A pesar de no encontrarse en el lugar de los hechos y propiciar espacios de diálogo, la presidenta de la nación Chapra viene atravesando múltiples denuncias por Petroperú, empresa petrolera que en setiembre del 2022 ha sido denunciada por contaminar los ríos de su comunidad.

Por Ghiomara Rafaele

El 24 de octubre del 2022, la presidenta de la nación Chapra, Olivia Bisa, se encontraba en Lima intentado hacer escuchar la voz una de sus comunidades originarias de Loreto. Los derrames de petróleo de Petroperú no solo acababan con la vida de la flora y fauna que rozaba este producto negruzco, sino que también con la paciencia de la comunidad nativa Shoroya Nuevo.

El silencio, la indiferencia, las promesas incumplidas incomodaban a los ciudadanos de Shoroya Nuevo. Según la presidenta Olivia, Petroperú se había comprometido a remediar las zonas afectadas por el crudo. Para ello, coordinó con ciudadanos de Shoroya Nuevo con el objetivo de que sea ellos quienes limpien y vigilen el espacio perjudicado. Sin embargo, la empresa petrolera no cumplió con lo que les había prometido.

El 24 de octubre, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA se había comunicado con los ciudadanos de Shoroya Nuevo con el objetivo de pedirles permiso para el ingreso a su territorio. En el artículo 89 de la Constitución peruana se establece la autonomía de las comunidades campesinas y nativas: “son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras”.

Esto generó que la OEFA solicite permiso para ingresar a la comunidad, mas no lo hicieron los trabajadores de Petroperú. Los ciudadanos de Shoroya Nuevo decidieron actuar. Mantuvieron retenidos a tres trabajadores de Petroperú en su comunidad por cuatro días. En ese mismo momento, la presidenta Olivia que se encontraba en Lima. Regresó de Lima a San Lorenzo en Loreto, ciudad en la que se encuentra la comunidad nativa, para liberar a los tres trabajadores de Petroperú.

“Yo llegué a San Lorenzo, conversé con el capitán de la PNP y nos fuimos con la policía a la comunidad para hacer entender a la gente, a la población en general y poder sacar a esta gente”, recuerda la presidenta Olivia

La presidenta no se encontraba en el momento de los hechos, a pesar de ello, coordinó con la comunidad y la PNP para soltar a los tres trabajadores. Sin embargo, Petroperú decidió denunciarla por secuestro.

No es el único caso que ahora atraviesa la presidenta de la nación Chapra. También la empresa estatal la denunció por un supuesto atentado contra la seguridad común. Según la empresa, el 10 de septiembre del 2022 ciudadanos de las comunidades de Patria Nueva, Fernando Rosas y Mayuriaga no dejaron actuar a los limpiadores de los oleoductos, debido a que solicitaron una reunión directa con Petroperú.

Sin embargo, días después del derrame, la fiscalía provincial Penal Datem del Marañón inició una investigación preliminar contra Petroperú debido a que, según el fiscal a cargo, Franco Gonzales Macedo, no se presentó personal de la empresa petrolera a retirar una grapa en el oleoducto, causando un perjuicio incalculado por la inacción de Petroperú aun cuando sabían de que la Fiscalía se apersonaría a la zona para verificar si realmente se estaban realizando labores.

“Petroperú hace tantas cosas que está en su responsabilidad, pero cuando ocurre un problema los culpables somos nosotros como dirigentes que estamos a cargo de las comunidades”, declara la presidenta.

Y es que desde el mes de mayo, Petroperú mediante una empresa contratista coordinó con ciudadanos de las zonas afectadas por el derrame de petróleo de septiembre con la finalidad de que laboren como limpiadores. Sin embargo, según la presidenta, Petroperú no cumplió con el pago a los trabajadores de las comunidades nativas. Olivia había sugerido que vaya trabajen con una empresa contratista responsable, pero Petro Perú no tomó en cuenta el pedido.

Para la presidenta Olivia Nissan, estos son casos de criminalización por su acción como defensora ambiental. Cabe recordar que el 68% de los asesinatos de defensores ambientes de los últimos 10 años tienen como lugar de origen Latinoamérica, según un informe de Global Witness.