En sesión de la Comisión de Salud del Congreso, congresista Luz Cayguaray (Frepap) pidió que debate sobre la ley de acceso a técnicas de reproducción asistida cuente con participación de profesionales vinculados a la Iglesia Católica.

Redacción Wayka

Nuevamente en debate. El martes 26 de mayo, la comisión que preside Omar Merino (Alianza por el Progreso) aprobó por mayoría el dictamen de la ley de acceso a técnicas de reproducción humana asistida. A esto se opuso la congresista Luz Cayguaray (Frepap), integrante de este grupo parlamentario.

La parlamentaria evangélica señaló que la norma «podría dejar abierta la posibilidad de aborto o desechar concebidos». Además, dijo que este no era un proyecto prioritario en medio de la emergencia por la COVID-19.

«Han pasado 42 años desde que nació el primer bebé probeta. Han nacido más de 45 millones de seres humanos por estos procedimientos de fertilización asistida; y nosotros recién estamos viendo la manera de implementar esto en nuestro país«, resaltó Alfredo Celis, doctor en Medicina por la Universidad Cayetano Heredia, quien fue invitado en calidad de experto.

Por su parte, la congresista del Frepap pidió que se invite como expertos al abogado Alberto González y al especialista en ginecología y obstetricia Paul Ramos. La legisladora María Céspedes, de la misma bancada, respaldó el pedido.

Alberto González fue representante legal del colectivo Padres en Acción (aliado de Con mis hijos no te metas) en el proceso judicial contra el enfoque de género en el Currículo Nacional. Además, es presidente de la organización católica Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, que demandó la resolución que aprobó el protocolo de aborto terapéutico.

Por su parte, Paul Ramos fue representante del departamento de Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Lima y también tiene una posición en contra del aborto terapéutico. Años atrás ya expresó su oposición a un proyecto de ley sobre reproducción asistida.

Problema en debate

El predictamen recoge tres iniciativas legales respecto a técnicas y tratamientos de reproducción asistida. Estas fueron presentadas de forma separada en 2018 por las congresistas Sonia Bustos (Fuerza Popular), Richard Acuña (Alianza por el Progreso) y Luciana León (Apra).

Para el médico experto Alfredo Celis, estos proyectos resultan importantes porque resolverían dos procedimientos sobre los que actualmente no hay legislación: la ovodonación y el útero subrogado.

Ahí, señaló el doctor, surge el problema de la filiación, pues nuestra legislación actual considera que el hijo es de la mujer que experimenta el parto. Así, la Ley General de Salud pone como condición para el acceso a técnicas de reproducción asistida que la madre genética y la madre biológica sean la misma. Algo que justamente no ocurre en el caso de la ovodonación y el útero subrogado.

Respecto al segundo procedimiento, Celis precisó que «el mal llamado ‘vientre de alquiler’ es un caso más caótico». Este implica la unión de un óvulo y un espermatozoide con apoyo de la tecnología, que luego se coloca en el útero de una mujer distinta a la madre genética. Es esa mujer quien lleva el embarazo y -según las normas actuales- sería considerada madre del recién nacido.

Voces en contra

«Vemos con preocupación la regulación planteada en dicho dictamen porque consideramos que atenta contra el derecho a la vida y la integridad del concebido», señaló la congresista Luz Cayguaray.

Uno de sus argumentos contra la ley de reproducción asistida fue que «la Constitución considera sujeto de derecho a la unión y óvulo y espermatozoide. No señala que inicie recién cuando el embrión se implanta en un útero materno».

Sin embargo, la sentencia del Poder Judicial que garantizó la distribución de la píldora del día siguiente contradice el argumento de Cayguaray. Según resolvió el Primer Juzgado Constitucional, existe evidencia científica de que la concepción se considera desde la implantación del óvulo fecundado en el útero. Ello porque «si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas».

La posición contra la ley tuvo eco en redes sociales por parte de la organización Marcha por la Vida; Giuliana Caccia, comunicadora vinculada al Sodalicio, y otros colectivos conservadores.

A favor

Felipe Castillo (Podemos Perú), quien es gineco-obstetra, vio positiva la ley de reproducción asistida pues actualmente en nuestro país estos procedimientos se realizan pese a vacíos legales. «Hay un 10% de parejas a nivel nacional que tienen problemas de fertilidad. Esto (aprobación de la ley) va a permitir darles el marco normativo y la seguridad para acceder a fertilización asistida», consideró.

Tanto Castillo como el parlamentario Absalón Montoya (Frente Amplio) resaltaron la importancia de que esta nueva legislación no esté solo dirigida a personas en una posición socioeconómica alta. Por su parte, Napoleón Vigo (Fuerza Popular) apuntó que aún no están claros criterios legales respecto a guardar embriones, entre otros.

Finalmente, el dictamen fue aprobado con seis votos a favor y cinco abstenciones.