En las zonas rurales de Perú, cada día se registra el parto de una niña entre 10 y 14 años. Ellas sobreviven en entornos donde la violencia sexual es diaria y reforzada por la ausencia de justicia.
Por Graciela Tiburcio Loayza
Diana* vive en la comunidad de Sallaq en Cusco. Cuando tenía seis años, su hermano mayor abusó sexualmente de ella. Este episodio sería el inicio de una cadena de violencias a las que ha tenido que sobrevivir. Cuando estaba en 4to de secundaria, volvió a ser víctima de violación. Esta vez, el agresor fue un compañero de colegio que nunca tuvo que responder por su delito antes las autoridades. Producto de este abuso, Diana quedó embarazada.
Ella tenía 16 años. Su colegio no contaba con servicios higiénicos, así que debía ir al bosque. Su compañero de salón abusó de ella en uno de esos viajes al ‘baño’. No era la primera vez que la agredía. Este alumno la acosaba constantemente, la tocaba sin su consentimiento y en una ocasión también intentó violarla. Por temor a la reacción de su familia, Diana calló lo sucedido. Hasta que, a los cinco meses de embarazo, su madre se dio cuenta de su estado.
Lejos de recibir justicia, las autoridades de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), del Centro de Emergencia Mujer y Fiscalía defendieron a su agresor, según relata ella misma. Hicieron una prueba de ADN que supuestamente demostró que su compañero de colegio no era el padre, pero nunca enseñaron el certificado de los resultados a la familia de Diana. Su agresor ahora está casado con otra joven de la que también abusó.
Con la justicia dándole la espalda, Diana se resignó a sobrevivir a un embarazo que la hizo padecer constantes dolores, miedo y vergüenza. Ella no quería ser madre, pero el personal de salud le decía que «debía darle cariño a su hijito». El parto se le adelantó un mes. Diana cuenta que, si bien comenzó a desarrollar cierto afecto por el recién nacido, también la invaden pensamientos como «que mejor sería que muera», pues le recuerda la violencia vivida.
Como Diana, Ofelia* tiene una historia de vida similar. Ella vive en la comunidad de Quiquijana en Cusco . No pudo terminar el colegio porque en 6to grado quedó embarazada debido a una violación sexual. Tenía solo 12 años, había salido a pastar a sus animales cuando un vecino de 60 años la interceptó y abusó de ella. Al igual que Diana, calló lo sucedido por temor a la reacción de su familia y a las posibles represalias del agresor.
Su familia se dio cuenta del embarazo cuando ya tenía siete meses. Ofelia también padeció bastantes complicaciones durante la gestación. Tuvo que ser sometida a una cesárea, pues su cuerpo no estaba preparado para soportar el parto. «No vas a poder dar parto normal, porque tus huesitos recién se van a formar, recién estás wawa todavía», le dijo el personal de salud del Hospital Regional de Cusco.
Ofelia no quería ver a la recién nacida. No sentía ningún vínculo con ella. Pero las médicas la obligaban a darle de lactar y le insistían en que «debía quererla». «Cuando ha nacido no la quería ver, no sabia que estaba gestando y prefiero que me lo saquen. Solo lloraba y lloraba nomás», narra la adolescente que ahora tiene 18 años y que se ha visto obligada a centrarse solo en el trabajo para mantener a su hija.
Sus testimonios han sido recopilados en la investigación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán «Nuestras voceos si importan: Historias detrás de los embarazos forzados» que recoge las experiencias de adolescentes y niñas forzadas a asumir la maternidad y cómo los operadores de justicia y salud convergen para seguir perpetuando la violencia que afecta sus vidas y derechos.
“Los resultados del estudio muestran un panorama más real sobre las complicaciones en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en el ámbito rural y que principalmente afectan los derechos de las niñas”, detalla Eleana Rodríguez, coordinadora del programa de derechos sexuales y ciudadanía en salud de Flora Tristán. El estudio completo será presentado este viernes 26 de marzo a las 3 pm en las redes de dicha institución.
Niñas, no madres
Las historias de Diana y Ofelia no son casos aislados. Cada año son miles las niñas víctimas de violencia sexual. Solo en 2020, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 1 181 partos de niñas menores de 14 años. 26 de ellas tenían menos de 10 años, cifra que se ha cuadruplicado respecto a los últimos años. Hasta quincena de marzo de 2021, el Minsa ya contabilizó 115 partos de niñas.
En Cusco, donde viven Diana y Ofelia, se han registrado cinco partos en lo que va del año. Mientras que en Ucayali ya son 17, en esta región viven Beatriz y Ana*, ambas también sobrevivientes de violencia sexual. Sus historias, al igual que las anteriores, están marcadas por la falta de acceso a justicia y la imposición para continuar con los embarazos.
