Por Alvaro Meneses
No tiene paradero pero sí una sentencia que lo priva de la libertad por 7 años y una deuda de 2 millones de soles de reparación civil por los destrozos generados en el ‘aymarazo’, una huelga en defensa de los derechos de la comunidad indígena en Puno, que en 2011 frenó la actividad minera de la empresa canadiense Bear Creek. Con los brazos alzados a medias, Walter Aduviri, ex dirigente aymara, repite ahora desde la clandestinidad y frente a una cámara: “mis manos no están manchadas de sangre”.
El Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno acababa de fundarse cuando convocó a 9 mil ciudadanos de la región para levantarse contra el proyecto minero Santa Ana a cargo de Bear Creek, ubicado dentro de los 50km de la zona de frontera con Bolivia. De acuerdo a la Constitución, las empresas extranjeras estaban prohibidas de desarrollar sus actividades precisamente dentro de esos 50km, pero el Decreto Supremo 083-2007 emitido en el segundo gobierno de Alan García permitió excepcionalmente a la compañía canadiense extraer minerales en dicha área.
“El Decreto Supremo 083-2007 ponía en entredicho a la propia constitución peruana. No había mayores referencias para entender por qué el gobierno de Alan García autorizaba con este decreto el proyecto, ¿cuál era la necesidad pública de que el proyecto se realizara?”, cuestiona Miguel Angulo, investigador en Comunicación Social.
La Defensoría del Pueblo ya había alertado en 2008 al Ejecutivo sobre los chispazos previos al conflicto entre aymaras y el proyecto Santa Ana. Pero el dialogó no se dio. El ‘aymarazo’ parecía inminente.
En octubre del 2008, los campesinos de las comunidades de Pizacoma, Kelluyo y Santa Rosa Mazocruz ya se habían enfrentado con la policía cerca al campamento de Santa Ana ubicado en el distrito de Concepción Ingenio.
Ya en 2011, año en que la Defensoría del Pueblo registró a Puno como la región del país con mayor cantidad de conflictos sociales durante 7 meses seguidos, millares de comuneros empezaron a movilizarse en masa.
El 9 de mayo, las rocas y las llantas quemadas sobre la carretera de la zona sur ya avisaban de la huelga indefinida acatada por los campesinos. Para el 23, más de 9 mil puneños tomaron la capital de Puno, y saquearon e incendiaron los locales de la Sunat, Aduanas, Contraloría, Ministerio Público, agencias bancarias, cajas municipales y centros comerciales.
“Hubo infiltrados en la protesta que atacaron con mayor crudeza y contribuyeron a desatar el caos”, asegura Angulo sobre lo ocurrido aquella jornada.
La tesis de Angulo alimenta lo afirmado por el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz Molleda, especialista en conflictos sociales y en derechos indígenas. “Aduanas y el resto de locales del Estado estaban abiertos, sin llave, sin policías, dejaron todo desprotegido como para que entren y saqueen”, cuenta.
La concesión secreta y la criminalización de la protesta como modus operandi
Según fuentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, se rechazó el proyecto Santa Ana por la disminución de la zona reservada Aymara – Lupaca; la vulneración del Lago Titi caca y del cerro Khapia, considerado también el apu de Chucuito; y por darse la concesión a Bear Creek Company a pesar de que la Constitución lo prohibía. Pero esa no era la única irregularidad que arrastra el ‘aymarazo’.
“La norma solo les obliga a publicar un artículo sobre la concesión en el diario local que nadie lee porque está en castellano. El tema de fondo es el sistema de entrega de concesiones a espaldas de las comunidades indígenas, sin consultarles, por eso se levantaron los aymaras”, explica Ruiz Molleda sobre el conflicto.
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal.
Lo ocurrido en el ‘aymarazo’ además vulnera un artículo del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Según el inciso 3 del artículo 17 del convenio, “deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse de la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.
Las cifras de asignación territorial también eran alarmantes: el 60% del territorio de Puno estaba bajo concesión minera durante el ‘aymarazo’.
”¿Diría entonces que se criminaliza la protesta para minimizar los derechos de los pueblos indígenas frente a los intereses económicos de las mineras?”, preguntamos a Ruiz, abogado de IDL.
“Sí hay una criminalización de la protesta pero además una privatización del orden interno porque existen como 118 convenios entre la policía y las empresas. Lo de Puno fue un caso de criminalización no solo de la protesta, sino también de la defensa de los pueblos indígenas y de sus territorios ante el vacío e indiferencia del Estado” respondió Ruiz.
Sobre el derecho a la protesta, el letrado de IDL detalla que es completamente legal y que por lo menos se ejercen otros 4 derechos al manifestarse: a la libertad de reunión, de opinión, a la petición y a tomar medidas de fuerza tras agotar todas las vías.
Refugiado en algún lugar, Aduviri continúa, paciente, explicando su inocencia.
“Sin demostrarme ningún medio probatorio, ni directa ni indirectamente, en este caso se me imputó por la teoría de autor mediato (…) No me han demostrado que Walter Aduviri ordenó a un tercero, que es el autor material, que ejecute el delito”, precisa el aymara perseguido por la justicia.
Juan Carlos Ruiz precisa que para que a Aduviri se le declare autor mediato debe existir algún tipo de estructura jerárquica. “Debió haber subordinación, autoridad y eso no hay acá. No hay un mando. Es más, la cultura aymara es muy horizontal”.
Algo ofuscado, Aduviri recuerda la falacia del juez que lo sentenció: “Yo culminé mi doctorado en 2013, pero consecuentemente el juez miente, ¡miente!, ¡y dice que en el mes de mayo del 2011 yo ya era doctor!”.
Y es que la sentencia dictada a Walter Aduviri indica que su grado académico de doctor lo absuelve del Convenio 169 de la OIT -que plantea penas alternativas a la prisión para indígenas- y lo despoja de su identidad étnico-cultural de aymara por salir del territorio de su comunidad y “comprender” las leyes.
“¿Cree que además existan motivos políticos para que el peso de la ley se concentre en Walter Aduviri?”, consultamos finalmente al abogado de IDL.
“Sí, para excluirlo de las elecciones, es evidente. Aduviri es un candidato de fuerza, tiene mucho arraigo. Yo puedo estar en discrepancias con él, pero la gente le da su voto”, concluye Ruiz, sin dejar lugar a dudas.
Buscamos sondeos recientes para verificar dicha lectura y encontramos la de la encuestadora regional Defondo S.R.L, que posiciona a Aduviri, como el candidato con mayores posibilidades de ganar la gobernatura regional de Puno. No por gusto, frente a la condena emitida sobre el aymara, cientos de comuneros marcharon hacia la capital de Puno el pasado 4 de enero.
“Persecución política y motivación económica” son los motivos que entiende Aduviri, sustentaron su sentencia. Así lo cree, así lo siente, desde alguna ciudad de algún país, escondido, por indígena, por protestar, por enfrentarse a una minera, por creer en sus derechos.
