En su discurso del último 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra sorprendió con una nueva propuesta de reforma política, la cual se ubica en el centro de la polarizada discusión sobre el rumbo que debe tomar el gobierno. En dicho mensaje, un hecho menos mediatizado ha sido la propuesta del presidente de elaborar una nueva ley general de minería. En el marco de conflictos sociales que convulsionan la realidad local, regional y nacional, esta propuesta resulta de suma importancia para plantear un nuevo modelo de desarrollo integral verdaderamente inclusivo, donde sea posible desarrollar actividades económicas con la autorización de los pueblos, así como garantizar el respeto pleno de sus derechos y del medioambiente.

La apertura del presidente para elaborar una nueva ley general de minería, también, se da en un contexto donde se aprecian las contradicciones del extractivismo y su incapacidad para desarrollarse de forma pacífica, democrática y ecológicamente sostenible. El reactivado conflicto en Arequipa por Tía María, los derrames de compuestos tóxicos en Huancavelica, el reclamo de comunidades por incumplimiento minero de compromisos en Puno, los incesantes derrames de petróleo en Loreto y otras zonas de la Amazonía, entre muchos otros conflictos socio-ambientales son, por su continuidad y gravedad, síntomas de la insostenibilidad del extractivismo en tanto submodelo neoliberal de apropiación de los recursos naturales; confirmando así la necesidad de cambios importantes en su seno, en términos de legalidad, moralidad y justicia.

Esto constituye una gran oportunidad para legalizar la obligatoriedad de la llamada “licencia social” y el derecho a veto de proyectos de parte de las poblaciones locales afectadas por la actividad extractiva, a través de una consulta previa que como derecho deje de ser reducida a la población indígena. Esta es una discusión justa, necesaria y urgente, y por ende no puede ser pasada por alto. Las poblaciones locales que habitan las zonas de actividad extractiva (principalmente conformadas por pueblos indígenas y el campesinado) son los principales sujetos políticos con el derecho de ser partícipes activos y directos de la elaboración de dicha ley. Sin su participación y consulta en la elaboración de la misma, esta estará necesariamente incompleta y carecerá de la legitimidad social que toda legalidad requiere para constituirse como tal.

Quizás el mayor temor de los inversionistas mineros sea justamente eso: verse obligados a compartir lugar con las poblaciones en la mesa de decisiones. La élite empresarial se ha pronunciado desde distintas posiciones con preocupación: desde la intervención en redes sociales digitales de parte de sus (negados) operadores políticos y medios de comunicación hasta llegar a pronunciamientos incluso más directos. Es evidente que la sola idea de una nueva ley de minería ha puesto nerviosos a los inversionistas. Así por ejemplo, la editorial del diario El Comercio del 30 de julio(1) mira con preocupación que esta emerja en el marco del polarizado diálogo por el proyecto Tía María: particularmente, como parte de las “concesiones” brindadas por el Gobierno a los gobernadores regionales de la región macro sur que han sido críticos de dicho proyecto (dado que la licencia de construcción fue brindada sin licencia social(2) y sin haber resuelto debidamente las observaciones al mismo(3), señalando que estas “podrían trascender largamente” dicho proyecto minero.

Por su parte, para los empresarios como el actual presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, lo que más afecta al sector e impide su desarrollo no es la contaminación ambiental, la vulneración de derechos, la imposición de proyectos contra la voluntad de la población local o la desigual distribución de la riqueza generada por la actividad extractiva, sino “la sobre regulación, los trámites y los conflictos sociales”(4). Hablamos entonces de una élite empresarial y un sector minero que no solo parecen haber renunciado a reconocer los evidentes efectos destructivos del extractivismo, sino que consideran como un problema que el Estado reconozca la validez de las voces locales y regionales. En suma, se muestran incapaces de ver más allá de sus intereses.

Tanto esta ley como las interpretaciones oficiales sobre esta hechas por el Ejecutivo y las empresas mineras tienden a colisionar con los intereses de las poblaciones locales. Ello se debe a que estas –en su diversidad– no han sido partícipes activos en la construcción de dicha legalidad: por ende, esta difícilmente las representa. Quienes sí tienen un acceso privilegiado al Estado, la labor legislativa y por lo tanto quienes sí se ven directamente representados por la legalidad vigente (aunque siempre pidan “menos trabas burocrátricas a las inversiones”) son en cambio los grupos de poder, y el sector minero. En otras palabras, lo que está detrás de la necesidad de adecuar la ley de minería “a nuestra realidad”(5) es que esta no sea nuevamente diseñada exclusivamente a la medida de los intereses de la élite económica (los inversionistas).

En países como el Perú, el respeto por la ley o el Estado de Derecho de parte de gobiernos y grupos de poder económico siempre ha servido de justificación para excluir a importantes sectores de la población (con suma frecuencia, los más vulnerables) de la toma de decisiones fundamentales. Ese supuesto respeto se presenta como una decisión apolítica; es decir neutral, objetiva e inequívoca, ocultando el hecho de que es en realidad una interpretación jurídica imponiéndose sobre el resto en el terreno siempre necesariamente político del derecho. Lo cierto es que la legalidad es una cuestión de poder antes que de objetividad, verdad o justicia. La configuración del poder actual en el Perú no ha permitido que sea legalmente obligatorio que las poblaciones locales autoricen (brinden licencia social a) los proyectos, y la nueva ley general de minería es un buen punto de partida para cambiar esta injusta realidad.


[1] https://elcomercio.pe/opinion/editorial/mineria-ley-general-tia-maria-martin-vizcarra-mensaje-nacion-editorial-arreglar-romper-noticia-ecpm-660159

[2] https://larepublica.pe/politica/2019/07/25/tia-maria-mancomunidad-macro-region-sur-emitio-comunicado-tras-reunion-con-ejecutivo/

[3] http://cooperaccion.org.pe/los-argumentos-tecnicos-de-los-agricultores-del-valle-del-tambo-frente-al-caso-tia-maria/

[4] https://elcomercio.pe/economia/peru/mensaje-nacion-martin-vizcarra-snmpe-nueva-ley-general-mineria-generaria-preocupacion-inversionistas-noticia-nndc-659846

[5] https://noticia.educacionenred.pe/2019/07/texto-completo-mensaje-nacion-presidente-martin-vizcarra-fiestas-patrias-mensaje-179650.html