La sobreviviente denunció los hechos en 2023; sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Apurímac programó el inicio del juicio oral para dentro de 3 años, pese a que su agresor, Wilman Loayza Alarcón, la sigue acosando. Según el Juzgado, “se tiene recargada la agenda de audiencias” hasta esa fecha. 

‘Lucy’, una mujer apurimeña, sobrevivió a una tentativa de violencia sexual en junio de 2023 por parte de Wilman Loayza Alarcón. Fue su sobrino quien, tras percatarse del hecho, pudo defender a ‘Lucy’. Sin embargo, el agresor lo golpeó para escaparse. 

‘Lucy’ fue de inmediato a realizar la denuncia a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Apurímac, mientras su sobrino acudió al hospital de emergencias por las agresiones. 

Loayza Alarcón, pese a contar con medidas de comparecencia con restricciones que prohíben que se acerque a Lucy, siguió acosándola e intimidándola para que desista del proceso judicial. ‘Lucy’ siguió denunciando los actos de acoso y se le otorgó medidas de protección, pero estas han resultado ineficaces, ya que el agresor sigue vulnerando su tranquilidad. 

Revictimización y violencia judicial

Un reciente accionar indolente e indignante, esta vez por parte del Poder Judicial, ha sido programar el inicio del juicio oral para junio de 2027. Es decir, 4 años después de realizada la denuncia. Los jueces que aprobaron esta medida revictimizadora son Víctor Corrales Visa, José Ángel Medina Leiva y Reyna Margarita Jove Aguilar. ¿Sus argumentos? La “recargada” agenda de audiencias del Juzgado Penal Colegiado, único que atiende a todo el distrito judicial de la región Apurímac. 

Desde Aprodeh Apurímac exigen que se reprograme la citación en una fecha más próxima ante el peligro que corre ‘Lucy’. “Exhortamos a la Corte Superior de Justicia que reprograme la citación para una fecha, en aras de garantizar el derecho al acceso a la justicia de ‘Lucy’, así como en aplicación de obtener una decisión judicial con celeridad”. 

No es el único caso de este tipo 

Recordemos que a inicios de septiembre, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tarapoto, en la región San Martín, ordenó que el juicio oral contra el padre y padrastro de una menor de edad violentada sexualmente sea programado también para 2027, 8 años después de que realizaran la denuncia. 

“Pido al ministro de Justicia, al presidente del juzgado de San Martín, que vean este caso porque se trata de una menor, que vean que es muy excesiva la fecha y ellos [los acusados] están en libertad y tranquilos como si no hubiese pasado nada”, señaló entonces el abuelo de la menor agraviada. 

Ante la denuncia de la familia y la presión social, el juicio se reprogramó para diciembre de este año.