Así fue el acuerdo secreto entre un fiscal y un ex testaferro de Montesinos

Por: Alvaro Meneses

Luego de revelar cómo el fiscal Hamilton Castro cedió US$ 2 millones al ex testaferro de Vladimiro Montesinos, Alberto Venero Garrido, mediante una transacción extrajudicial irregular y secreta, Wayka reconstruye los hechos con documentos y las versiones del procurador anticorrupción Amado Enco y del fiscal Castro.

La mañana del 2 de agosto de este año, el procurador anticorrupción Enco se encontró con un artículo en el diario El Comercio que anunciaba que el Estado peruano recuperaría US$15 millones de una cuenta en Suiza como resultado de un acuerdo extrajudicial entre el fiscal Castro y Venero, suscrito el 9 de julio.

Casi dos meses después, Wayka reveló la historia no contada sobre el caso: el fiscal Castro aceptaba que el ex testaferro Venero se quedara con US$2 millones de una cuenta donde ocultó por años los sobornos obtenidos de las ventas fraudulentas de armamento en las que participó con Montesinos.

Más de un mes después de la transacción, Enco declaró a Wayka que “es importante resaltar que nos enteramos por la prensa, yo tomo conocimiento del acuerdo entre el fiscal Castro y Venero porque El Comercio sacó una nota”, dijo.

Los únicos que tenían esa información, según Enco, eran el fiscal Castro, Alberto Venero y el Instituto Internacional Basel, que asesora al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia en casos de recuperación de activos del extranjero.

Amado Enco se enteró de algunos detalles más sobre el acuerdo extrajudicial por intermedio del jefe del Instituto Internacional Basel, Óscar Solórzano, y encontró una serie de acuerdos entre Hamilton y Venero que lo limitaban a tomar acciones como procurador.

“Hasta ahora no sabemos por qué el documento es de carácter reservado. Está establecido expresamente en el convenio. Venero no es un colaborador eficaz, no es un testigo protegido”, cuestionó Enco.

Para el procurador, Alberto Venero -que en 2010 fue sentenciado a pagar 2 millones soles de reparación civil al Estado por colusión desleal- no está en condición de recibir el beneficio de la reserva.

A continuación Enco junto a dos abogados de su equipo se dirigieron al despacho de Hamilto Castro para hacerle llegar sus cuestionamientos. Castro admitió que el acuerdo pudo haberse planteado de otra manera, pero arguyó que la transacción ya estaba siendo procesada por las autoridades suizas.

Cartas de auxilio

El 21 de agosto, después del inútil intento de encontrar una solución en el despacho de Hamilton Castro, el procurador Enco envió una carta al fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, pidiendo una copia certificada de la transacción y enumerando una serie de observaciones sobre esta. Dos días después, el juez Eduardo Torres Vera, del Cuarto Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres, remitió un escrito al Ministerio Público suscribiendo el pedido de Enco.

Nueva documentación a la que accedió Wayka comprueba que el 24 de agosto, es decir, un día después de la carta del juez Torres, Hamilton Castro elaboró un informe dirigido al fiscal superior, Iván Melgar, en el que sustentó los supuestos motivos por los que la Procuraduría no puede intervenir en el acuerdo.

Como dice en el informe elaborado por Castro, “la Procuraduría Pública no tiene legitimidad alguna para intervenir en un acto como la transacción suscrita por el Ministerio Público y el señor Venero”. Más adelante, Castro argumenta que “el que la Procuraduría Pública pretenda intervenir en dicho acto, sería como que la Fiscalía pretendiese intervenir en una transacción o negociación sobre la reparación civil que aquella haya iniciado”.

Enco discrepó con los argumentos del fiscal. “A la Procuraduría le corresponde impulsar todas las acciones necesarias para cobrar las reparaciones civiles, pero también el Código Procesal Penal dice que podemos coadyuvar en las labores de investigación de fiscales en casos de corrupción de funcionarios”, explicó a Wayka.

