Llacchuas, el pueblo que enterró sus muertos 34 años después

Por Alvaro Meneses
Fotografías y videos: Juan Zapata

Desde el interior del centro de salud de la comunidad de Llacchuas, en el distrito de Santillana de la provincia de Huanta, en Ayacucho, un médico forense llama a la familia de Abilio Quispe Morales, un campesino asesinado por las fuerzas del orden a mediados de agosto en 1984. “¡La señora Juana Chahua Potocino! ¡Juana Chahua!”, llama en voz alta.

Juana Chahua forma parte de las 26 familias de Llacchuas que se reencuentran con sus parientes víctimas mortales de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, para recibir sus restos y enterrarlos dignamente 34 años después.

Frente a la señora Juana Chahua (55 años) y sus hijos Sergio Quispe (38) y Zacarias Quispe (43), el médico forense empieza a armar el cuerpo de Abilio con los huesos dentro de un cajón blanco. El cráneo, el tórax, los brazos, las piernas: lo que queda de su cuerpo. Los rostros de sus familiares comienzan a arrugarse por tristeza contenida por más de 3 décadas.

Abilio salió de su casa en Llacchuas la mañana del 15 de agosto de 1984, con dirección a Santillan. Luego de varios días de desaparecido, el entonces teniente gobernador de su comunidad Faustino Pariona tocó las puertas de la Base Militar de Santillan, buscando sin éxito el paradero de su paisano.

Recién cinco días después, comuneros de Llacchuas corrieron la voz que habían visto a Abilio dentro de una patrulla militar con destino a Carhuahuran, una comunidad aledaña. Al día siguiente, la familia Quispe-Chahua encontró el cuerpo de Abilio tendido sobre las tierras de Ccanccayllo, con graves heridas en la pierna. Según la autopsia, la causa de muerte fue un traumatismo de pierna ocasionado por objeto contundente.

Sergio Quispe Chahua, hijo de Abilio, recuerda lo que le contaron cuando apenas tenía tres años. “Primero Sendero ha entrado a nuestra comunidad, después llegaron de Santillan militares (…) estaba casi 5 días, por aquí es ruta, por eso por aquí ha pasado”, cuenta a Wayka.

El hijo de Abilio explica que por la presencia de senderistas en la comunidad, las fuerzas del orden señalaban a todos los residentes de Llacchuas como posibles terroristas. “Ustedes son senderistas diciendo ya, toda la gente, así decían de frente ya, por eso lo han llevado a mi papá también”, dice.

Pero Sendero Luminoso también golpeó a la familia Quispe-Chahua. “Mi madre se ha quedado como sordo, porque delante de mi madre han matado a mi abuelita (…) por eso la han quedado como sordo, por eso ya no escucha ya, totalmente traumatizado ya, destruido ya”, recuerda Sergio, al lado de su madre, Juana Chahua, que lo oye en silencio.

El azote terrorista en Llacchuas

Las ejecuciones de Sendero Luminoso en el pueblo ayacuchano de Llacchuas comenzaron por lo menos en 1983. Sesenta senderistas, armados con armas de fuego, hachas, machetes y cuchillos, partieron de sus campamentos el domingo 3 de abril de 1983 para recorrer las zonas de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchuas, Muylacruz y Lucanamarca, dejando 65 campesinos muertos en el camino. Ocho de ellos eran de Llacchuas.  

A fines del 2002, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), la Unidad de Investigación Forense de la CVR y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancasancos inspeccionaron la zona recorrida por Sendero Luminoso e identificaron, exhumaron, velaron y enterraron los cuerpos de las víctimas en el Camposanto Tres de abril de Santiago de Lucanamarca.

Entre las conclusiones de la investigación de la CVR, se determinó que la mayoría de las víctimas de la masacre de 1983 fueron asesinadas con machetes y balas en la cabeza. Más de la mitad de los ejecutados eran niños, mujeres -algunas en gestación- y ancianos que superaban los 50 años.

La historia se volvió a repetir en 1984.

Eran las 6 de la mañana del 11 de noviembre de ese año cuando los senderistas aparecieron por los cerros que bordean Llacchuas. Aún dentro de su casa, Moisés Muñoz Huarcaya oyó disparos y pensó que eran los militares. “Cuando salí todo el sitio estaba amurallado de gente, encapuchado pe, ojitos nomas pe”, rememoró Moisés.

Al verlos bajando de los cerros, entre disparos y gritos, Moisés supo que no eran militares. “Ese no es patrulla, entonces nosotros (…) yo le he escapado y mi tío no le escapes, no le escapes, te va a matar”, recordó.

