La noche del sábado 22 de febrero, un violento enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú y la banda criminal «Los Gatilleros de Huaycán» dejó a tres efectivos gravemente heridos y a un civil afectado en los exteriores de la discoteca Mitma, en Huaycán. Hoy, 3 de marzo, uno de ellos falleció luego de estar días luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según informes preliminares, los agentes se encontraban realizando un operativo en la zona cuando fueron atacados a balazos por los delincuentes. A pesar de que se logró la captura de uno de los agresores, quien portaba un arma de fuego y una motocicleta lineal, el resto de la banda logró huir.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado confirmando la gravedad de los hechos y anunciando la implementación de un plan de captura para dar con los responsables. Sin embargo, hasta el momento, las familias de los agentes heridos denuncian que no han recibido ningún tipo de apoyo oficial y que se han visto obligadas a asumir todos los costos de tratamiento y medicamentos.

Familias en crisis por falta de apoyo estatal

Uno de los agentes afectados fue, el ahora fallecido, suboficial de tercera Brayan René Pérez Barzola, quien sufrió un politraumatismo craneal severo y una lesión en la cadera. Por su crítico estado de salud permanecía en la UCI y su familia se vio en la necesidad de costear todos los medicamentos que el hospital no proporciona.

«Cuando llegó al hospital, a las 4 de la madrugada, nos mandaron a comprar medicinas, pero ninguna farmacia estaba abierta. No nos dieron ni un mínimo apoyo», relató su madre, Karina Barzola Galarza a La República. La familia ha gastado más de 3,000 soles en medicamentos y exámenes, y la situación se torna insostenible.

Pérez Barzola era padre de dos niños pequeños, uno de cinco años y otro de un año y cuatro meses, a quienes ahora deja sin amparo paterno. 

El estado de sus compañeros Edwin Huacausi Ochante y Luis Fernando Ludeña Viera también sigue siendo crítico tras ser atacados por los mismos delincuentes. En el caso del suboficial Huacasi, quién presenta un severo politraumatismo, sus familiares han denunciado que también han tenido que asumir los costos de su tratamiento. 

«No hay medicamentos, ni apoyo de las autoridades, mucho menos del Ministerio. Estamos comprando todo por nuestra cuenta y ya no sabemos de dónde sacar dinero», denunció su hermano.

Huacausi, padre de tres hijos y con su esposa embarazada, enfrenta una situación económica crítica. Cada día en la unidad de cuidados intensivos representa un gasto de entre 500 y 600 soles en medicamentos, un monto insostenible para su familia.

Los familiares han intentado gestionar el reembolso de los gastos médicos, pero se han encontrado con trabas burocráticas. «Nos exigen que sea el paciente quien haga el trámite. ¿Cómo va a hacerlo si está en UCI? Ninguna autoridad se ha hecho presente, ni siquiera el comisario de Huaycán», se lamentó la familia de Huacausi.

Defensoría del Policía responde

Según La República, la Defensoría del Policía aseguró que los familiares no deberían estar pagando por los medicamentos, pues estos deberían ser cubiertos por la Farmacia de Bienestar de la Policía.

«El dinero que han gastado les será reembolsado. Si el medicamento no está disponible en el hospital, la institución debe hacerse cargo», afirmó el general Máximo Ramírez, Defensor del Policía, quien también admitió que desconocía que los familiares estuvieran asumiendo estos costos.

Mientras las promesas oficiales no se materializan, las familias de los suboficiales siguen enfrentando la incertidumbre y la desesperación. Piden que el Estado cumpla con su deber y brinde el apoyo necesario a quienes arriesgan su vida en la lucha contra la delincuencia.