Redacción Wayka
El Frente de Defensa de Morococha cuestionó la última modificatoria al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de expansión de la Unidad Minera Toromocho, de la minera Chinalco Peru SA, por no incluir a la población que se quedó después de la reubicación dentro del área de influencia directa e incumplir compromisos asumidos antes de la pandemia.
Carlos Castro Torres, abogado invitado por Red Muqui, resaltó en conferencia de prensa virtual que el primer estudio verificó e identificó la existencia de la antigua ciudad de Morococha, pero en la modificación “lo ha omitido”. En ese sentido, agregó, de emitirse una resolución favorable para el EIA, se afectarán los derechos de los vecinos.
“(El EIA) supone la inexistencia de personas aledañas al proyecto y también va a afectar a los derechos que estas personas poseen, como el derecho al reasentamiento. (…) Entendemos que gran parte de la población de la antigua ciudad de Morococha fue reasentada en 95 %, sin embargo, las personas que se quedan ya sea uno, dos, tres o 45 familias, como son reconocidas por la minera Chinalco, son continentes de derechos constitucionales que el Estado peruano debe y va a defender, de no ser así los pobladores van a activar los mecanismos que la ley les provee para su atención ”, alertó.
En tanto, el Frente de Defensa de Morococha reclamó por la mesa de diálogo pendiente y los “compromisos que debió asumir Chinalco”, pero se “da un salto” para dar prioridad a la modificatoria. Otra de las observaciones que encontraron en el nuevo estudio es el incremento en la cantidad de extracción, de 117 mil toneladas a 170 mil toneladas diarias de mineral, lo cual no fue informado a la población.
La sociedad civil envió estas observaciones al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para que sea tomada en cuenta durante la evaluación.
