Hace días, Dina Boluarte celebraba que el 99% de peruanos tenía acceso a un seguro médico, ahora la muerte de un congresista vuelve a poner sobre la mesa las falencias de un sector desmantelado y en crisis casi permanente. Desde hace años se conoce que las postas médicas no cuentan con personal ni equipos para la atención pública.
Por Jair Sarmiento
Hoy el país amaneció con la noticia del fallecimiento del congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García, quien se encontraba en Arequipa por la convención minera Perumin. En ese contexto, sufrió un problema de salud en el distrito de Punta de Bombón. Fue dirigido a la posta médica del lugar, pero no había personal, así que fue derivado al hospital Manuel de Torres Muñoz, en Mollendo. En aquel trayecto, falleció.
Esto último fue confirmado por el Gerente de Salud de Arequipa, Walter Oporto, quien mencionó a la prensa que no tienen presupuesto para contratar personal para el turno noche y que realizarán una reorganización.
La muerte súbita del legislador fujimorista por falta de atención médica vuelve a poner el foco en la gran vulnerabilidad del sistema de salud peruano. Poco tiempo atrás lo hizo la pandemia de la covid-19 que encontró a este sector sin suficientes camas de UCI, oxígeno ni recursos humanos en los hospitales. A pesar de esta realidad, Dina Boluarte celebró que «más del 99% de peruanos tiene un seguro médico».
En cifras, en el 2016 la Contraloría hizo auditorías para conocer la situación de los establecimientos de primer nivel de atención y alertó que la mitad de postas médicas en el Perú no contaban con personal de salud (médicos, enfermeras y técnicos) mínimo para atender pacientes.
Según el gráfico de arriba, se puede ver que Puno ocupa, tristemente, el primer lugar en lo que respecta a la carencia de personal médico. Hay que recordar que Óscar Catacora, director de la primera película aymara rodada en el Perú (Wiñaypacha), también falleció por falta de atención en la provincia de El Collao.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo señaló en junio de este año que el 77 % de establecimientos del primer nivel del Minsa y gobiernos regionales presenta capacidad instalada inadecuada.
De igual forma, manifestó su preocupación pues la reforma en el sector salud se encuentra paralizada ya que la Comisión de Alto Nivel para el nuevo Sistema Nacional de Salud «no se habría instalado pese a que su creación se realizó en octubre de 2022«.
«El Minsa señala que más del 94.47 % de estos establecimientos (de primer nivel de atención) presenta precariedad en infraestructura y equipamiento», indicó hoy la Defensoría en sus redes sociales.
Al respecto, distintos sectores y especialistas del sector también exigen un fortalecimiento en el sistema de salud pública, sin embargo, hay quienes plantean la privatización de la salud para una «mejor atención». Este argumento resulta cuestionable cuando recordamos lo que sucedió con la última pandemia del coronavirus, y las clínicas realizaban cobros excesivos para la atención de pacientes, lo que registró la propia Contraloría.
De igual modo, es necesario recordar que dicha propuesta de privatización y desmantelamiento del sector salud ocurrió durante la dictadura de Alberto Fujimori en los 90s.
«En el proceso de reforma llevado a cabo durante los años noventa, se perfila claramente un neoliberalismo…Este viraje en salud quedó demostrado en la Constitución Política del Perú de 1993, en la cual —a diferencia de la anterior (1979)— el acceso a la salud dejaba de ser un derecho protegido por el Estado», señala el artículo Neoliberalismo, violencia política y salud mental en Perú (1990-2006) de Patricia Palma, investigadora en el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá (Chile).
El entonces legislador Javier Diez Canseco también recordó este proceso en un artículo llamado La salud en los tiempos de Fujimori.
«Desde 1991 hasta antes de las elecciones del 95, el Fujimorismo estuvo empeñado en privatizar la salud (…) en 1992 dispuso que los hospitales y postas médicas del Estado se agencien de recursos propios mediante el cobro por consultas y servicios, antes gratuitos», menciona.
El proyecto privatizador de Fujimori no se concretó ya que hubo un gran rechazo de los trabajadores de salud, de los médicos y de parte significativa de la opinión pública.
«La ola privatizadora no se dio por vencida y sus presiones llevaron a que en 1997 se creen las Empresas Prestadoras de Salud (EPS)», apunta el excongresista y una de las figuras más representativa de la izquierda peruana.
El exlegislador señala en este documento que la desocupación, la falta de empleo, los bajos ingresos de la población combinada con el cobro por los servicios llevó a un desplazamiento de la demanda a los hospitales públicos.
«Ahora estos hospitales atienden en mayor porcentaje a pacientes de ingresos medios que antes se atendían en el IPSS o en clínicas privadas, mientras que los sectores pobres, que no pueden cubrir dichos costos, han incrementado las consultas en las postas médicas, en farmacias y acuden a otros servicios menos profesionales o simplemente no se curan», recordaba.
