Mientras ciudadanos de regiones eran detenidos en el campus universitario, los estudiantes residentes en la ciudad eran expulsados de sus viviendas violentamente por la Policía Nacional del Perú. Ellos manifiestan que personal administrativo encargado de la residencia presenció las agresiones, pero optaron por no hacer nada. Evalúan iniciar demanda contra rectora Jerí y administrativos.
Por Ghiomara Rafaele
El 21 de enero, Lesly Atencia salía de bañarse de uno de los baños de la residencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuando vio a los policías ingresar disparando bombas lacrimógenas. Lesly se asustó y decidió regresar a los servicios a esconderse, pero fue encontrada. El policía que la ubicó empezó a arrastrarla por el suelo, a jalones y arañazos.
“Yo le decía: ¡no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada! Aún así me arrastró por el suelo, me jaló y nos arrodillaron [a los estudiantes]. Luego nos llevaron al parque de Letras. Ahí trajeron la lista, nos empezaron a llamar, pero el administrador de la residencia, José Díaz, y el jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario (OGBU), Miguel Rodriguez, no trajeron la lista completa [de todos los residentes]. Solo observaban y no decían nada”, cuenta Lesly.
Las y los estudiantes residentes agrupados evalúan interponer demanda contra el personal administrativo a cargo de la vivienda universitaria, la rectora Jerí Ramón y miembros de la Policía. Para ello se encuentran en la búsqueda de asistencia legal para que las agresiones de las que fueron víctimas no quede impune,
La residencia de San Marcos es un espacio construido para estudiantes provenientes de las provincias o dirigido a jóvenes que no cuenten con recursos económicos para alquilar una vivienda cerca al campus.
RESIDENTES DESPROTEGIDOS
Era cerca de las nueve de la mañana. La Policía había ingresado a la universidad con tanquetas por la puerta tres del campus, derribando parte de la infraestructura. Al igual que los ciudadanos de regiones que se albergaban en las instalaciones de San Marcos, los estudiantes residentes habían sido tomados por sorpresa.
Carol Terrel, alumna de la carrera de Educación, se encontraba en una de las habitaciones cuando escuchó los sonidos de las bombas. Rápidamente se paró y empezó a grabar. Observó a dos policías que disparaban lacrimógenas al cuerpo de ciudadanos, quienes permanecían descansando en las inmediaciones. Lo único que atinó a decir fue: ¡No ataquen, recuerden que son pobladores, son hijos de la provincia!
La irrupción policial a pedido de la rectora Jerí Ramón no contaba con la presencia de representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo o una orden judicial. Mientras en diversos puntos de la universidad detenían a ciudadanos; en la residencia la policía, empezó a romper puertas, destrozar habitaciones, acorralar a estudiantes y a gasear indiscriminadamente.
“La Policía intervino abruptamente rompiendo la puerta y la chapa de la llave. Nos empezaron a sacar a la fuerza. Preguntamos el motivo por el que nos estaban sacando de nuestra habitación. Sin embargo, no nos dijeron algo”, narra Mónica Atencia, estudiante de Sociales.
Mónica, había salido de la ducha a su cuarto, cuando también escuchó los gritos de sus compañeros y los disparos de las bombas. El tiempo solo le permitió ponerse un polo delgado y un buzo liviano. Salió corriendo al ver que tres miembros de la Policía empezaron a disparar bombas lacrimógenas en Resimarket, un área ubicada en el primer piso de los dormitorios que albergaba a ciudadanos del Vraem. En esa área se encontraba una mujer embarazada con una niña de ocho años. A la Policía no le importó y los gasearon ferozmente en un espacio cerrado.
Algunos estudiantes fueron sacados, otros por temor empezaron a salir de sus habitaciones. Todo destrozado. Los policías trasladaron a los estudiantes al patio de residencia, donde el sonido de las bombas continuaba y un contingente policial los cercó.
AGRESIONES E INDOLENCIA
Según el testimonio de las y los estudiantes, los dos trabajadores institucionales mencionados no impidieron las agresiones contra estudiantes. Solo observaban la violenta represión. “Cuando empezaron a pedir nuestros datos, nosotros le solicitamos a Díaz y Rodríguez que pasaran la lista completa de los residentes; sin embargo, no lo hicieron. Le gritábamos, le pedíamos por favor que presenten [la lista]. Hicieron caso omiso de nuestra petición”, narra Carol Terrel.
