Pese a que diversas entidades han pronunciado su rechazo frente a las decisiones de las entidades Estatales en el caso MILA, hasta el momento no se han comunicado rectificaciones.

El pasado 08 del presente mes se conoció el caso de la menor Mila de 11 años, quien quedó embarazada producto de la violación sistemática que sufría por parte de su padrastro en Iquitos. A la menor no solo se le negó el acceso al aborto terapeutico, sino que además el peligro continúa ya que la Fiscalía de Iquitos rechazó el pedido de prisión preventiva contra el denunciado. 

Tras conocerse el caso, la jueza suprema Janet Tello Gilardi, del Poder Judicial, expresó mediante un comunicado en redes sociales, que rechazaba la negativa de brindarle el aborto terapeutico a la menor, ya que «el riesgo contra la vida de una niña de once años por complicaciones con el embarazo es incluso mucho más alto». 

Así mismo, la Asociación Peruana de Mujeres Juezas del Perú emitieron su propio comunicado en el que exigen “a los establecimientos de salud actuar de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y al Estado peruano al cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU”. 

Sin embargo, pese a que el Poder Judicial también ha rechazado esta decisión, continúan las demoras en la reevaluación para dictar prisión preventiva del denunciado, y recién se ha publicado mediante redes sociales la fecha para la audiencia de apelación para la prisión preventiva del sospechoso, que será la próxima semana. 

Rechazo en la Fiscalía de Iquitos 

El pasado 6 de julio se realizó la audiencia por el pedido de prisión preventiva contra el denunciado Lucas Pezo Amaringo, presunto abusador de la menor Mila, tras la denuncia interpuesta el 3 de julio. 

Pese a las pruebas mostradas y la gravedad del caso, el juez Bernuel Espíritu Portocarrero, decidió declarar infundado el pedido de prisión preventiva y solo dictó comparecencia restringida para el imputado. 

Según lo informado por Edith Arenaza, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex, el argumento fue que “no existían pruebas razonables o recientes de la violación sexual, pese a que ya se contaba con la prueba de que la niña de 11 años se encontraba embarazada. En nuestro país, todos los embarazos a menores de 14 años se consideran producto de una violación sexual ya que no hay un consentimiento” 

Cabe señalar que tras esta decisión, la familia ha informado que el denunciado se encuentra amenazando tanto a la madre, como al resto de sus menores hijos. Además, a la madre de Mila se la consideró incompetente y se le separó de sus menores hijos, incluyendo de una bebé de 3 meses, a la que se le negó el derecho de amamantar. 

“El Ministerio de la Mujer recién ha exigido al Poder Judicial una nueva audiencia para la prisión preventiva pese a que ellos tuvieron conocimiento desde el 6 de julio que la Corte Superior dejó en libertad a este agresor. Ha tenido que esperar a que Promsex asuma la representación legal, y exija justicia para ella y su familia para recién, a más de un mes de que el agresor esté libre, requiera una nueva audiencia” acotó Edith en conversación con Wayka. 

El Poder Judicial, mediante sus redes sociales, comunicó que la audiencia se programó para el 16 de agosto. Por su parte, Edith Arenaza denunció por la mañana en el programa Las Resentidas de Wayka que hasta ese momento no han recibido comunicación formal de parte de las otras instituciones involucradas (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud).