El Equipo de Fuerza de Tarea de Lava Jato y la Procuraduría General de Brasil suspendieron la cooperación judicial con el Perú, luego de los reclamos de los abogados de la empresa Odebrecht de que se les persigue, pese a la colaboración que han venido brindando a los fiscales.
Según La República, la primera medida fue vía correo electrónico por la tarde de ayer en el que el Ministerio Público de Brasil comunicó a su par peruano que suspendía la declaración que debía prestar hoy el exdirector del sector Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho.
«Teniendo a la vista los hechos relatados en la manifestación presentada por la empresa Nolberto Odebrecht, los testimonios de mañana fueron cancelados”, se lee en el correo enviado por los procuradores de Brasil.
La declaración iba a realizase hoy en Salvador de Bahía ante los fiscales de lavado de activos, Germán Juárez y José Domingo Pérez. Las declaraciones de Da Silva se darían de acuerdo a las investigaciones al expresidente Ollanta Humala y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Además, esta medida negativa también se daría a los pedidos de interrogar a Barata y entregar una copia de los archivos encriptados de la Caja 2 de Odebrecht, mejor conocidos como ‘Drousys” y “MyWayDay B”.
Defensa de Barata y Odebrecht
El abogado de Barata, Carlos Kauffman, presentó un manifiesto ante la Procuradoría General de Brasil sobre lo que viene pasando en Lima.
Barata y Odebrecht aseguran que desde noviembre el 2016 han venido cumpliendo con entregar información y pruebas al Perú de actos de corrupción. Pese a eso, se persigue penalmente a sus exdirectivos, se congelan sus cuentas, se incautan sus archivos y el Ministerio de Justicia les cobraría por reparación civil una suma impagable de 1.600 millones de dólares.
Además, Odebrecht asegura que en diciembre del 2016 acordaron contratar a la empresa Polysistemas para guardar los archivos contables de la empresa de los últimos 15 años. Sin embargo, la semana pasada un fiscal de lavado de activos allanó el local y presentó el material como un archivo clandestino.
Odebrecht indica que de pagar los 1.600 millones de dólares en Perú, quebrará y ya no podrá pagar lo que ha acordado con Brasil (US$ 2.400 millones).
La decisión de la Procuradoría de Brasil sigue la resolución del juez Sergio Moro, quien prohibió que se sigan imponiendo sanciones administrativas a Odebrecht, con el objetivo de proteger los acuerdos de delación premiada.
