¿»Indisciplina»? ¿“error”?: cuando el fútbol encubre la violencia sexual
La dirigencia del Club Alianza Lima ha fallado. Su responsabilidad no termina en su hinchada, sino que se extiende a la sociedad y, de manera crítica, a las mujeres. El reciente caso que involucra a los futbolistas de la selección,Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; y del club en una denuncia de agresión sexual ha revelado, una vez más, la estructura de encubrimiento que impera en el fútbol peruano. A esto se suma una cultura de la violación que ciertos sectores del periodismo deportivo normalizan a través de los medios de comunicación.
¿Qué es lo que se entiende por Cultura de la violación?
Según el Observatorio de Violencias Sexuales contra las Mujeres Jóvenes, es un sistema que se basa en un conjunto de creencias en las que se da por natural la violencia sexual de los hombres contra las mujeres y las niñas, se deshumaniza a las mujeres para presentarlas como cuerpos a disposición de los hombres, como objetos de uso para su satisfacción sexual, a los que pueden acceder sin importar el deseo de ellas, su integridad ni sus derechos.
El pasado jueves 22 de enero, la institución blanquiazul oficializó la separación de los futbolistas implicados mediante un comunicado. No obstante, el discurso de la dirección deportiva ha encendido las alarmas: el club califica el hecho como una simple una «indisciplina» omitiendo cualquier referencia directa a la gravedad de la denuncia por violencia sexual. Este matiz no es accidental; representa una estrategia de encubrimiento semántico que reduce un presunto delito para abordarlo desde el lente de una simple falta administrativa, invisibilizando la agresión y protegiendo la imagen institucional por encima de la justicia
El periodismo deportivo como megáfono de la cultura de la violación
En un país donde cada 40 minutos se registra una denuncia por violencia sexual, la cobertura mediática del caso nuevamente ha puesto en evidencia una preocupante complicidad entre ciertos sectores del periodismo y la violencia machista, donde se utilizan narrativas “piadosas”, religiosas o de «fraternidad deportiva» para justificar a los agresores. Un ejemplo ha sido la postura de Pedro García, quien apeló a su fe cristiana para pedir la absolución de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, catalogando una denuncia de agresión sexual grupal como un simple «error» propio de la condición humana. Este tipo de declaraciones no solo desvían la atención de la gravedad del presunto delito, sino que trasladan la responsabilidad del ámbito penal al de la moral privada, revictimizando a la denunciante al sugerir que un acto de violencia sexual puede ser perdonado bajo una lógica de benevolencia espiritual.
Esta narrativa se ve reforzada por discursos que justifican el abuso mediante prejuicios de género. Un ejemplo alarmante son las declaraciones de Juan «Chiquito» Flores, quien normalizó la agresión al sugerir que la sola presencia de una mujer en un hotel implica un consentimiento implícito para cualquier acto sexual. Según Mariangel Zelada Delgado, integrante de DEMUS, al decir que «no es solo para mirarse las caras», el periodista refuerza el mito de que la víctima es responsable de lo que le sucede según el lugar donde se encuentre, anulando por completo el concepto de consentimiento progresivo y libre. Estos discursos, emitidos con total ligereza en plataformas con gran alcance, consolidan una cultura de la violación que protege al futbolista por su estatus social y profesional, enviando un mensaje de impunidad donde la integridad de la mujer siempre queda en segundo plano frente a la «picardía» o los supuestos códigos del vestuario deportivo.
Al respecto, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) en diversos pronunciamientos ha enfatizado que los programas de señal abierta y sus conductores tienen la responsabilidad de no normalizar conductas violentas ni emitir contenidos que refuercen estereotipos de género, especialmente en horarios familiares. Por ejemplo, en su informe sobre la «Situación de la Ética en la Radio y Televisión», CONCORTV ha señalado que la libertad de expresión no ampara la difusión de discursos que revictimicen a las mujeres o justifiquen delitos, instando a los medios a asumir una función educativa y de vigilancia social en lugar de actuar como cajas de resonancia de la violencia machista.
A la red de protección mediática se suma el uso de los vínculos personales y la procedencia familiar como una supuesta garantía de inocencia, desplazando la discusión jurídica hacia el terreno de los afectos. El periodista Alan Díez ejemplifica esta tendencia al declarar: «Insisto, Zambrano viene de un hogar, yo lo conozco, doy fe. De la crianza de la señora Mara y del papá de Carlos Zambrano. Los conozco y doy fe. Excelentes personas, excelente familia«. Este tipo de argumentación es una falacia común en los casos de violencia de género, donde se pretende invalidar una denuncia penal apelando a las virtudes de los padres o al entorno doméstico del acusado.
