No obstante que informes técnicos recomendaban rechazar el pedido del empresario Moisés Ackerman para cambiar zonificación de un área aleadaña a los humedales protegidos de Ventanilla, las alcaldías del Callao y Ventanilla le dieron el visto bueno. Fiscalía investiga el caso.
Por Álvaro Meneses
La tarde del viernes 6 de noviembre del 2020, la llegada de una carta al despacho de Áreas Naturales Protegidas y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao, alertó al biólogo Rául Zárate Rendón. Era un oficio de la Municipalidad Provincial del Callao que solicitaba una opinión técnica sobre un trámite de cambio de zonificación para actividades industriales en el lote B1 P-1 de 18 hectáreas, colindante al Área de Conservación Regional de los humedales de Ventanilla.
“Los humedales de este distrito podrían estar en riesgo”, pensó en ese momento Raúl Zárate, biólogo especializado en gestión ambiental y en ese entonces jefe de la oficina de Áreas Naturales Protegidas y Medio Ambiente.
Hasta ese momento, el biólogo desconocía que el trámite de cambio de zonificación de ese predio de 181 mil metros cuadrados, lo inició la compañía Global Investments Capital, y que el 20 de agosto de 2019, la municipalidad distrital de Ventanilla -en ese momento a cargo del alcalde Pedro Spadaro Philipps, excongresista de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular)- aprobó el requerimiento. Zárate tampoco sabía que ese mismo predio meses después sería adquirido por Moisés Ackerman Krikler, un empresario que aportó 20 mil dólares al partido que llevó a Spadaro al Congreso en 2011.
Lo único que el biólogo Rául Zárate tenía claro era que debía elaborar el informe técnico solicitado, para poner en autos el riesgo ambiental que generaría cambiar a zona de industria liviana un terreno rústico cercano a los humedales de Ventanilla. Un informe que resultaría en vano porque, como revela esta investigación, el empresario recibió la luz verde municipal que deseaba.
A PEDIR DE BOCA
En el interior de la Municipalidad de Ventanilla, el empresario afín al fujimorismo, Moisés Ackeman, ya tenía el camino despejado para iniciar actividades industriales en el predio colindante a los humedales de Ventanilla. Y el 30 de octubre del 2020, el caso pasó al Pleno del Concejo de la Municipalidad Provincial del Callao.
El regidor a cargo de sustentar la aprobación del cambio de zonificación en el lote B1 P-1 fue Manuel Neciosup Medina (Acción Popular), presidente de la Comisión de Población. Ese día, sin contar con los informes técnicos medioambientales necesarios, y con una mayoría de 10 votos contra 5, el Concejo Municipal Provincial del Callao aprobó el cambio de zonificación.
Los regidores que dieron su voto a favor fueron Manuel Neciosup, Alejandro Bobadilla, Juan Carlos Alvarado, Ever Cueva, Enrique Gazzolo, Carlos García, Juan Yataco, Johan Mantilla, Juan Rodríguez y Alex Negreiros.
Del otro lado, el regidor Reynaldo Encalada Tovar fue uno de los cinco votos que se opuso a la aprobación del cambio de zonificación. «Si ahí instalan una industria liviana, como lo permite el cambio de zonificación, va a impactar negativamente en la zona de reserva, porque su sistema de agua está interrelacionada y los ruidos espantarán la fauna que habita en los alrededorees de los humedales», explica a Wayka el regidor Encalada.
En esa misma sesión, tras la derrota por una diferencia de cinco votos, la minoría de regidores insistieron en solicitar informes técnicos a las áreas especializadas de la región. «Pedimos que antes de que publiquen la ordenanza y se oficialice, se pidiera opiniones técnicas al Gobierno Regional del Callao y al área ambiental, porque no se contaba con ningún informe ambiental hasta ese momento», recordó para este reportaje la regidora Norma Juárez Segura.
HUMEDALES EN PELIGRO
Desde esa fecha, en menos de diez días, la oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente del Gobierno Regional, dirigida entonces por el biólogo Raúl Zárate, tenía listo el informe técnico requerido. Y el contenido era alarmante.
El terreno anhelado por el empresario Moisés Ackerman, advertía el informe, se encontraba dentro de una zona de amortiguamiento de los humedales de Ventanilla. Según la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las zonas de amortiguamiento son tierras que necesitan tratamiento especial para garantizar la conservación del lugar protegido. En este caso, los humedales de Ventanilla.
