Gobierno deja sin presupuesto a víctimas de esterilizaciones forzadas

Carla Díaz / Graciela Tiburcio

En 2015, el gobierno peruano emitió un decreto histórico: aprobó una política de búsqueda, identificación y reparación para mujeres y hombres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori, entre 1996 y 2000. Desde entonces, solo en dos años, el REVIESFO – Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas – recibió 6 mil 526 solicitudes.

La norma contemplaba brindar asesoría legal y psicológica así como atención preferencial en salud en el Sistema Integral de Salud (SIS) para las personas que ingresaran al registro. Pero desde diciembre de 2017, el mismo mes que se le otorgó el indulto a Alberto Fujimori, el Ministerio de la Mujer informó abruptamente en reuniones con las organizaciones de mujeres víctimas de esterilizaciones que los servicios de atención se suspenderían por falta de presupuesto.

“En la última reunión que tuvimos con el MIMP nos dijeron que no había presupuesto para seguir. Se supone que el gobierno está comprometido y debe continuar con los programas pero al final nos han dejado en la nada”, declaró para Wayka, Maria Elena Carbajal, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima Sur. Carbajal, al igual que miles de mujeres, también fue esterilizada contra su voluntad cuando tenía 26 años y acudió al Hospital Maria Auxiliadora de San Juan de Miraflores.

En 2016, el MIMP destinó para el REVIESFO 3 millones 782 mil 157 soles y en 2017 aumentó su presupuesto a 5 millones 155 mil 686 soles, según documentos remitidos por el MIMP a los que tuvo acceso a Wayka. Sin embargo, para 2018 no existe dinero asignado para las atenciones a las víctimas de esterilizaciones forzadas, a pesar que el Programa el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual solicitó mediante el Oficio N° 655 – 2017 a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el monto de 7 millones 862 mil 752 soles para el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas.

El panorama es crítico debido a que la suspensión del presupuesto para el REVIESFO pone en peligro el trabajo de capacitación realizado en los 46 Centros de Emergencia Mujer (CEM) de 22 regiones del país, los cuales estaban habilitados hasta 2017 para atender a mujeres inscritas en el registro.

Wayka se comunicó reiteradamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para pedir explicaciones sobre estas denuncias, pero quienes atendieron informaron que no se pronunciarían al respecto.

Para Milton Campos, abogado de DEMUS, organización que litiga los casos de Mamérita Mestanza, Celia Ramos Durán y Victoria Vigo, la suspensión del acompañamiento psicológico pone en riesgo la decisión de miles de mujeres víctimas de esterilización para judicializar o no sus casos.

“Hay mujeres que nunca hablaron y que han empezado a hacerlo, mujeres que estaban en proceso de aceptar su realidad y hacer parte a su entorno familiar para ser acompañadas y denunciar, pero ahora todo se ha truncado y nos parece una nueva forma de revictimización a las mujeres que han sido esterilizadas”,  añadió.

“Para las mujeres esto es una burla. Primero les dijeron que les darían soporte, empiezan a darlo y de pronto ya no. Eso es preocupante, la dirección que está encargada de esto ha pedido un presupuesto adicional pero todavía no hay respuesta”, comentó Raquel Reynoso, Coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilización Forzada.

PPK INCUMPLE COMPROMISO

La ausencia de voluntad del Ejecutivo para responder a las sobrevivientes de esterilizaciones forzadas dista mucho de cuando en febrero de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó un compromiso con la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, donde aseguró que el Estado brindaría servicios especializados en salud mental.

Sobre la situación del servicio de asesoría legal a cargo del Ministerio de Justicia, Reynoso informó que el grupo de trabajo de seguimiento a los casos de esterilizaciones forzadas  aún esperaba la respuesta del MINJUS el avance y la situación actual del  REVIESFO.

Rosa Reátegui, otra sobreviviente de esterilización forzada, denunció también le negaron la atención en el SIS, a pesar de que el servicio de atención médica especializada para las personas inscritas en el REVIESFO aún se brinda. “A algunas mujeres no las quisieron atender en el SIS, aún teniendo su constancia del REVIESFO. El personal no está informado de la norma“, añadió Reynoso.

CONSECUENCIAS DEL INDULTO

El 11 de enero, las sobrevivientes de esterilización forzosa, Victoria Vigo y Maria Elena Carbajal, anunciaron junto a organizaciones de derechos humanos que habían solicitado audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar cómo la gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori anulaba la posibilidad de investigar y sancionar a los autores mediatos de la política de esterilizaciones.

“Una vez que se abra la investigación judicial para las esterilizaciones forzadas, Fujimori y sus abogados podrían pedir que se aplique el derecho de gracia presidencial para estas nuevas investigaciones. Estamos hablando del mayor autor mediato de esta política, definitivamente hay un impacto que afecta a todas las mujeres. Están cerrando la posibilidad de investigar a quien digitó todos estos hechos”, comentó al respecto Campos.

Sobre este panorama, Victoria Vigo recalcó que para las mujeres víctimas de la política de Estado que esterilizó a miles ciudadanas durante el gobierno fujimorista “sería como quedar en cero, como si la lucha se anulara totalmente. Para nosotras es un retroceso, es haber perdido todo”.

Actualmente, las víctimas esperan que el Fiscal Superior Luis Landa decida si se archiva la investigación judicial sobre esterilizaciones forzadas o se abre denuncia. Como se recuerda, en 2016 la investigación fue archivada en primera instancia por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial a cargo de Marcelita Gutiérrez quien no consideró los hechos como un delito de lesa humanidad.