Beatriz tenía 15 años cuando fue secuestrada por un amigo de la familia. El agresor tenía 24 años, se la llevó a la fuerza y la tuvo encerrada durante todo un día en su cuarto. Luego de abusar de ella, la amenazó para que no lo denunciara. Producto de este abuso, Beatriz quedó embarazada. Ella cuenta que los nueves meses de gestación los pasó sumida en depresión. Tenía incertidumbre por su futuro y sentía mucha vergüenza por el embarazo.
«Ya no voy a ser la misma la que yo era feliz, la que yo corría por aquí por allá , ya no voy a ser así, prácticamente mi vida cambia», cuenta Beatriz. Ella quería abortar, pero su familia no lo permitía. Al final, terminó aceptando el hecho de que debía ser madre aunque no quisiera. Su dolor y miedo han generado que no desee vincularse con ningún hombre en el futuro e incluso rechaza la posibilidad de enamorarse. Su agresor nunca fue denunciado.
Ana fue víctima de violación a los 14 años. Un cliente de la tienda familiar ingresó a su cuarto y abusó de ella. Su madre intentó hacer la denuncia, pero la policía puso mil trabas administrativas. En la comisaría le pidieron el nombre, la dirección y demás datos personales del agresor. En lugar de que las autoridades hicieran las indagaciones correspondientes, obligaron a que la misma familia las realice.
Por la falta de apoyo legal y al no contar con los recursos suficientes para obtener de manera particular la información sobre el agresor, a Beatriz y a su madre no les quedó más opción que desistir de la denuncia. El hombre que abusó de ella, sigue libre. La adolescente cuanta que, cuando acudió al centro de salud, lo primero que le dijeron fue que el embarazo no implicaba ningún riesgo para su salud y su vida.
Esto a pesar que el embarazo en niñas conlleva que tengan cuatro veces más probabilidades de morir, a diferencia de una mujer adulta. A Beatriz y Ana nunca les ofrecieron la opción del aborto terapéutico, que es legal desde 1924, incluso teniendo en cuenta que ellas mismas hicieron explícito su deseo de interrumpir el embarazo.
«Yo no quería tenerlo, porque al ver su cara me voy a acordar lo que pasó. Me sentí muy mal no sabía que hacer», testifica Ana. Ella, a diferencia de Beatriz y las demás niñas que narraron sus historias en el estudio de Flora Tristán, tuvo el apoyo de su familia y lograron acceder a un tratamiento para interrumpir el embarazo. El soporte de su familia ha sido fundamental para que pueda retomar su vida. Pero su caso es la aguja en el pajar.
Secuelas perpetuas
El estudio pone en evidencia las falencias del sistema de salud para atender a las niñas embarazadas por violación. En la mayoría de casos, los profesionales de salud superponen la continuidad de la gestación al riesgo que significa para la vida, salud y desarrollo de las niñas. Esto, sumado a que no se les ofrece en ningún momento el Kit de Emergencia para casos de violación, ni se explica el procedimiento para el aborto terapéutico.
Las afectaciones físicas, psicológicas y emocionales producto de la violación y embarazo, marcan las vidas de las niñas y se agravan debido a que las autoridades, la escuela y la comunidad contribuyen a que estos casos no obtengan justicia y sean olvidados en silencio.
La psicóloga especialista en atención de casos de violencia de género, Mariel Távara Arizmendi, precisó a Wayka que obligar a las niñas a continuar con los embarazos constituye una forma de tortura. En esa misma línea, Martha Rondón, consultora del Instituto Nacional Materno Perinatal y expresidenta de la Asociación Internacional de Salud Mental para las Mujeres (IAWMH), advirtió que, debido a estos factores, muchas de ellas se quitan la vida.
“El trauma generado por la violación sexual y el rechazo que siente hacia el embarazo, genera en las niñas una desconfianza que las lleva a aislarse de su entorno. Todos estos factores aumentan el riesgo de suicidio en ellas y la situación se agrava cuando el agresor es un familiar”, precisó la psiquiatra. No por nada la Organización Mundial de la Salud ha reportado que el suicidio en adolescentes y niñas embarazadas es desproporcionadamente alto.
En 2007, L.C. de 13 años intentó suicidarse saltando del techo de su casa cuando se enteró que estaba embarazada del vecino que la violaba desde que ella tenía 11 años. Perú se comprometió ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, a prevenir esta situación que afecta la vida de las niñas. Pero más de una década después, nada ha cambiado.
*Los nombres de las adolescentes han sido cambiados en el estudio para resguardar su privacidad.
