En diciembre del 2020, se acató el Paro Agrario, un suceso histórico en donde los trabajadores agrarios protestaron por sus derechos laborales y en donde lograron la derogatoria de la antigua Ley Agraria (Ley 27360), conocida como Ley Chlimper, promulgada durante la dictadura de Alberto Fujimori. Hoy el Ejecutivo y el sector privado deslizan la idea de revertir dicha situación y parecieren extrañar la vieja norma que fomentaba la explotación en la agroexportación.
Por Jair Sarmiento
Hace poco el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, reconoció tardíamente que el Perú se encuentra en recesión y que por ende aplicará medidas de reactivación económica, una exigencia que el sector privado viene realizando en estos últimos meses.
Uno de los gremios que se ha ido paseando por diversos canales de televisión exigiendo acciones del Ejecutivo ha sido la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que señaló que ya ha presentado propuestas a los ministerios implicados en la reactivación económica.
Según el registro de visitas de entidades del Estado en setiembre y octubre, la AGAP ha visitado los ministerios de Economía, Agricultura, Comercio Exterior, Transportes, Trabajo y Producción.
Dentro de estas propuestas, la AGAP ha rechazado a la actual Ley Agraria, norma aprobada en diciembre del 2020, luego del Paro Agrario, suceso histórico en donde los trabajadores agrarios paralizaron su labor y salieron a protestar por sus derechos laborales exigiendo la derogatoria de la antigua Ley Agraria (Ley 27360), conocida como Ley Chlimper por su autor, ya que fue impulsada por el entonces ministro de Agricultura, José Chlimper, y promulgada durante la dictadura de Alberto Fujimori.
Es necesario recordar que durante estas protestas en el Sur y Norte, hubo una salvaje represión de la Policía enviada por el gobierno de Francisco Sagasti, en donde se asesinaron a tres jóvenes trabajadores agrarios (Jorge Muñoz, Reynaldo Reyes y Kanuner Rodríguez).
«Lo que necesitan las empresas es reducir costos, porque los han obligado a vivir en el marco de una ley que es la Ley 3110 que subió todos los sueldos de manera ficticia, haciendo más cara la producción agraria (…). La norma no ha sido hecha con la mirada del productor agrario, sino con otros fines, ha sido hecha con una visión ideológica y populista, entonces lo que estamos haciendo es pagando la factura de una mala ley y la derogatoria de una ley de promoción agraria (Ley Chlimper)«, señaló Gabriel Amaro, presidente de la AGAP, durante un par de entrevistas de octubre con radio Exitosa.
«Esa ley lo único que está trayendo es atraso», recalcó Amaro, a pesar de que la norma reconoce derechos laborales de los trabajadores. Para el gremio agroexportador esto es un «sobrecosto».
En el marco de esa situación, en estos últimos días, el ministro de Economía fue abordado en una rueda de prensa durante un evento de Proinversión y se le preguntó sobre el sector agroexportador y su reactivación.
“Hay que recordar que además del golpe duro del fenómeno de El Niño, también viene de un cambio estructural producto de la derogación de la Ley Agraria que se dio en 2020. La derogación de esa ley (Ley Chlimper) ha sido nefasta para el sector agroexportador y estamos viendo las consecuencias de esas decisiones que se tomaron en el 2020. Pero estamos trabajando en revertir. Ya la ministra de Agricultura va a anunciar (medidas) como parte del trabajo coordinado que hacemos en el Consejo de Ministros», dijo Contreras.
El titular del MEF fue consultado por la prensa sobre si se retomaría la Ley Chlimper y dijo que están evaluando otro tipo de medidas y que esa decisión le corresponde al Congreso de la República. «Más detalles lo vamos a dar la próxima semana», mencionó y recalcó que se buscará simplificar los regímenes tributarios.
Estas declaraciones se dan en medio de la actual Ley Agraria que reconoce el ingreso económico y otros beneficios de los trabajadores, pero que no es suficiente para los frentes y sindicatos y, por ende, se viene pidiendo mejoras o una derogatoria de la actual norma. Mientras que el sector privado y el MEF parecieran extrañar el antiguo régimen agrario que alimentaba la explotación laboral en la agroexportación.