Lambayeque: Denuncian que escolares de caserío Eureka consumen agua con arsénico

Padres y madres de familia del caserío Eureka, en la región Lambayeque, han alzado su voz ante una grave amenaza a la salud de sus hijos: el consumo de agua contaminada con arsénico y otros metales pesados. La situación afecta directamente a estudiantes de la institución educativa N° 11096 “José Carlos Mariátegui”, donde el acceso a agua potable sigue siendo una promesa incumplida por parte del Estado.

En septiembre de 2024, tras insistencias de las familias, la Municipalidad Provincial de Lambayeque solicitó un monitoreo de la calidad del agua que abastece al caserío. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Regional del Agua de Cajamarca, que semanas después confirmó la presencia de arsénico, sodio y otros metales fuera de los límites establecidos por la normativa peruana e internacional.

Según el informe técnico, el agua que consume la población infantil de Eureka contiene 60 partes por billón (ppb) de arsénico, seis veces más que el límite permitido de 10 ppb (0.01 mg/l). Este nivel representa un riesgo severo, especialmente en menores de edad. “El arsénico es cancerígeno. En los niños, su organismo asimila más rápido lo que consumen. Pueden presentar lesiones cutáneas y, con exposiciones prolongadas, hay alta probabilidad de desarrollar cáncer”, advirtió la politóloga Karina Castro, experta en salud pública, en declaraciones al medio Wayka.

Cabe señalar que desde fines de 2023, las familias han intentado obtener respuestas de las autoridades locales y regionales. Denuncian, sin embargo, que la atención ha sido lenta y parcial. Al no recibir soluciones concretas, a inicios de abril recurrieron a los medios de comunicación para exigir la distribución urgente de agua potable mediante cisternas, al menos para preparar los desayunos escolares que brinda el programa Qali Warma.

Intervenciones insuficientes

El 14 de abril, la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque realizó una jornada de atención integral en el caserío, que incluyó consultas en medicina, nutrición, psicología, odontología y exámenes de laboratorio. La campaña, que benefició a cerca de 200 personas entre niños y gestantes, alcanzó también al colegio inicial N° 190. Sin embargo, el Ministerio de Salud (MINSA) no realizó análisis para medir la presencia de metales pesados en sangre, lo que ha generado críticas por la falta de un diagnóstico completo.

Exigen medidas urgentes

El 15 de abril, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado exigiendo que se garantice el abastecimiento de agua potable a los estudiantes del colegio “José Carlos Mariátegui”. En su pronunciamiento, advirtieron que el arsénico se encuentra catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un compuesto del Grupo 1, es decir, con alto potencial carcinogénico.

La Defensoría recordó que esta problemática no es nueva. Desde 2017, en coordinación con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, se han impulsado monitoreos de calidad del agua en otros distritos de Lambayeque como Mórrope, Pacora e Íllimo, sin que se hayan tomado acciones sostenidas.

Asimismo, el organismo señaló que el uso de cisternas debe entenderse solo como una medida temporal. “La afectación por agua contaminada no solo compromete a los escolares, sino a toda la comunidad. Urge una solución estructural”, concluye el comunicado.

La institución ha solicitado al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) que realice un estudio hidrogeológico en el sector, a fin de identificar nuevas fuentes de agua subterránea libres de metales tóxicos.

Una problemática nacional

El caso de Eureka no es aislado. El 1 de abril, durante un encuentro Macro Sur en Cotabambas, la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos —con presencia de delegaciones de Cusco, Puno, Apurímac y Moquegua— advirtió sobre el “incremento de población infantil expuesta a sustancias tóxicas” en distintas regiones del país.

La plataforma también exigió avances concretos en la implementación del Plan Especial Multisectorial (PEM) de Atención Integral a personas afectadas por metales, y solicitó la intervención de organismos internacionales frente a lo que consideran una omisión sistemática del Estado peruano.

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