Juan Fernández Jerí habría sido investigado por pedir dinero para favorecer a investigado en caso de asesinato en Amazonas, además se encargó de la defensa de Juez investigado por supuestos delitos de corrupción.
Esta semana juramentó como Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí. Dicho puesto fue creado por Ley Nº 30844 el año 2019, y reemplazará a la Oficina de Control Interno de la Fiscalía de Control Interno. Además, tuvo un proceso de selección de 5 meses y alcanzó el primer lugar del cuadro de méritos de la convocatoria N°002-2021-SN/JNJ, con un promedio final de 89.22 puntos.
Sin embargo, pese a que el ganador de dicho concurso fue anunciado en abril de este año, la juramentación se suspendió tras el pedido de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de reconsiderar la idoneidad de Fernandez para el cargo. Esto debido a una investigación que atravesó tras ser acusado de solicitar coimas para la liberación de Domingo Guerrero, exalcalde de Cajaruro, región Amazonas, involucrado en el caso del asesinato del vicegobernador de Amazonas, Agusto Wong López.
La Procuraduría Anticorrupción pidió que se continúen las investigaciones y se establezca si el archivamiento de esa investigación fue correcto. El 11 de julio se expidió el dictamen del Ministerio Público, en el que se dispone el archivamiento definitivo del caso, asegurando, nuevamente, que la denuncia carecía de solidez.
Además, Cruz Silva, miembro del equipo del Instituto de Defensa Legal (IDL), reveló en conversación con Wayka que se presentó un cuestionamiento adicional por parte de la CNDDHH a la Junta Nacional de Justicia, debido a que Fernández Jerí fue abogado del ex juez Edinson Polo Huamán, investigado por la Fiscalía por el presunto delito contra la Administración Pública, en la modalidad de cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y otros.
“Cómo la JNJ nombra a una persona así, ¿esto es razonable?. ¿Puede en el año uno, un patrocinante.no sé, de los Cuellos Blancos, un abogado defensor de Lava Jato, un abogado defensor de narcotráfico, poniéndonos en el supuesto, al año siguiente ser el jefe que va a controlar a todos los fiscales? Esa es la pregunta. Obviamente no. Qué tipo de legitimidad es esa, qué tipo de garantía”, mencionó Silva.
Además, Juan Fernández Jerí no habría informado sobre este patrocinio a la Junta Nacional de Justicia durante el proceso de selección. “Qué mal que la junta no señale o exija directamente tener la Declaración Jurada de Intereses, cuando hay una ley del 2021 que habla de la Declaración Jurada de Intereses que tiene que recabar la Contraloría General de la República (…) justamente esto se exige para evitar los conflictos de intereses. Cierto es que el reglamento del concurso no indica expresamente la Declaración Jurada de intereses”.
Al respecto, como se menciona en el portal web del Gobierno, la Ley 31227 y la Ley 31506 que modifica su artículo 13, establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración jurada de intereses (DJI) de carácter preventivo por parte de candidatos a cargos públicos. La Declaración Jurada de Intereses es un instrumento útil para la detección y prevención de futuros conflictos de intereses.
Sobre el cargo
El cargo de Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público nace como una de las reformas que se aplican a raíz del caso de los Cuellos Blancos del Puerto, en el que se evidenciaron supuestos de corrupción, conflictos de intereses y falta de fiscalización.
El Artículo número 51 de la Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, señala que esta institución tiene a su cargo el control funcional de los fiscales de todos los niveles y del personal de función fiscal del Ministerio Público, salvo el caso de los fiscales supremos que es competencia exclusiva de la Junta Nacional de Justicia.
Según Cruz Silva, el cuestionamiento nace desde el hecho que “el perfil habla de una conducta intachable, incuestionable. Se entiende que si hay algún cuestionamiento que es razonable y del que todavía no se aclara, pues no cumple con el requisito”
En relación con la juramentación de Fernández Jerí, Silva mencionó lo siguiente: “Ahora los ciudadanos nos quedamos con la garantía, la no confianza, y la no legitimidad, de tener una persona así nombrada en ese cargo, y esto es grave”.
La denuncia de Guerrero
El 2014, Yanet Guerrero denunció a Fernández Jerí por presuntamente pedir dinero para la liberación de su padre, Domingo Guerrero, que fue involucrado en el caso del asesinato del Vicegobernador de Amazonas, Agusto Wong López. Esto, mientras él asumía la alcaldía de Cajaruro, en la misma región.
Según la demandante, su padre estaba siendo víctima de una conspiración de autoridades vinculadas a actos de corrupción en Amazonas. Cabe resaltar que el acusado, Domingo Guerrero, fue liberado en 2016 y fue absuelto en enero del 2020. Esta decisión se tomó en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.
Tras esto se inició una investigación contra Juan Fernández Jerí. Quien en el momento de los presuntos hechos era adjunto del Fiscal de la Nación, José Pelaez Bardales, y además era el coordinador de la especialidad medioambiental. Pero en 2017, la denuncia fue archivada por el fiscal supremo de control interno, Víctor Rodríguez Monteza, señalando que los cargos nunca se pudieron probar.
Es importante mencionar que Rodríguez Monteza fue destituido por la Junta Nacional de Justicia por vínculos con Los Cuellos Blancos, cuando era fiscal supremo de Control Interno.