberto Rueda Fernández no es suficiente, ya que queda pequeña frente al total de casos de esterilizaciones forzadas. “Es una justicia muy chica, por decirlo de alguna forma, frente al alcance de lo que ocurrió contra Mamérita y las más de 217 mil mujeres que fueron esterilizadas. Si ahí vamos a estar esperando a que se juzgue a cada médico que llevó adelante ese tipo de prácticas o que no atendió a las mujeres debidamente, vamos a esperar muchísimos años más. Lo importante es llegar hasta los altos mandos, que se juzgue a toda la cadena”, resalta.