Lo que llamó la atención del procurador fue la cuarta cláusula de la transacción, en la que el Ministerio Público, representado por Hamilton Castro, se comprometió a dejar US$2 millones de la cuenta suiza a libre disposición de Venero “sin futuras afectaciones”.

Según varios especialistas consultados por Wayka, entre ellos jueces y abogados, en la Ley de Pérdida de Dominio no existe una norma que permita transar sobre bienes de origen ilícito, y todo bien ilícito tiene una sola consecuencia: la incautación.

Sin embargo, Hamilton asegura que, según la asesoría del Instituto Internacional Basel, y un análisis por parte de su equipo, la transacción es legítima.

Preocupación en la Procuraduría

A pesar que la cuarta cláusula del acuerdo le garantiza a Venero la libre disposición de los US$2 millones, el mismo 21 de agosto el juez Torres recibió un pedido del procurador para embargar S/7’696,145 de la cuenta suiza del extestaferro por la reparación civil que arrastra desde 2010.

“Debe imponerse el embargo solicitado, tanto más si se tiene en cuenta que si se llegase a ejecutar la transacción extrajudicial que adjuntamos, el sentenciado Víctor Alberto Venero tendrá a su libre disposición la suma de US$2’000,000, el cual puede llegar a transferirlo, peligrando la acreencia que tiene el Estado por los actos delictuosos“, se lee en la orden de embargo a la que Wayka tuvo acceso.

Pero el procurador no sabe cuál será la respuesta a su pedido de embargo. Y es que advierte que al cederle US$2 millones a Venero, el fiscal está convirtiendo el dinero ilícito en lícito. “Ese monto se vuelve dinero limpio por decisión de un fiscal”, concluye.

Para Amado Enco, con dicha cláusula el Ministerio Público protege el monto cedido de Venero de sus acreedores, como la Procuraduría Anticorrupción. “Eso es invadir nuestras competencias y es irresponsable generar un espacio de impunidad civil para que ese señor  tenga una libre disposición”, agregó.

Acuerdo top secret

Recién el 3 septiembre, casi dos semanas después de que el procurador le pidiera a Gonzalo Chávarry una copia del acuerdo, el fiscal adjunto Walter Espinoza se la negó porque la transacción con Venero acordó mantenerla bajo reserva de confidencialidad.

El pasado viernes 14 de setiembre, Hamilton Castro interrumpió sus vacaciones para defenderse públicamente de la investigación de Wayka.

“Se han dicho dos cosas: que hubo un acuerdo irregular y una transacción secreta. Ninguna de las dos son ciertas. No es irregular porque está en el marco de la ley. Desde el 2015, con resoluciones de la Fiscalía de la Nación, tengo la competencia de recuperar activos de cuentas del extranjero del caos Fujimori-Montesinos”, dijo en Canal N.

En comunicación con Wayka, el fiscal reafirmó que el acuerdo no haya sido secreto, porque las partes legítimas de la transacción estaban enteradas. Es decir, Alberto Venero, el Instituto Internacional Basel, Hamilton Castro y sus superiores. Una explicación muy diferente a la que su fiscal adjunto dio al procurador.

“Si la transacción no era secreta, ¿por qué le negaron una copia al procurador Amado Enco”, le preguntamos.

“Tengo entendido que el fiscal que me reemplaza no concedió una copia certificada al procurador, pese a que él ya la tenía. Eso explica la publicación en Wayka. ¿No es así? Que ya la tenía”, respondió Hamilton.

“¿Usted dice que tiene la certeza que ha sido Enco el que ha filtrado la transacción?”, repreguntamos.

“Usted es un periodista muy puntilloso porque quiere poner palabras en mi boca (…) Le estoy diciendo que es mi teoría (…) Usted solamente ha recogido la versión de la Procuraduría, yo puedo suponer válidamente que por ahí ha salido el documento”, sostuvo el fiscal.

Frente a esta hipótesis, Amado Enco zanjó que la Procuraduría Anticorrupción no tiene ningún tipo de responsabilidad en la filtración de la información sobre transacción extrajudicial, pese a que parte del acuerdo fue publicado en el diario El Comercio tiempo atrás.