El líder de Renovación Popular es el principal impulsor de las marchas para vacar al presidente Castillo por “incapacidad moral”. Al mismo tiempo, hace campaña con Isabel Ayala Melgarejo, candidata a la alcaldía del Rímac por su partido, a quien la Fiscalía investiga por presunta corrupción. La Contraloría la señala como presunta responsable penal en tres hechos que revelan irregularidades en los municipios de Independencia y Rímac.

Nicol León

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, promueve junto a los congresistas de su partido político la vacancia del presidente Pedro Castillo por supuesta “incapacidad moral”. Sus parlamentarios firmaron la moción de vacancia que presentó la congresista de Avanza País Patricia Chirinos, mientras que el aspirante a la alcaldía de Lima fue uno de los convocantes a la marcha “Vacancia ya”, realizada el pasado sábado 27 de noviembre.

López Aliaga niega haber financiado esta campaña, pero mediante sus candidatos a la alcaldía de Independencia y San Juan de Lurigancho, habría pagado el servicio de al menos 20 buses para que trasladen a ciudadanos con el fin de que protesten a favor de la vacancia, según La República.

“La gente en todo el Perú está harta ya de este señor (Pedro Castillo) y te lo digo porque estoy en todo el Perú armando las listas para las elecciones municipales, regionales, en todo el Perú (…)”, afirmó en entrevista con Canal N.

Mientras promueve  el pedido de  vacancia presidencial, que se debatirá hoy, martes 7 de diciembre, López Aliaga continúa en campaña política para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 con Isabel Ayala Melgarejo, investigada por corrupción.

Candidata denunciada

Isabel Ayala Melgarejo llegó a ocupar el cargo de regidora distrital del Rímac con el partido Solidaridad Nacional en 2014. Postuló al Congreso en las elecciones 2021 con el partido Victoria Nacional, pero no obtuvo suficientes votos. También estuvo afiliada al partido Unión por el Perú.

El pasado 15 de noviembre, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Lima Norte formalizó investigación preparatoria en su contra porque habría cometido los delitos de cohecho pasivo propio y peculado doloso en agravio del Estado, cuando fue gerenta de Desarrollo Humano y Social del municipio de Independencia, según fuentes de la Fiscalía.

La Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios aperturó esta indagación luego de que la Contraloría General de la República emitiera un informe de control que la responsabiliza penal y administrativamente. Entre 2020 y 2021, el ente fiscalizador del Estado también la halló responsable de dos presuntos actos de corrupción cuando laboraba como regidora en la Municipalidad del Rímac, distrito que ahora quiere dirigir.

Actos de corrupción

El pasado 29 de enero de 2021, la Contraloría General de la República confirmó el hallazgo de indicios de corrupción en la Municipalidad de Independencia, que generaron la pérdida de 775 771 soles al Estado peruano. Las irregularidades se habrían cometido entre el 30 de marzo y el 14 de mayo de 2020, durante el estado de emergencia decretado por la llegada del coronavirus al Perú.

En este caso, Isabel Ayala Melgarejo, candidata de López Aliaga, debía realizar un informe técnico para conocer a cuántas familias les correspondía la canasta básica. También tenía que proponer qué iba a contener cada canasta y el costo de estas.

Al no contar con la cantidad de personas que debían acceder a este producto, Ayala Melgarejo improvisó un número de beneficiarios con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la aplicación InfoMIDIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como señala el documento. La Contraloría detectó que el cálculo de Ayala carecía de criterio técnico y objetivo, pues estos datos no revelaban realmente la cantidad de familias que debían recibir la canasta básica.

Además, la candidata municipal clasificó a la población en “pobres” y “no pobres” sin un respaldo técnico, lo que causó que no se entreguen las canastas básicas a personas con discapacidad severa, con tuberculosis y adultos mayores.

Así, concluyó que el número de beneficiarios serían 9739 familias, por lo que el municipio compró esta cantidad de canastas básicas. Para esto, tuvieron que gastar S/ 275 711 de los propios recursos del municipio de Independencia, además de los S/ 500 000 que el gobierno entregó específicamente para la compra de canastas. Sin embargo, de los 9739 supuestos beneficiarios, la gerencia a cargo de Ayala solo empadronó a 3127. ¿Qué ocurrió con las 6612 canastas restantes?

Según la disposición fiscal que aperturó investigación preparatoria contra Ayala, la Fiscalía encontró que las cuatro empresas que participaron en el concurso público para ofrecer las canastas básicas familiares tenían relación, pues sus representantes eran familiares. Así, se vulneraron los principios de las contrataciones públicas.

