La ministra de Economía, María Antonieta Alva, anunció que los procesos de consulta previa para el proyecto extractivo San Gabriel se realizarán de forma virtual. Organizaciones indígenas afirman que esa modalidad no permite un diálogo intercultural en condiciones de igualdad
Redacción Wayka
En conferencia de prensa, María Antonieta Alva señaló que el actual gobierno busca una «inversión minera competitiva en el ámbito comprensivo, responsable con el medio ambiente y las comunidades”. Así, planteó que la consulta previa respecto al proyecto aurífero San Gabriel (Moquegua), de la minera Buenaventura, se llevaría de forma virtual.
“Ya se ha activado la consulta previa con comunidades de Oyo Oyo y Corire, y estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Coroccohuayco”, señaló la ministra. Aclaró que en la última etapa del proceso el diálogo sí sería presencial.
Las respuestas de organizaciones indígenas como la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) dejan claro que no respaldan la propuesta del Ministerio de Economía (MEF).
«Para este gobierno, al igual que para sus predecesores, la consulta previa no constituye un derecho humano de los pueblos indígenas sino un mero trámite administrativo, una “barrera burocrática” que requiere de soluciones rápidas y simplificadas para facilitar las inversiones privadas», señala la CNA en un comunicado.
Por su parte, ONAMIAP expresó que «la consulta previa, libre e informada no es un simple trámite para legitimar las actividades extractivas en nuestros territorios». Además, su pronunciamiento precisa que «la CIDH ya se ha pronunciado y ha señalado que la imposición e implementación de procesos consultivos a través de plataformas digitales representaría una vulneración al derecho a la participación real y efectiva de los pueblos indígenas».
Identificación para acelerar proyectos
Otro de los anuncios de la ministra de Economía respecto a comunidades indígenas, es que el MEF asumirá el financiamiento para identificar a todos los pueblos originarios del Perú. María Antonieta Alva indicó que había «detectado la necesidad» para «permitir trámites más eficientes y que seamos más competitivos».
Al respecto, la Confederación Nacional Agraria reclamó que el Ministerio de Cultura no ha completado el registro de todos los pueblos y comunidades indígenas desde el 2011 pese a insistencia. «Sin embargo, ahora que conviene a los intereses de las empresas extractivas, el Ejecutivo decide acelerar dicho registro», expresan.
Además, tanto la CNA como ONAMIAP apuntan que el Ministerio de Cultura finalmente no tiene la facultad de identificar pueblos indígenas.Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos originarios a autoidentificarse.
