El registro del Ministerio Público y la investigación Balance de investigaciones en materia de no discriminación presentada por profesionales de la PUCP identifica 88 asesinatos  de personas LGBTIQ+ en el Perú entre el 2012 y 2021

Según el registro criminológico específico que lleva el Ministerio Público, visibilizado tras la investigación “Derechos civiles y discriminación” – Balance de Investigaciones 2016-2021 y Agenda de Investigación 2021-2026, en el Perú se cometieron 88 asesinatos de personas LGTBIQ+ en el periodo de 2012-2021.

El estudio fue realizado por la investigadora de derechos humanos Kerli Solari y otros tres docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y fue auspiciado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), tras ganar un concurso de investigaciones. 

Kerli Solari, una de las autoras del Balance de Investigaciones 2016-2021, señaló para Wayka que en Lima se encuentra el registro más alto de muertes dolosas por pertenecer a la comunidad LGTBIQ+. La cifra es de 35 casos. “Que no se haya conocido esta situación no responde a una ausencia de casos, sino a la falta de visibilización sobre los mismos”, afirmó.

Invisibilidad estadística

“Algo que es importante destacar en un plano más de investigación es que es muy difícil poder reportarlos, por un cúmulo de razones que pasa desde que los funcionarios públicos no están informados sobre orientación sexual e identidad de género, y en general sobre cómo se manifiesta la discriminación estructural contra este grupo (…). Digamos que los funcionarios públicos también están atravesados por estos sesgos y muchas veces no saben identificar qué es un caso por crimen de odio o prefieren no hacerlo (…). Algo que nosotros identificamos haciendo el balance es que las personas LGBTIQ+  soportan una muy marcada invisibilidad estadística, desde cuántos son, cuáles son las dificultades que enfrentan para acceder a derechos, hasta los crímenes que se cometen en su contra, en general existe muy poca información numérica”, añade.

Es importante mencionar que en la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú en 2017 se evidenció que el 63% de los participantes declararon haber sido víctimas de discriminación o violencia. Además, menos del 5% decidió presentar una queja sobre este tipo de  incidentes.

Manifestaciones de violencia

Según la investigación realizada, la discriminación se manifiesta a través de cinco vulneraciones específicas: la violencia por orientación sexual o identidad de género, desigualdad y desventaja de familias homoparentales y no reconocimiento del matrimonio igualitario, bullying escolar, violencia y discriminación a quienes sufren VIH y no acceden a la salud y movilidad humana. Este último se refiere a quienes tienen que emigrar del país para acceder a sus derechos. 

“Con respecto a la salud, por ejemplo, las personas que viven con VIH enfrentan barreras agravadas para poder acceder a tratamiento médico oportuno y de calidad, cuando esta condición además identifica que las personas migrantes, las mujeres migrantes que son trans, y hombres gays  enfrentan barreras aún más agravadas para poder acceder a la salud. Sabemos que a las personas migrantes se les dificulta el acceso a documentación de identidad, y a su vez afecta que puedan acceder a servicios de salud. También hay una línea para investigar bastante amplia con respecto al matrimonio igualitario”, señala Kerli Solari.

Según la legislación peruana, las personas parte de la comunidad LGTBIQ+ no tienen permitido el acceso al matrimonio, ni a la unión civil, por lo que no existe ninguna figura legal  para que se reconozcan los derechos adquiridos tras una unión o vida en común entre parejas del mismo sexo. Incluso, aquellas parejas que han decidido contraer matrimonio en otros países, enfrentan dificultades para el reconocimiento al volver a Perú. 

“He visto a nuestro Tribunal Constitucional emitiendo sentencias que de hecho nos hacen retroceder, incluso desconociendo lo Opinión Consultiva 2417 de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), que lo que hace es reconocer el derecho al matrimonio igualitario, y reconocer también la identidad de género como una categoría protegida por la Convención  (Americana de Derechos Humanos)”, mencionó Solari, quién además es investigadora en derechos humanos. 

Falta de leyes en país altamente discriminador

Según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Personas LGBTI, el 37 % de peruanos no contrataría a una personas trans y el 30% a una persona homosexual. Además, el 71% percibe que este colectivo es el más discriminado y el 19% considera que la homosexualidad es una enfermedad. 

Estos datos resultan importantes porque se suman a un marco nacional de desprotección legal para personas que pertenecen a dicha comunidad.

En 2020, la Defensoría del Pueblo señaló que pese a que han transcurrido años desde que se presentaron los proyectos de Ley a fin de reconocer el derecho a la identidad de género de las personas, las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, así como el matrimonio igualitario, y pese a las exhortaciones realizadas, estos aún no cuentan con dictámenes en las comisiones parlamentarias, 

Al respecto Solari mencionó: “En el congreso hay mucha resistencia a aprobar no solamente leyes, sino también tratados internacionales simplemente porque tienen la palabra “género” u “orientación sexual” porque tienen esta idea de que cuando se habla de género no se está hablando de derechos humanos sino de una especie de agenda homosexualizante, hay muchos prejuicios también como para siquiera discutir estos temas. Así de atrasados estamos en el país”. 

Sobre discriminación a personas LGBTIQ+ 

Podemos entender como discriminación la manifestación de estructuras sociales, culturales,  jurídicas y económicas que oprimen a grupos históricamente excluidos, renstringiendo sus derechos. En estas situaciones están involucrados tres actores: el grupo o persona discriminada, la sociedad y el Estado, siendo este último responsable de la defensa de esta población.

En la investigación realizada se ha evidenciado una profunda invisibilidad estadística. Los informes de los últimos 5 años contextualizan y describen barreras sociales e institucionales que no permiten su acceso.