La creadora de contenido “La Maja” cuestionó estos enfoques periodísticos en sus redes y la validez de usar la genealogía como escudo ante la justicia. Al respecto,la comunicadora señala que si bien la crianza es un factor relevante, los valores no son un bien que se hereda de forma pasiva, sino una serie de principios que se deben practicar día a día. Sostiene que existen personas con una educación aparentemente impecable que, no obstante, deciden cruzar límites éticos y legales, y que esa procedencia familiar no debería proteger a nadie de una denuncia formal.
Zelada advierte que la libertad de expresión no puede ser entendida como un derecho absoluto que valide o normalice la violencia de género contra mujeres y personas diversas. La especialista señala que, en la práctica mediática actual, este derecho se está instrumentalizando para blindar comentarios discriminatorios, machistas y misóginos que terminan siendo cómplices de una violencia sistémica ya presente en la sociedad peruana. Además, advierte Además, advierte que existe una responsabilidad compartida: por un lado, los periodistas deben repensar sus límites éticos para no reproducir estereotipos que avalan la cultura de la violación; y por otro, los propios medios de comunicación tienen la obligación de implementar mecanismos y protocolos claros, además de capacitaciones constantes, que aseguren que sus espacios no se conviertan en plataformas de reincidencia violenta.
Un puente de impunidad entre Perú y Uruguay
La gravedad de este suceso se ve acentuada por el contexto regional de violencia de género que asola tanto a Perú como a Uruguay, país donde ocurrió la presunta agresión durante la pretemporada del equipo. Mientras en Perú los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportan cifras alarmantes de violencia sexual que quedan impunes por el «blindaje» social a figuras públicas, en Uruguay este caso ha resonado con fuerza en una sociedad que aún procesa casos emblemáticos de violación grupal que han derivado en masivas movilizaciones feministas. Que el club ignore que el delito se habría cometido en suelo uruguayo, donde las leyes contra la violencia basada en género son estrictas y la vigilancia ciudadana es alta, demuestra una desconexión total con la realidad de los derechos humanos en el cono sur.
El peligro de normalizar la violencia
Al catalogar el hecho como «indisciplina», la dirigencia de Alianza Lima evita confrontar el problema de fondo: la cultura de la violación instalada en ciertos sectores del deporte. Como han reportado medios como La República, la denuncia fue presentada tras un encuentro en un hotel durante la gira internacional del club.
Separarlos por ‘indisciplina’ es decir que el error fue romper las reglas del club (como horarios), cuando lo que se investiga es una vulneración a la integridad física de una mujer, señalan periodistas como Glatzer Tuesta y Manuela Camacho en sus plataformas digitales.
Este suceso cobra una dimensión aún más peligrosa al analizar el contexto regional de violencia de género que asola tanto a Perú como a Uruguay, país donde ocurrió la presunta agresión durante la pretemporada del equipo. En el Perú, las cifras del Ministerio de la Mujer son preocupantes: el último año cerró con más de 142,000 casos de violencia registrados y una prevalencia donde el 52% de las mujeres declara haber sido víctima de algún tipo de agresión en su vida.
Por su parte, en Uruguay, la situación no es menos crítica, pues, según el Ministerio del Interior, se registra una denuncia de violencia doméstica cada 12 minutos, sumando más de 35,000 casos anuales en una sociedad que ha tenido que salir a las calles masivamente para repudiar violaciones grupales sistemáticas. Que la dirigencia íntima ignore este panorama y el hecho de que el delito se habría cometido en suelo uruguayo demuestra, según las especialistas, una desconexión total con la realidad de los derechos humanos y un desprecio por la seguridad de las mujeres en el continente.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, como DEMUS, Flora Tristán, Manuela Ramos, entre otras, han advertido que este «blindaje» – tanto mediático como deportivo- trasciende la protección de los presuntos agresores, sino que alimenta una cultura de la violación de alcance transnacional.
Por: Silvia Bardales Q.
¡Tu apoyo es esencial para que Wayka continúe haciendo periodismo crítico contra la corrupción política y la desinformación de la prensa tradicional!
Nuestra independencia solo es posible porque no recibimos publicidad de empresas, ni financiamiento de políticos ni de ningún gobierno. En cambio, los seguidores como tú son el motor que sostiene nuestro trabajo.
Con tu aporte, defendemos los derechos humanos y la democracia para los peruanos de a pie; enfrentamos a políticos corruptos, empresas abusivas, la violencia contra las mujeres, la depredación ambiental y el racismo.
Dale click en este botón:
O yapeanos aquí:
