Leslie Whittembury, la hija de un exsocio de Vladimiro Montesinos, asesora a empresas involucradas en un presunto caso de tráfico de tierras en Piura. Tiene, además, vínculo con un miembro de uno de los estudios de abogados que fue allanado por el Equipo Especial Lava Jato por haber favorecido a Odebrecht.
Por Álvaro Meneses
Luego de revelar cómo la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos (Piura) fue despojada por una red de empresas de 9 mil 985.25 hectáreas, a través, según los comuneros, de falsa documentación y sospechosos trámites, un nuevo personaje sale en defensa de algunas de las compañías involucradas. Se trata de la abogada Leslie Whittembury Aguilar, quien en noviembre pasado, a través de una carta notarial, intentó disuadir a este portal de publicar la historia que implica a tres empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana con el presunto caso de tráfico de tierras.
Leslie Whittembury, quien es hija del montesinista comandante EP en retiro, Jorge Whittembury Rebaza, se presentó como representante legal de Inversiones San José, una empresa dedicada a los servicios financieros, dirigida por sodálites con más de 30 años en la secta religiosa. Whittembury padre, en tanto, es recordado por la estrecha relación que tuvo con Vladimiro Montesinos y su cercanía con el narcotraficante Alfonso Rivera Llorente.
La historia
En 2012, Inversiones San José compró parte de las tierras comunales de Catacaos por 3 millones 110 mil 635 dólares y, no satisfechos con esta transacción, le inyectó 1 millón 535 mil 180 soles a la agroexportadora Santa Regina S.A.C., compañía también cercana al Sodalicio, que se encargó de adquirir otra parte de esos terrenos. Pero estos temas no son nuevos para Inversiones San José, pues esta empresa gerencia la Inmobiliaria Miraflores Perú, mencionada en el documental “The Sodalitium Scandal” de Al Jazeera (2016) porque habría construido uno de sus proyectos en tierras de Castilla (Piura), invadidas por la banda criminal La Gran Cruz, cuyos miembros, fueron sentenciados en 2018 por el delito de asociación ilícita para delinquir.
En su carta dirigida a este portal, en referencia a las empresas Inversiones San José, Inmobiliaria Miraflores y la Asociación Civil San Juan Bautista, todas relacionadas al Sodalicio, la abogada Leslie Whittembury advirtió que “cualquier información que difunda (…) sobre alguna participación en actos de usurpación o en los actos criminales de la Gran Cruz, será tomado como difamatorio y dará lugar a las denuncias penales y civiles correspondientes contra el periodista”. Una carta notarial con tono de mordaza.
A continuación, la historia detrás de la familia de Leslie Whittembury, la abogada que asesora a empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana y amenaza a la prensa.
Memorex
El 26 de agosto de 1976, el comandante y entonces jefe de Relaciones Públicas del Ejército, Jorge Whittembury Rebaza, fue sorprendido por agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en el departamento del conocido narcotraficante Alfonso Rivera Llorente, y fue enviado a la prisión militar del cuartel Simón Bolívar, en Pueblo Libre, luego de haber sido acusado por tráfico de drogas y contrabando ante el Segundo Tribunal Correccional.
Montesinos cayó en la misma prisión, menos de un año después, el 31 de mayo de 1977 por haber falsificado la firma del expresidente Morales Bermúdez para viajar a Washington, donde se reunió con funcionarios del Pentágono y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), reuniones por las cuales el Ejército Peruano lo sospecha de traición a la patria. Además, a Montesinos se le incautó armas, municiones y documentación clasificada halladas en su domicilio.
En los fueros militares, Whittembury ya era conocido como el brazo derecho de Montesinos. En diciembre de 1991, por ejemplo, según una investigación del periodista Luis Felipe Gamarra, Jorge Whittembury dispuso su casa en Las Casuarinas para que Montesinos se reuniera con el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, y el exjefe de Contabilidad de la Oficina de Economía del Ejército, Enrique Causo Calderón. En esa reunión, Montesinos le ofreció tras bambalinas la Comandancia General del Ejército a Hermoza Ríos.
Antes de esa reunión, y motivado por una supuesta “grave crisis de insubordinación”, Montesinos buscaba el retiro de 45 altos miembros del Ejército. Coincidentemente, lo primero que hizo Nicolás Hermoza como Comandante General del Ejército fue firmar el cese de 5 generales.
El nombre de Whittembury también aparece en el Informe Ejecutivo sobre Adquisición de Armamento porque en junio de 1995 su empresa LINKA, en ese entonces dedicada al comercio de alimentos, presentó una propuesta para la adquisición de aeronaves de Ucrania. De manera sospechosa, apenas 4 meses antes su compañía recibió un incremento patrimonial que le permitió ampliar sus negocios hacia la compra y venta de armas militares.
El periodista Gustavo Gorriti, quien en el pasado describió la relación entre ambos como “antigua y mañosa”, denunció en 2003 que Whittembury fungió como intermediario de Montesinos para lograr un diálogo con Alejandro Toledo cuando este último era candidato presidencial a inicios del siglo.
Intereses familiares
Más interesante que el pasado de la familia Whittembury, es su presente. El actual conviviente de Leslie Whittembury, Jorge Reátegui Pilco, abogado experto en propiedad y registros públicos, es socio del Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, el mismo bufete de abogados que fundó DEFRU SAC, la agroexportadora que tuvo negocios con Inversiones San José, hoy representada legalmente por Leslie Whittembury.
Como este portal documentó en una investigación previa, la empresa DEFRU S.A.C. fue fundada en mayo de 2017 por los abogados Alessandro Mussio Gonzales y Rafael Boisset Tizón, ambos del Estudio Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría. DEFRU SAC otorgó participación administrativa y económica a Inversiones San José y a su vez obtuvo de esta empresa 1.895 hectáreas de las que anteriormente había sido desplazada la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, según denunciaron los propios comuneros.
Si bien Jorge Reátegui no es parte de DEFRU S.A.C., sí es cercano a uno de sus propietarios, Rafael Boisset Tizón, con quien no solo comparte espacio en el Estudio Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría, sino también en otras dos empresas. Una de ellas es Ingleby Peru Holding S.A.C. en la que ambos son apoderados. Coincidentemente, desde el Estudio Philippi Pietrocarrizosa, Jorge Reátegui estuvo a cargo de la asesoría legal de Ingleby en la adquisición de 33 hectáreas para completar las 550 ha del Proyecto H2Olmos, a cargo de Odebrecht, para el desarrollo de actividades agrícolas.
Otra empresa en la que Jorge Reátegui y Rafael Boisset Tizón son apoderados es Plantaciones del Sol S.A.C. El 26 de setiembre de 2013, la junta de accionistas de esa compañía acordó otorgarle poder al ciudadano Pablo Ferreyros Cabieses para que, en representación de la sociedad, pueda “delegar los poderes a favor de Odebrecht Latinvest Peru Kuntur S.A., la Fiduciaria S.A. y H2Olmos S.A”. Reátegui también es gerente de grícola Campo Noble y Agrícola Campo Bueno, ambas con propietarios con las facultades de otorgar poder a Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A.
Al consultarle sobre todas estas vinculaciones, la respuesta que obtuvimos del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero fue más bien simple: “La participación de los abogados del Estudio en la constitución y representación legal de las empresas (…) está enmarcado en el ejercicio legítimo de su profesión”, le dijo a Wayka.
Como se recuerda, el Estudio Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría fue uno de los bufetes de abogados allanados por el Equipo Especial Lava Jato bajo las sospechas de haber favorecido a Odebrecht para que gane la buena pro del Gaseoducto del Sur. Sin embargo, en comunicación con este portal, el bufete de abogados explicó que el allanamiento se debió a una opinión legal a favor de Odebrecht emitida por Delmar Ugarte en el 2014, antes de su incorporación al estudio de abogados y que actualmente ya no están incluidos en la investigación del Ministerio Público.
Finalmente, contactada para este reportaje, la abogada Leslie Whittembury respondió: “No voy a dar ninguna respuesta, en la medida que esas preguntas, más allá de encerrar un ataque personal a una mujer, no tienen ninguna relación razonable con Inversiones San José y mucho menos con mi trabajo en esta empresa”.
