Candidata presidencial propuso la eliminación del término «conflicto armado interno» en textos escolares, que recuerda los asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos, por los que Alberto Fujimori cumple 25 años de cárcel.
Redacción Wayka
La candidata presidencial Keiko Fujimori pretende borrar de la historia peruana los crímenes de lesa humanidad que su padre, Alberto Fujimori, ordenó que se cometan durante su régimen dictatorial. En el debate en Chota, Cajamarca, la lideresa de Fuerza Popular prometió quitar el término «conflicto armado interno» de los textos escolares.
Tal frase hace alusión a que lo ocurrido durante las décadas 80 y 90 en el Perú fue una guerra entre autoridades gubernamentales y grupos armados, que causó desapariciones forzadas y asesinatos de inocentes. Así lo explica el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El objetivo de borrar estas palabras en los libros que usa el Ministerio de Educación es quitar responsabilidad a los criminales que violaron derechos humanos en el plano civil. Luego, pretenderían hacer lo mismo en el plano judicial, explicó Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
«Nosotros ya hemos alertado que el fujimorismo quiere señalar que jamás ocurrieron las violaciones que ocurrieron. Para ellos, esto era una guerra contra el terrorismo y todo valía: las matanzas, las torturas, las violaciones sexuales», señaló.
Aún hay familias que esperan justicia por las violaciones de derechos humanos que cometió el régimen del padre de Keiko Fujimori.
Gisela Ortiz, hermana de Enrique Ortiz, estudiante víctima de la Cantuta, narró que aún no se juzga a los responsables de las desapariciones de los estudiantes Ansualdo y Martín Roca Casas, quienes fueron detenidos por agentes de inteligencia de La Marina y trasladados al sótano del Servicio de Inteligencia Nacional.
Tampoco condenan a los que estuvieron detrás de los asesinatos del caso Pativilca, ni a los que mataron a la familia Ventocilla. La justicia peruana tampoco ha condenado a todos los responsables del caso La Cantuta.
Hay crímenes impunes como los que miembros del Ejército cometieron contra el periodista Luis Morales, en Ayacucho, y la exalcaldesa Leonor Zamora.
«Así hay muchos hechos todavía pendientes de juzgamiento como las víctimas de los sobres bombas que también salieron desde el Servicio de Inteligencia del Ejército durante el gobierno de Alberto Fujimori», comentó Cano.
Los intentos por borrar lo ocurrido durante el conflicto armado interno no son nuevos. El excongresista Edwin Donayre fingió ser una persona con discapacidad e ingresó al Lugar de la Memoria para grabar cómo una guía narraba el accionar de las fuerzas del orden, Sendero Luminoso y el MRTA. Luego, señaló que la trabajadora realizaba apología al terrorismo.
«Con ello lo que quieren hacer es señalar cualquier acto de memoria como un acto de terrorismo, el terruqueo de siempre. Creo que los candidatos y el que sea elegido o electo como representante de la máxima autoridad tiene que comprometerse al respeto de la memoria, al respeto de lo que ya dijo el informe de la Comisión de la Verdad y lograr por fin que se plasmen las recomendaciones», opinó la directora de Aprodeh.