Camilo Muñoz Limaquispe tenía apenas 5 años esa mañana. Junto a sus padres, estaban recogiendo las cosas para ir a la chacra con los animales. “Y comenzaron a bajar de allá, ¡pum!, disparando, de allá disparando, por allá disparando, por todo lado”, cuenta señalando los mismos cerros por donde vio llegar a los senderistas hace 34 años.

Su papá se despidió de él y le exclamó que vaya con su mamá, Angélica Limaquispe Potocino, quien ya había sido capturada por los senderistas. Camilo fue por su hermano menor de 3 años y buscó a su mama. “Fui corriendo (…) mi mamá espere señor para cargar a mi hijo, pum, dispara”.

Todos los que intentaban escapar eran ejecutados por las fuerzas subversivas, quienes intentaban reunir bajo amenazas a los comuneros de Llacchuas. “Todas las personas que han muerto así corriendo, escapando, lo han dejado, nos han llevado a la vuelta de ese cerro. Todas las personas quedaron tirados pa’ aquí, pa’ allá, pa’ todo lado”, recuerda Camilo.

Catorce cadáveres quedaron tendidos sobre las tierras de Llacchuas durante dos días, hasta que los senderistas liberaron a los comuneros. Los perros hambrientos se habían comido la mayoría de los cuerpos, entre ellos el de los padres de Camilo. Los sobrevivientes enterraron lo que quedaba de sus familiares en el cementerio de Llacchuas.

El 6 de enero de 1986, SL volvió a atacar. Rómulo Limaquispe Rojas lo recuerda porque esa noche solo dos personas fueron asesinadas: su padre Miguel Limaquispe Huicho y su tío Faustino Limaquispe, quienes estaban en el cementerio de Llacchuas resguardando a la comunidad de ataques terroristas.

Desde el primer ataque terrorista en Llacchuas, los campesinos comenzaron a escapar y reubicarse en comunidades aledañas como Huanta, Santillan y Accoccro. “Todos hemos escapado, ya no podíamos estar ya, hemos abandonado nuestro pueblo, ya no había nada ya en Llacchuas”, dice Rómulo Limaquispe, quien actualmente vive en Santillan, sin saber que las filas senderistas seguirían ganando terreno.

Casi dos años después, el 7 de setiembre de 1987, senderistas encubiertos de militares llegaron a Accoccro, la comunidad donde los comuneros de Llacchuas se reubicaron tras los constantes ataques terroristas. Asesinaron a 14 varones, incendiaron ocho casas y saquearon otras llevándose ropa, frazadas y comida.

Los cuerpos que volvieron

Un trabajo en conjunto entre la fiscalía, un equipo forense especializado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del Ministerio de Justicia, permitió que las familias vuelvan a Llacchuas para velar y enterrar a sus parientes dignamente, más de 3 décadas después de espera.

De las 31 víctimas de Llacchuas que se cobró el conflicto armado interno desde 1984, se han recuperado 27 cuerpos, uno de ellos no identificado.

El proceso para la reparación hacia las víctimas y sus familiares, comienza con una denuncia por desaparición o asesinato. Luego de que la fiscalía junto al equipo forense vayan al lugar e identifiquen las fosas, se ordena la exhumación de los restos y se envían al laboratorio para analizar los residuos óseos encontrados para verificar sus identidades.

En caso no se pueda determinar, se toma una muestra del hueso de la víctima, una muestra sanguínea de uno de los familiares y se envían a Lima para aplicar una pericia del ADN. Sobre esto, el fiscal a cargo, Alejandro Casadio Díaz tiene cuestionamientos. “No se cuenta con el presupuesto para los análisis de sangre. Los peritos biólogos no cuentan con ese presupuesto. Hay muchos casos en Ayacucho que están esperando”, explica Alejandro, el fiscal Supraprovincial Penal del Subsistema de Terrorismo y Derechos Humanos.

Antes de enterrar a las víctimas en los nichos construidos por la municipalidad de Chaca, frente a los familiares, la funcionaria del CMAN Katherine Valenzuela les dice que “el Estado fue responsable por no haberles protegido, el Estado también abusó de ustedes. Perdón”.

Luego de sepultar los cajones en los nichos, Camilo Muñoz, hijo de dos víctimas mortales del terrorismo, precisa que nadie sabía de la existencia de Llacchuas. Y es que hasta la fecha, el Lugar de la Memoria de ANFASEP de Ayacucho aún no tiene registro de los asesinatos perpetrados en esa comunidad. Sin embargo, finalmente explica: “que el Estado reconozca a nuestros muertos me dice que este pueblo existe, mi corazón se siente feliz”.

*Este reportaje fue realizado en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)