Desde endurecer penas hasta la intervención de civiles por mera sospecha policial sin la presencia de un fiscal. Ayer, a tan solo unos días del reinicio de las protestas contra el régimen de Boluarte, el Ejecutivo anunció la extensión del Estado de Emergencia al Cercado de Lima con el pretexto de combatir la inseguridad ciudadana.

Por Jair Sarmiento

Las movilizaciones contra el régimen de Dina Boluarte se retomarán este jueves 12 de octubre a nivel nacional y como si fuera represalia, el Ejecutivo ha planteado cuestionables medidas con el pretexto de combatir la inseguridad ciudadana.

En tal sentido, ayer el Ejecutivo anunció que extendería el Estado de Emergencia al Cercado de Lima, la misma estartegia que viene siendo inplementada desde setiembre en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, en donde cientos de militares apoyan a la Policía en tareas cotidianas.

Tradicionalmente el Cercado de Lima ha sido un lugar en donde se han organizado y desarrollado movilizaciones durante décadas, y también ha sido escenario de violaciones de derechos humanos, incluso en las recientes marchas que exigen la renuncia de Boluarte por las 49 víctimas de la represión policial y militar.

En ese sentido, ayer también el régimen de Boluarte publicó el Decreto Legislativo Nº 957 en donde dispuso la modificación del artículo 205 del nuevo Código Procesal Penal, el cual regula el control de identidad policial.

La norma indica que el agente policial podrá intervenir a las y los ciudadanos en caso de «motivo fundado», es decir, a mera sospecha o interpretación de la policía, sobre la supuesta comisión de un hecho delictivo. Y no será necesaria la presencia de un fiscal. En caso de que la persona no cuente con DNI, será trasladado a una comisaría, donde será retenido por un máximo de cuatro horas para su identificación. Y, en el caso de extranjeros, se refiere que la retención será de hasta 12 horas.

Esto ha sido criticado por expertos en el área legal y penal ya que se podría intervenir o detener a ciudadanos de forma arbitraria, hecho que ya ha sucedido en movilizaciones contra Boluarte desde diciembre de 2022.

Asimismo, no está demás recordar que en febrero de este año, luego de las marchas, el Ejecutivo de Boluarte presentó el proyecto legislativo 4271/2022-PE con el fin de endurecer penas de delitos durante un estado de emergencia. Este documento aún se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Cabe recordar que ciudadanos ya han sido detenidos y acusados arbitrariamente de delitos como disturbio, sin embargo, han salido en libertad luego de que la Fiscalía no haya podido tener suficientes elementos de convicción para demostrar que hayan cometido tales delitos y se amerite la prisión.