Además, el fiscal halló que el 30 de marzo de 2020, el padre del dueño de la empresa que ganó la buena pro, Corporación Peruana Arrocera Atencio S.A.C., depositó 11 mil soles en la cuenta bancaria de Ayala.

De otro lado, las actas donde debían registrarse los datos de los 3127 beneficiarios también evidencian que el proceso se habría hecho de forma irregular. En 156 actas, la Contraloría encontró firmas que no provienen del puño del titular y huellas dactilares que no corresponden a los ciudadanos que recibieron las canastas, por lo que las calificó de falsas.

También entregaron 19 canastas a funcionarios de distintas entidades públicas a los que no les correspondía porque percibían ingresos mayores a S/ 1408.

Otras actas cuentan con DNI de personas fallecidas, ciudadanos que residen fuera del Perú o en una jurisdicción distinta a la de Independencia, que ya habían recibido canastas de parte de otros municipios. También entregaron canastas a familias que no se encontraban en situación de vulnerabilidad y a familias cuyas actas están en blanco porque no dieron sus nombres, apellidos, DNI, firma, ni su dirección.

Para la Contraloría, Ayala violó el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, que indica que el área de un municipio puede solicitar bienes siempre y cuando lo justifique con información técnica. También vulneró el protocolo para los gobiernos locales en referencia a la compra de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar, así como otras cuatro normas más.

“Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes”, se lee en el informe de control.

En ese sentido, recomendaron al alcalde de Independencia que abra procesos administrativos contra Ayala Melgarejo y otros seis funcionarios. También sugirieron al procurador público de la Contraloría que inicie acciones penales contra la candidata de López Aliaga y otros cuatro funcionarios.

Fiscalía formalizó investigación

El pasado 15 de noviembre, la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra Isabel Ayala Melgarejo. En el marco de este proceso, pidió una audiencia para sustentar comparecencia con restricciones y suspensión preventiva de derechos para la candidata de Renovación Popular.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria programó para el próximo 22 de diciembre la audiencia en la que la Fiscalía sustentará estas medidas.

El abogado especializado en derecho penal Wilfredo Robles explicó que el Ministerio Público ingresa a esta etapa de la investigación fiscal cuando reúne indicios reveladores de un presunto acto de corrupción.

Aclaró que las medidas que pide la Fiscalía pretenden asegurar que los investigados colaboren con la indagación y no la obstaculicen.

“La medida más conocida es la prisión preventiva, pero no es la única. Cuando la Fiscalía encuentra que no reúne todos los requisitos para pedir prisión preventiva, puede pedir otro tipo de medidas como la comparecencia con restricciones que puede impedir, por ejemplo, que la investigada no hable con testigos o coacusados. Con la suspensión preventiva de derechos, puede solicitarse el pago de una caución, prohibición de ejercer cargos, que no varíe su domicilio, que no salga de la ciudad donde reside sin previa autorización del juzgado”, precisó.

Ayala Melgarejo también fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en otros dos informes de la Contraloría.

Hallaron que, cuando ocupaba el cargo de gerenta de Desarrollo Humano y Social y subgerenta de Programas Alimentarios, adjudicó la buena pro, por un monto de más de 5 millones de soles, a una empresa que brindaba alimentos a dos programas sociales, pese a  que incumplieron los requisitos de las bases y se constituyeron con un capital de 1000 soles dos meses antes del concurso público.

Cuando fue regidora distrital del municipio del Rímac, entre 2018 y 2019, la Contraloría también la señaló como presunta responsable penal y administrativa en la entrega de un terreno de 870 metros cuadrados de la comuna a favor de una empresa privada, a pesar de que no se especificó la finalidad social del contrato. También se ignoró la normativa de bienes estatales vigente en el momento en que se realizó la entrega, lo que causó que no se disponga del bien inmueble para uso público del municipio.

Ahora, Rafael López Aliaga la convocó para que integre su plancha de candidatos a la alcaldía para los comicios de 2022, a los que postula para ocupar el más alto cargo de la Municipalidad de Lima.

Intentamos comunicarnos con Isabel Ayala Melgarejo; el jefe de prensa de Renovación Popular nos respondió que en una semana podría atendernos porque tenía actividades agendadas. Enviamos un mensaje a la candidata, pero no obtuvimos más respuesta.