Ausencia de autoridades muestra falta de compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer en Arequipa
Un análisis de las actas de las sesiones ordinarias de la Instancia Regional de Concertación contra la Violencia hacia la Mujer y el Grupo Familiar (IRC) en Arequipa revela la inasistencia recurrente de autoridades clave, incluidas las máximas autoridades municipales. De las nueve sesiones ordinarias realizadas en el período evaluado, el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, asistió solo a una, pese a su rol en la implementación de políticas públicas contra la violencia de género.
El 27 de febrero de 2023, los 18 titulares de la IRC fueron convocados para inaugurar el periodo 2023-2026, pero Rivera no asistió. Su ausencia generó reclamos de otros integrantes, lo que motivó su única participación el 25 de julio. Un patrón similar se repitió con el alcalde de la provincia de Camaná, Juan Gamarra Salazar, quien solo estuvo presente en la sesión inaugural. En las siguientes reuniones, ni él ni su representante acudieron.
La falta de compromiso es especialmente preocupante en un contexto donde las provincias de Arequipa, Camaná y Caylloma registraron el mayor número de casos de violencia física, psicológica y de otro tipo entre 2022 y 2024 en la región, según datos del Programa Nacional para la Prevención y Medición de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
Para Fiorella Matos, representante de la Asociación U-Manos, la participación de los titulares en la IRC no es solo un acto simbólico, sino una muestra de voluntad política. “Las instancias regionales permiten articular estrategias con autoridades de alto nivel. Su presencia es clave para garantizar que las decisiones tomadas se traduzcan en acciones concretas”, declaró a Wayka.
Desde la Defensoría del Pueblo, la ausencia de los alcaldes también ha sido objeto de críticas. En la sesión del 29 de abril de 2023, el entonces jefe de la oficina defensorial de Arequipa, Ángel Manrique, insistió en la necesidad de su participación. “Son actores clave, pero no están presentes. Las autoridades deben comprometerse, sobre todo cuando Arequipa ocupa el segundo lugar en casos de violencia”, sostuvo.
El problema no se limita a una sola autoridad. A pesar de los reiterados pedidos para que los titulares de las instituciones involucradas participen directamente en estas reuniones, en la mayoría de los casos asisten solo representantes o alternos con capacidad limitada para tomar decisiones estratégicas.
En términos porcentuales, la participación de titulares con capacidad de decisión cayó un 64.7% en el periodo analizado por asistencia de titulares o sus representantes (enero 2023 a julio 2024), según actas oficiales:
- 27 de febrero de 2023: 17 titulares, 1 representante.
- 29 de abril de 2023: 7 titulares, 7 representantes.
- 30 de mayo de 2023: 10 titulares, 5 representantes.
- 25 de julio de 2023: 12 titulares, 3 representantes.
- 21 de septiembre de 2023: 8 titulares, 6 representantes.
- 22 de enero de 2024: 10 titulares, 5 representantes.
- 21 de marzo de 2024: 7 titulares, 6 representantes.
- 28 de mayo de 2024: 7 titulares, 6 representantes.
- 31 de julio de 2024: 6 titulares, 6 representantes.
Situación y representación de las instancias de concertación en provincias
En cuanto a la representación de comunidades campesinas, el subgerente Rolando Apaza precisó que existen 107 comunidades campesinas con actividad orgánica, lo que equivale a 13 mil familias y aproximadamente 60 mil habitantes (4% de la población regional). Ortega subraya que la falta de representación de este sector en las instancias de articulación y gestión impide un enfoque integral para abordar la violencia.
De otro lado, también se han reportado quejas a la Comisión de la Mujer sobre la negativa a atender a mujeres trans en los Centros de Emergencia Mujer (CEM). “Las instancias deberían visibilizar estos problemas, pero no veo pronunciamientos sobre feminicidios o casos de violencia como el de la joven acuchillada en la UNSA”, cuestionó Ortega. Las observaciones fueron enviadas al Congreso de la República como base para una posible iniciativa legislativa.
Con respecto a la situación de las instancias de concertación en provincias y distritos, según el último informe de la Defensoría del Pueblo de Arequipa (noviembre de 2024), ocho municipalidades provinciales han instalado sus respectivas Instancias de Concertación contra la Violencia hacia la Mujer y el Grupo Familiar, convocando reuniones de manera regular. Sin embargo, la situación en los distritos es desigual.
- Arequipa y Camaná han logrado el 100% de cobertura en sus municipalidades distritales.
- Caravelí: solo Caravelí, Chala y Huanu Huanu tienen instancias activas; los demás distritos aún no han cumplido con su instalación.
- Castilla: aunque la mayoría de instancias están operativas, faltan constituirse en Chicaymarca y Choco.
- Caylloma: preocupa la falta de instancias en 12 distritos, incluyendo Achoma, Cabanaconde, Coporaque, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Tisco, Tapay, Maca, Madrigal y Sibayo.
- Condesuyos: no hay información actualizada sobre la instalación o funcionamiento de sus instancias distritales.
- Islay y La Unión han instalado el 100% de sus instancias distritales.
A pesar de los avances en algunas provincias, las brechas en la implementación de estas instancias ponen en riesgo la efectividad de las políticas de prevención y atención de la violencia de género en la región.
Pero no solo las autoridades, también algunas organizaciones de la sociedad civil se han contagiado del desinterés. Shirley Oporto, representante de Ni Una Menos Arequipa, cuestionó la falta de comunicación y representación efectiva en las instancias regionales. “(Los representantes de la sociedad civil) tampoco nos informan sobre los acuerdos y avances. La representación no es adecuada. Quizás no tengamos voto, pero al menos deberíamos ser escuchadas y nuestras representantes deberían trabajar en base a nuestras sugerencias. Sin embargo, parece que, al haber sido elegidas, ya no consideran necesaria nuestra colaboración, lo cual es lamentable”, expresó.
En un esfuerzo por contrarrestar la falta de asistencia de las autoridades a las sesiones de la IRC, Mercedes Neves (Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa) propuso una ordenanza para obligar la participación de autoridades. Mientras que la consejera Norma Ortega impulsó el Acuerdo Regional N° 136-2024, que recomienda incluir funciones educativas para que sugiera a la Gerencia de Educación implementar en los colegios información sobre el rol y las acciones de las Instancias de Concertación y que la elección de representantes de la sociedad civil sea por voto.
