Redacción Wayka
La organización gubernamental Human Rights Watch publicó un informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante las protestas en contra del gobierno ilegítimo de Manuel Merino. Las conclusiones de su informe se derivan de la visita que hizo una comisión de la organización en Perú,
El informe registra los excesos cometidos por los efectivos policiales durante las marchas entre el 9 y 15 de noviembre. Además, recaba 76 entrevistas a personas afectadas por la violencia policial, tanto víctimas y familiares, así como abogados y defensores de los derechos humanos. El organismo también revisó más de 200 videos de las protestas publicados en redes sociales, de informes periodísticos y de organizaciones de DD.HH.
“Hemos obtenido evidencias que indican que la policía empleó la fuerza de forma excesiva y negligente contra manifestantes que protestaban contra la altamente cuestionable destitución del presidente Vizcarra”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch sobre los resultados del informe.

Imagen: Human Rights Wash
En sus recomendaciones dirigidas al gobierno de transición de Francisco Sagasti, Human Rights Watch exhorta al Estado peruano a asegurar una rendición de cuentas a través de procesos penales y disciplinarios por los abusos policiales en las manifestaciones de noviembre. Pide reformar el sistema disciplinario de la PNP y la revisión de protocolos que se usan en las protestas sociales, así como la prohibición de los policías de civil o grupo terna que se infiltran en las manifestaciones.
En su último punto precisa la derogación de leyes a las que considera «protegen las prácticas policiales abusivas» y cita a la Ley de Protección Policial aprobada por insistencia de Manuel Merino cuando asumía la presidencia del Congreso. Menciona a la reforma del Código Penal, en el 2014, que prevé la inmunidad legal de los policías que maten o lesionen a personas «en el cumplimiento de su deber» como otra de las normas que favorece la impunidad.
La Ley 30151 fue aprobada en la gestión del expresidente Ollanta Humala y modifica el Código Penal para eximir de responsabilidad penal al personal de la PNP y de las Fuerzas Armadas que lesionen o causen la muerte a consecuencia del uso de sus armas en cumplimiento de su deber,