El informe de Zárate también enfatizó que los humedales representan un 65% de la cobertura arbórea y vegetal de una región que sufre un déficit de áreas verdes y espacios públicos, así como una situación de emergencia sanitaria desde 2017 por el aire contaminado debido a las actividades industriales que expanden un promedio de 5,252 toneladas de material particulado al año.
En conclusión, la opinión técnica fue tajante. «Un eventual cambio de zonificación implicaría que usos de suelo como la industria puedan perturbar completamente las dinámicas de las especies animales al igual que incrementar la contaminación en el sitio. El área de amortiguamiento no estaría cumpliendo su función de mitigar los disturbios a los ecosistemas protegidos, y por ende, cambios de zonificación como estos atentan contra la conservación del ecosistema», sostiene el informe.
El predio de casi 18 hectáreas del empresario Moisés Ackerman, además, fue parte de las 51 hectáreas de tierras de la zona de amortiguamiento de los humedales de Ventanilla que en 2010 cambiaron su tipo de zonificación de Zona de Reglamentación Especial (ZRE) a Zona Residencial de Densidad Media, categoría que permitió la construcción de viviendas. Es así que en los últimos trece años, la flora y fauna que habitaba la zona de amortiguamiento ha sido desplazada, según consta en las imágenes satelitales de la oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao del 2007 al 2020.
Desde el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) del Callao al 2040, el cual articula a la región con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también hubo un pronunciamiento el 16 de noviembre a través de un informe técnico en donde se recomendó a la Municipalidad Provincial del Callao «abstenerse de realizar cambios de zonificación hasta que se culmine con dicho proceso (la formulación del PDM)».
La Contraloría General de la República también le puso atención al caso. «La situación expuesta podría afectar el hábitat del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla (…), por impacto negativo al ecosistema, pudiendo generar pérdidas incalculables e irreversibles por sus valores de biodiversidad, hidrológico y ecológico», dice en un informe sobre las posibles consecuencias.
CASO OMISO
Pese a los riesgos ecológicos advertidos en los informes técnicos y al pedido de un conjunto de regidores de tomar en consideración una evaluación ambiental, el 1 de enero de 2021 el alcalde del Callao, Pedro López Barrios, hizo oficial la ordenanza al publicarla en el Diario El Peruano. Entre gallos y medianoche.
Desde entonces, un pequeño grupo de regidores promueve la derogatoria de esa ordenanza y pide que esta se incluya en la agenda del Concejo Municipal. Sin embargo, este proceso sigue pendiente hasta hoy por dos motivos. «El presidente de la Comisión de Pueblos, Manuel Neciosup, se demora en revisar los informes técnicos presentados a mediados de noviembre y que advierten la posible afectación a los humedales, y el alcalde del Callao, Pedro López Barrios, sigue sin agendar el pedido de derogatoria», señaló la regidora Norma Juárez.
Cada vez que insistía en agendar la derogatoria de esa ordenanza, desde enero de este año, el regidor Reynaldo Encalada ha escuchado una variedad de excusas. «Han pasado los meses y han postergado el tema por ausencias por supuestos motivos de salud, por falta de tiempo y porque el caso se habría politizado, ya que empalmó con las elecciones y varios candidatos del Callao hablaban de los humedales también», dijo.
Wayka también pudo conocer que los hechos expuestos en este reportaje están siendo investigados por el fiscal Ariel Tapia Gómez, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Materia Ambiental de Lima Noroeste. Específicamente en la carpeta fiscal N° 01-2021, que indaga a «funcionarios o servidores públicos que autorizan o se pronuncian a favor, contraviniendo disposiciones de autoridad competente, altera el ambiente natural» así como la «responsabilidad de funcionarios públicos por el otorgamiento ilegal de derechos».
Fuentes del Ministerio Público señalaron a Wayka que algunos de los personajes que se encuentran bajo la lupa son el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro Philipps, por aprobar el cambio de zonificación en primera instancia; el alcalde del Callao, Pedro López Barrios, por hacer lo mismo desde la Municipalidad Provincial; y otros funcionarios del Gobierno Regional del Callao.
Mientras tanto, la ordenanza municipal que ha estado vigente desde inicios de este año, le permite al empresario Moisés Ackerman construir e iniciar actividades de industria liviana sobre el terreno. Los humedades de Ventanilla siguen en peligro.
*Wayka contactó por correo electrónico a Moisés Ackerman y le envió una lista de preguntas sobre el tema, pero hasta el cierre de esta investigación, el empresario no ha respondido.