“Nos han correteado peor que animales, nos han enmarrocado, nos agarraron del cuello. A varios compañeros los golpearon. Nos retuvieron en la residencia universitaria con el presunto delito de tener un elemento subversivo. Sin embargo, no teníamos nada malo”, cuenta Diani Vivas, estudiante de Sociología.
Al igual que sus compañeros, Carol no estaba de acuerdo con el ingreso violento a la residencia y se negó a retirarse de su vivienda por temor a que le siembren algún elemento subversivo. “Nos querían trasladar a la puerta tres, nosotros nos negamos. Ahí es cuando la policía me empezó a pegar. Me lanzaron patadas en la pantorrilla, me golpearon con palos en las costillas y en los brazos me rasguñaron. Cuando nos trasladaban, un policía me empujó con su escudo, yo caí y, debido a que sufro de ansiedad, me empecé a ahogar. El policía dijo: ‘de seguro está dramatizando’ y se empezó a reír. Luego empecé a vomitar por la falta de aire”, cuenta.
Los estudiantes de residencia agrupados también confirman que la lista de residentes se encontraba incompleta debido al retraso administrativo para actualizar los datos de los estudiantes incorporados en la última convocatoria del Gremio de Residentes en la Vivienda Universitaria (GREVU). La demora en la actualización originó que varios estudiantes sean trasladados a la Dirección contra el terrorismo Dirección contra el terrorismo DIRCOTE, Dirección de Investigación Criminal DIRINCRI o División de Asuntos Sociales DIVASSOC.
Uno de ellos es Marcos Tello, estudiante de filosofía enfocado en la investigación académica, quien ahora es investigado por presunta apología al terrorismo. El sustento de la DIRCOTE es haber encontrado libros que están incluidos en la malla curricular de su carrera como textos de Hegel, Espinoza, Karl Marx, Heidegger y Sartre.
“Cinco policías rebuscaron todo lo que había en mi cuarto. Los libros, propios de mi carrera, fueron minuciosamente revisados. Nota por nota, página por página. Todo ese proceso fue sin la presencia de un fiscal, quien se apersonó dos horas después”, explica Marcos.
También Edwin Beltrán fue detenido, pese a que se encontraba llevando donativos para los ciudadanos albergados en San Marcos. Había ingresado a la ciudad cuando fue intervenido y rebuscaron su mochila. La Policía encontró un poncho y un sombrero típico de Huancavelica. ”Me decían este sombrero de dónde es, de quién es, para qué lo llevas, si eres estudiante para qué llevas un sombrero”.
A Edwin lo llevaron a la DIRINCRI, ahí los policías le quisieron obligar a firmar un documento, él se negó porque no estaba acompañado de su abogado. “Nos obligaban a firmar y como no quería me dijeron: ah ¿te niegas a firmar?, entonces desátate tus pasadores, bájate el pantalón y mira la pared. No quieres firmar, te voy a tratar como un delincuente”, narra Edwin.
A pesar de que la Decana de América es considerada una de las casas de estudios más prestigiosas de Perú por su tradición y calidad, sus estudiantes fueron agredidos, enmarrocados y tratados como delincuentes. Los estudiantes ahora se encuentran en libertad debido a que no se encontraron pruebas para incriminarlos por acciones subversivas. Sin embargo, aún no se inicia un proceso de investigación para determinar a los responsables de los golpes, insultos, violencia psicológica, destrozos en la residencia, daño de la imagen personal y estigmatización en contra de ellos.
Wayka se comunicó con José Díaz, administrador de la residencia, quien mencionó que no podía brindar declaraciones y sugirió que contactáramos con la OGBU; Miguel Rodríguez, declaró lo mismo: «no puedo brindar declaraciones sin autorización de mis superiores». Por otro lado, el Gremio de Residentes de San Marcos confirmó a Wayka que iniciarán una demanda contra José Díaz, Miguel Rodríguez, Jeri Ramón y la Policía Nacional del Perú por encontrarlos responsables de la violenta intervención. Ahora se encuentran en búsqueda de apoyo legal para tramitar la demanda. Asimismo, están elaborando una solicitud para pedir la renuncia de la rectora Jerí Ramón.
