Por Álvaro Meneses

Cerca a las orillas del lago Imiria, en Ucayali, la comunidad nativa shipibo-konibo Caimito tiene un problema con el Gobierno Regional. “El Gobierno Regional de Ucayali ha despojado a la comunidad de 73 hectáreas de sus bosques, y a favor de colonos migrantes que le compran tierras al Estado a espaldas de los pueblos indígenas», explica Carol Vigo Escalante, abogada del Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox).

En el distrito de Masisea, de la provincia de Coronel Portillo, el Gobierno Regional de Ucayali ha despojado 73.11 hectáreas de bosques ocupados por la comunidad nativa de Caimito, conformada por indígenas shipibos-konibos dedicados, en su mayoría, a la agricultura para el autoconsumo. Desde entonces, la comunidad nativa exige el respeto de sus territorios.

Sin embargo, en una reunión técnica llevada a cabo la mañana del pasado 24 de agosto, el Gobierno Regional de Ucayali presionó para que los shipibos-konibos desistan de su defensa hacia las 73 hectáreas de bosques. Así consta en el acta de dicha reunión en la que participaron funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, representantes del proyecto USAID Pro-Bosques y dirigentes indígenas de las comunidades de Caimito, Nuevo Loreto, Junín Pablo y Nueva Yarina.

“En la comunidad de Caimito debe realizar una asamblea para dar a conocer a la población sobre los detalles de la georreferenciación, y deben tomar la decisión unánime de solicitar la exclusión de 73.11 hectáreas”, dice el acta al que Wayka tuvo acceso. Es decir, el Gobierno Regional de Ucayali, en coordinación con USAID Pro-Bosques, acordó imponer a la comunidad nativa de Caimito a que renuncien a más de 70 hectáreas de sus bosques.

En el acta también consta que el Gobierno Regional de Ucayali condiciona la georreferenciación de la comunidad de Caimito, un proceso para delimitar territorios de los pueblos indígenas, a la entrega de las 73.11 hectáreas de bosques en cuestión. “Seguido a ello, realizar las coordinaciones para la validación de planes y que la DRAU continúe con el proceso de georreferenciación”, dice el acta a continuación.  

Miembros de la comunidad de Caimito comprobaron presencialmente que en el área de las 73 hectáreas solicitadas por el Gobierno Regional de Ucayali desaparecieron los bosques vírgenes, y en su lugar hay campos de cultivo. Los comuneros señalan como responsables a colonias de migrantes que han ocupado y deforestado sus bosques en los últimos cuatro años.

En febrero de 2020, la Procuraduría del Medio Ambiente presentó una denuncia ante las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto y Ucayali para que investiguen el origen de la deforestación en los bosques del distrito de Masisea, colindantes al territorio de la comunidad nativa shipibo-konibo de Caimito. Las autoridades sostienen que las colonias de migrantes han arrasado con más de 2500 hectáreas de bosques sin autorización.

“Tenemos pruebas de que antes de la presencia de menonitas (colonias de migrantes) había bosque y, después de su llegada estos bosques se convirtieron en sembríos”, dijo en su momento el entonces procurador del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán Mendoza. “Se han incumplido todas las normas para el desboques”.

De acuerdo a las primeras diligencias del Ministerio Público, las colonias de migrantes acentuadas en el distrito de Masisea han arrasado con más de 3.4 mil hectáreas de bosques en los últimos 4 años. Un análisisde Monitoring of the Andean Amazon Project identificó a 3 colonias y los niveles de deforestación que provocaron: Tierra Blanca 1 (2.2 mil ha), Tierra Blanca ll (400 ha) y Masisea (870 ha).

En los últimos veinte años, la Amazonía peruana ha perdido 2 millones 636 mil 585 hectáreas de bosques, según cálculos del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Agricultural. Una de las principales causas de la deforestación fue la actividad agroindustrial.