Este 9 de agosto se cumplió medio año de la emboscada policial en donde Denilson Huaraca Vílchez, joven de 22 años de Huancabamba, fue asesinado por un proyectil de arma de fuego en un contexto de represión del régimen de Dina Boluarte. Fueron 40 comuneros y comuneras intervenidas de forma violenta y arbitraria. Tres personas resultaron heridas. Los abogados indican que las investigaciones tienen un «intencional retraso».
Por Jair Sarmiento
A seis meses del asesinato de Denilson Huaraca Vílchez, no hay ningún avance en las investigaciones de la Fiscalía. A pesar de que abogados y organismos de derechos humanos calificaron el caso como ejecución extrajudicial, la impunidad se mantiene en el régimen militar y policial de Dina Boluarte.
Como se recordará, el 9 de febrero del 2023 el joven de 22 años y 39 comuneros y comuneras de su comunidad Huancabamba retornaban a sus hogares en dos camiones luego de la protesta, cuando, según los testimonios, fueron emboscados por un operativo policial. Hubo una ráfaga de disparos y uno de esos proyectiles de arma de fuego le quitó la vida a Denilson. También dejó tres heridos. Los demás ciudadanos y ciudadanas intervenidos denunciaron que fueron humillados y maltratados.
La necropsia de Denilson señala que fue asesinado por un proyectil de arma de fuego (PAF). Los testimonios de las personas que sobrevivieron a este hecho desmintieron el acta policial. Los camiones en donde iban los comuneros ya han pasado por un peritaje y se pudieron determinar los orificios de balas. En marzo se conoció la lista de efectivos y jefes policiales que participaron en este operativo. Sin embargo, las investigaciones se han estancado, según abogados y familiares.
El abogado Víctor Lizarzaburo manifestó que existe un «intencional retroceso» y un claro «direccionamiento» desde el Ministerio Público.
Según la defensa legal, hasta el momento no se entrega la lista del armamento usado en dicha emboscada. Hasta ahora no se puede conocer de dónde provinieron las balas y por ende no se puede saber la coincidencia entre las balas que asesinaron a Denilson y aquellas que hirieron a Pablo Lazo, Damián Sivipaucar y Víctor Rojas. Todos los elementos se siguen «investigando». «Esas pericias no llegan todavía», comenta Lizarzaburo.
Hay que recordar que en marzo el Ministerio Público inició una investigación preliminar de ocho meses contra ocho efectivos policiales a quienes se los señala como presuntos autores y coautores del delito de homicidio calificado.
«No hay nada de información a la fecha, me siento como si ellos (Fiscalía) se hubiesen olvidado de la investigación, y también de los otros heridos. No hay ningún avance que sea a favor de nosotros. Parece que todo esta manejado desde arriba, al parecer en este Gobierno no va a pasar nada, de repente en otro sí», comenta Marcelino Huaraca, hermano mayor de Denilson.
Asimismo, tanto la defensa legal como los familiares fueron bastante críticos con el régimen de turno.
En tal sentido, recordaron los cambios que ha hecho Boluarte respecto al General PNP y exGEIN, Luis Flores Solís, quien viene siendo investigado por las muertes en las protestas de diciembre en Andahuaylas y por el asesinato del joven huancabambino Denilson Huaraca Vílchez.
Flores Solís fue jefe del Frente Policial de Apurímac, la máxima autoridad en la región, pero después de que la Fiscalía formalizara la investigación, fue reasignado a fines de marzo a la Dirección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. Y en mayo volvió a ser reasignado como jefe de la Dirincri en reemplazo de Óscar Arriola Delgado.
Los familiares y abogados siguen luchando para el caso de Denilson Huaraca no quede impune. Es necesario señalar que este asesinato como los otros 49 que hubo en el régimen de Dina Boluarte hasta el momento no encuentran justicia ni reparación.