Redacción Wayka

A 21 días de la cuarentena obligatoria, el Ministerio de Salud confirma 2561 casos de COVID-19 en el país, pese a que se dispuso, como un intento de contención, el toque de queda, cierre de fronteras y que los días de salidas a la calle para comprar de víveres, medicamentos, etc. deben ser alternadas por género.

Aun cuando se tomaron estas medidas, el gobierno no ha podido amortiguar el contagio en las regiones de Piura (27), La Libertad (44), Tumbes (16), Lambayeque (35) y Loreto (84), los departamentos que han registrado mayor número de detenidos por no acatar el toque de queda. Por tal motivo, estas regiones están prohibidas de salir de 4 p. m. a 5 a. m. del día siguiente.

Por otro lado, la Contraloría General de la República ya detectó las primeras irregularidades del gobierno frente a la pandemia: el Ministerio de Salud compró mascarillas descartables con un sobrecosto de 4 millones 302 mil 018 soles, pese a que una compañía estatal china ofrecía este producto a un menor precio.

Además de Perú, ¿cómo se está enfrentando el COVID-19 en los países vecinos? ¿Qué limitaciones y deficiencias arrastran los sistemas de salud en América Latina?

Muertos en las calles de Ecuador

Aunque suene inverosímil, la escena fue confirmada reiteradas veces por los medios locales: las personas en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) han comenzado a dejar a sus muertos por COVID-19 tendidos en las calles, tras el cierre masivo de funerarias. El diario El Universal estimó cerca de 450 cadáveres por recoger solo en esa ciudad.

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner fue masivamente criticado luego de decir que los cuerpos serían enterrados en fosas comunes. Posteriormente, el gobierno aclaró que se les daría un entierro digno.

Muy alejado de la realidad, el último reporte oficial del gobierno indica que son 93 los muertos por este tipo de coronavirus en el país, y que las personas fallecidas que dejan en las calles no serían casos de COVID-19 confirmados.

A la par, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil ha reportado constantes vulneraciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares. «Durante los patrullajes en los barrios más pobres apalearon a los jóvenes y hubo cortes de cabello forzados. Quieren hacerlos ver como los que perjudican la salud del resto, cuando son los que peor la están pasando», dijo a los medios Billy Navarrete, secretario ejecutivo de esa organización.

Un presidente ciego en Brasil

Pese a que casi todos los países de la región han tomado medidas de urgencia hace más de dos semanas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro reconoció recién la noche del martes 31 de marzo que la pandemia del COVID-19 es el «mayor desafío» del país, luego de que anteriormente la haya llamado una «gripecita».

Días atrás, el presidente de Brasil calificó de «gripecita» el COVID-19, declarado como pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud.

Según datos del Centro de Recursos sobre el COVID-19, actualizados hasta el 3 de abril, Brasil concentra la mayor cantidad de contagiados en América Latina con 8 mil 66 casos confirmados. La diferencia entre Brasil y los otros dos países con más casos reportados (Chile o Ecuador), es de casi 5 mil personas con esta enfermedad. Solo en la ciudad de Vila Formosa (San Pablo), se registraron un 30% más de entierros, y la alcaldía tuvo que pedir otros 8 mil féretros además de los 6 mil que compran semestralmente, para cubrir sus servicios funerarios en marzo.

A nivel de gobierno, el presidente Bolsonaro también se ha quedado solo. Y es que luego de minimizar la magnitud del COVID-19 y de motivar la flexibilización de las medidas de urgencia con el fin de «mantener la economía en marcha», sus ministros han tomado distancia de sus declaraciones. Según Reuters, en una reunión de gabinete llevada a cabo el pasado sábado, Jair Bolsonaro se vio solo contra la mayoría de sus ministros que respaldaban al titular del sector salud, Luiz Henrique Mandetta, quien ha zanjado reforzar el distanciamiento social y el sistema de salud.

Poca información en Chile

Según un informe de Salud con Lupa, el gobierno chileno no muestra la cantidad de exámenes realizados al día, ni da referencias sobre las zonas con mayores casos de contagios. El mismo comité asesor COVID-19 de Chile lo reconoce. “Falta mayor claridad en todo el proceso de toma de exámenes, en los laboratorios habilitados en funciones y sus capacidades, en el plan de implementación de laboratorios en cada una de las regiones del país (…) Es clave para asegurar razonablemente que se puede hacer una pesquisa oportuna de casos a nivel nacional”, se sostiene en el acta de una sesión del comité del pasado 22 de marzo.

El presidente de Chile es cuestionado por la poca transparencia de datos sobre contagios y pruebas de COVID-19.

Recién el 30 de marzo, el gobierno chileno compartió por primera vez un reporte del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, donde se detalla la cantidad de contagios por zonas. La información, según anunció Piñera, se actualizará cada 48 horas. Un punto crítico es que Sebastián Piñera no decretó la cuarentena obligatoria hasta el 20 de mazo, pese a que el país entró fase 4 de la pandemia el 16 de marzo.

Venezuela, con crisis y pandemia

El gobierno de Nicolás Maduro dispuso 46 hospitales para atender los presuntos casos de COVID-19. Sin embargo, esta reacción no amortiguaría la pandemia por las deficiencias que arrastra su sistema de salud: pocas camas, infraestructura de hospitales en malas condiciones, desabastecimiento de medicinas y poco personal de médicos y enfermeras.

Una importante reducción del personal médico afecta Venezuela. Una de las causas es bajos salarios, ajustados a la crisis económica que atraviesa el país, cuyo sueldo mínimo es de 2.3 dólares. Solo una mascarilla cuesta 3.5 dólares en las farmacias venezolanas.

Y mientras la pandemia avanza, otras enfermedades, como la malaria, difteria y el sarampión, también amenazan Venezuela, debido a la baja cobertura de vacunación.

Hacinamiento en México

Además de la poca transparencia de datos, falta de medidas de urgencia y escasez de personal médico, México ha descuidado uno de los sectores más vulnerables a la enfermedad: los centros penitenciarios.

Según el Ministerio de Salud de ese país, hacen falta 2 mil médicos para atender a los pacientes de COVID-19.

Según la asociación civil que defiende los derechos de las personas privadas de su libertad, Documenta, los centros penitenciarios enfrentan la pandemia en hacinamiento, poca higiene y precarios servicios de salud.

Para María Sirvent, directora de Documenta, es urge la liberación anticipada de presos establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de proteger a los internos con la salud  más vulnerable. Actualmente, hay 202 mil 337 personas en las cárceles de México.

Mal diagnóstico en Colombia

Hasta antes del 25 de marzo, cuando iban 470 casos confirmados y cuatro fallecidos, las guías del Instituto Nacional de Salud de Colombia establecían que solo un paciente con fiebre era considerado sospechoso de tener la enfermedad. Pronto, Colombia tuvo que cambiar esa estrategia de detección e incluir personas con otros síntomas, como la tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. En ese lapso, los contagiados se duplicaron y la cifra de fallecidos se cuadruplicó: 906 casos confirmados de COVID-19 y 16 muertes.